ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

El Gobierno Nacional alista un decreto con el que busca mantener a flote la operación minera en el territorio nacional como consecuencia de la emergencia por la covid-19.

La futura norma, que en los próximos días entrará a fase de comentarios, dicta una serie de medidas para blindar a las empresas del sector minero ante el coletazo de la pandemia.

Así, su articulado, en cuya construcción participan funcionarios y técnicos del Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), trazará la hoja de ruta con fórmulas financieras y operacionales para aquellas empresas que han mermado sus labores por el aislamiento preventivo obligatorio.

Y aunque el tema lo mantienen en reserva por su construcción, Portafolio pudo establecer que le darán mayor celeridad para expedir el decreto a finales de mayo.

“En este momento el Ministerio trabaja en la construcción de diferentes instrumentos que ayuden al sector frente la emergencia por la covid-19, tales como el aplazamiento de obligaciones para la exploración, recursos para mineros de subsistencia y demás medidas para aliviar la caja de las empresas extractivas con tareas en el país”, confirmó a Portafolio uno de los voceros de la cartera minero energética.

En concreto, la establecerá reglas para la extensión de términos y plazos en los compromisos financieros que adquirieron las empresas extractivas antes de la emergencia para viabilizar sus tareas.

Así mismo, con la medida también se busca que durante el tiempo que dure la emergencia, incluso por fuera del aislamiento preventivo obligatorio, las empresas mineras que estén desarrollando trabajos de exploración queden eximidas del pago al Estado del llamado canon superficiario.

La idea con la suspensión de este cobro es que las compañías extractivas puedan oxigenar su flujo de caja y así destinar libremente, o con margen de maniobrabilidad, los recursos en los trabajos de exploración. Cabe recordar que en esta etapa, las mineras aún no realizan labores de producción en el título minero.

Además, el llamado canon superficiario es una contraprestación que cobra la Agencia sobre la totalidad del área de la concesión durante las etapas para el desarrollo de trabajos en exploración y producción minera.

En particular, esta medida llama la atención si se tiene en cuenta que más de 520 concesionarios que tienen en su poder títulos mineros en el país le deben al Estado por el no pago del canon superficiario una cifra superior a los $60.500 millones.

El paquete de medidas del futuro decreto también cobija a los mineros de subsistencia, cuyas labores tienen que ver con la extracción de metales preciosos y piedras preciosas y semipreciosas, arcilla y gravas, y arenas de los ríos, utilizados en la industria para la construcción de vivienda.

Así, con la nueva norma se tiene en cuenta a toda la cadena de la minería, incluida la de subsistencia, y estos últimos recibirán un apoyo económico del Gobierno Nacional.

El Ejecutivo, a través de los recursos asignados a los programas de formalización minera, y de otros subsidios, busca cobijar económicamente a los chatarreros y barequeros que no han podido realizar su trabajo por permanecer en sus casas durante las más de cinco semanas que ha durado el aislamiento preventivo obligatorio.

Con estos recursos, el Gobierno busca responder a la necesidad que tiene de apoyar la intervención de estos mineros de subsistencia, para el mejoramiento de su calidad de vida, mediante la implementación de un programa de reconversión laboral que incluye la puesta en marcha de proyectos productivos de diversos sectores de la economía nacional.