Gerardo Martínez: hay en riesgo 100 mil empleos.
GUIDO CARELLI LYNCH
La decisión de Alberto Fernández de autorizar el regreso parcial de la obra pública en medio de el aislamiento social obligatorio para contener el coronavirus no tuvo aún su correlato en el sector privado de la construcción. El Presidente dejará que sindicatos y empresarios lleven sus propuestas a los gobernadores y que éstos se la transmitan al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, autoridad de aplicación de la “cuarentena administrada”. El Presidente habló de “federalizar” la decisión.
El jefe de Estado recibió durante más de dos horas en Olivos al titular a la UOCRA y a los referentes de la Cámara de la Construcción, quienes les presentaron un protocolo para retomar algunas obras privadas a más de sesenta kilómetros de las áreas metropolitanas, principal foco infeccioso del país. El documento plantea que se autorice a los trabajadores que puedan acceder a sus trabajos en bicicleta y moto, como adelantó Clarín.
“Nadie más que nosotros quiere que se reactive la obra pública, pero necesitamos que se ponga en marcha, dé trabajo y motorice la economía cuidando a los que trabajan. Nuestro problema es la pandemia”, sostuvo el Presidente.
Gerardo Martínez, de la UOCRA, se fue satisfecho de la reunión pero advirtió al presidente sobre la situación delicada de los trabajadores de la construcción. “Tenemos unos 100 mil trabajadores más con un pie afuera que adentro y pueden ser desocupados en los próximos días. Son trabajadores que no son plausibles de ningún subsidio, acostumbrados a vivir de lo que ganan”, dijo el líder gremial durante el encuentro, según pudo reconstruir Clarín.
La preocupación de empresarios y sindicatos es atendible, porque de los 350 mil trabajadores de la construcción que hay en el país, 100 mil trabajan en obras estatales y 200 mil se desempañan en emprendimientos privados.
Hasta el momento, el Ejecutivo solo había autorizado que se retomen determinadas obras, como la ruta 7 en Chacabuco o la 34 en Santa Fe. Sin embargo, gremialistas y sindicalistas advirtieron que en algunas provincias, como Formosa, las fuerzas de seguridad no dejaron pasar a algunos trabajadores que llegaban desde provincias limítrofes.
Además del Presidente, tomaron nota de los reclamos Cafiero; el ministro de Transporte, Gabriel Katopodis; su par de Vivienda, María Eugenia Bielsa; y el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello.
En el Gobierno advertían que dentro de la obra pública tienen especial impacto para la UOCRA la construcción de viviendas, que habían quedado paralizadas. La decisión en última instancia la tendrán los gobernadores.
En representación de la Cámara Argentina de la Construcción también estuvieron el secretario de la entidad, Julio César Crivelli; y el ex titular y actual protesorero, Gustavo Weiss. “Queremos hacer más obras pero primero preservar la salud de la gente. Sin riesgo y sin que se infecten los trabajadores. Vamos a avanzar con los protocolos provinciales y en las prioridades de las obras”, insistió el Presidente.
Weiss insistió con el mismo mensaje ante la consulta de este diario. “Tenemos toda la voluntad para retomar la actividad priorizando la salud”, dijo.
En representación de la Cámara Argentina de la Construcción formaron parte del encuentro el secretario de la entidad, Julio César Crivelli; y el ex titular y actual protesorero, Gustavo Weiss. Además de Martínez, por la UOCRA estuvieron el secretario de organización y Asuntos Gremiales, Rubén Pronotti, y el miembro del comité de dirección, Jorge Pellegrini.
Este viernes además de recoger el apoyo para la oferta para la quita a los bonistas privados, el Presidente escuchará de primera mano los reclamos de los gobernadores, quienes tienen la llave para cumplir con el deseo del sector de la construcción.
LA NACIÓN
CARLA QUIROGA
Por el estado de emergencia económica que generó el coronavirus covid19 , los desarrolladores y constructoras manifestaron su desconformidad por la decisión del presidente, Alberto Fernández, de no autorizar el permiso para que las obras en construcción privadas puedan retomarse. El Gobierno tomó la decisión tras la reunión de la que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros Gabriel Katopodis (Obra Pública) y María Eugenia Bielsa (Vivienda); Gerardo Martínez (Uocra) y Julio César Crivelli y Gustavo Weiss, por la CAC.
La desarrolladores y las constructoras insisten en que la decisión no solo pone en peligro la continuidad de las obras sino también la preservación de los empleos: se estima que la construcción privada da trabajo a unos 200.000 obreros de un universo de 350.000, según los datos de la Cámara Argentina de la Construcción. "La dilatación del inicio de las obras podría generar 100.000 despidos" , reconoce un desarrollador con tres obras en ejecución.
La estimación del sector es que, por la cuarentena, hay cerca de 5000 emprendimientos parados que representan inversiones por US$ 2500 millones . Un caso emblemático es la ampliación del Hospital Alemán: la obra que duplicará la capacidad del establecimiento se realiza con financiamiento privado y está detenida.
Las empresas constructoras afirman que esta decisión está llevando "al sector a una trampa mortal". "Te piden que te quedes en tu casa mientras le tenés que pagar el sueldo y las cargas sociales al personal. Además, cada empleado tiene depositado a su nombre un fondo de desempleo que no nos permiten usar y que podría cubrir un mes y medio de salario", relata un empresario que participó de la reunión.
El fondo de desempleo se conforma a partir del aporte de la constructora sobre la remuneración mensual: el primer año, la empresa aporta cada mes el 12 por ciento y luego el 8 por ciento en una cuenta a nombre de cada empleado. El personal de la construcción lo puede cobrar en caso de renuncia o despido. Pero en esta situación de emergencia económica puntual, se plantean diferentes interpretaciones legales y no está claro si prevalece el decreto o la ley de contrato de trabajo para el sector, razón por la que no lo pueden utilizar. " Las empresas lo pagamos y se está licuando en los bancos. Son los propios operarios quienes están pidiendo cobrarlo", profundiza el empresario, que prefiere no dar su nombre.
Hoy la hora básica de trabajo de un oficial ronda los $175, lo que le permite cobrar en una quincena mínima -de 88 horas trabajadas- alrededor de $15.400. A ese salario hay que sumarle los pluses, bonos solidarios, y proporcionales -horas extra, feriados, presentismo, viáticos, comida, producción- que depende de cada obra. También hay zonas u obras especiales que tienen incremento en el valor horario, que puede alcanzar el 30 por ciento. Para calcularlo en costos para la compañía, el cálculo es por dos. Las empresas pagaron la segunda quincena de marzo y la primera de abril, pero advierten que si los plazos de inactividad se estiran, el pago de los salarios de la segunda parte de este mes no podrá afrontarlos casi nadie .
En los últimos días, la Uocra y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) trabajaron en un protocolo de seguridad para aplicar en las obras y evitar los contagios . Se trataba de una primera versión, "abierta" a mejoras e incluye medidas de protección y de prevención que surgieron por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud, y otros sectores pero aplicables a la construcción.
Entre las medidas planteaba un estricto control de ingreso a los trabajadores autorizados e interrogatorios sobre posibles síntomas y toma de la temperatura corporal antes de ingresar. También proponía la implementación de un equipo de control que asistiría con un traje tipo Tyvek, máscara facial, barbijo y guantes de látex, entre otros recaudos. Pero la propuesta no convenció al Presidente quien ratificó a empresarios y sindicalistas que l a prioridad es "preservar la salud" y los instó a trabajar con los gobernadores para solicitar la flexibilización de la cuarentena para obras puntuales.
"Activar la obra privada es tan importante como la pública. La diferencia es cómo se financia, pero a los efectos del coronavirus la situación es la misma: personas trabajando en una obra en construcción", agrega Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la entidad que junto a la Asociación de Empresarios para la Vivienda (AEV) liderada por Miguel Camps está trabajando en propuestas para la subsistencia del sector que planean presentarle al Gobierno. " Empleamos a más de la mitad de los trabajadores del sector de la construcción con un efecto multiplicador de la economía . Somos clave en la captación de inversión, generamos empleo y repatriamos de capital", sintetiza uno de los principales desarrolladores del mercado para mencionar las razones por la que cree que deberían ser oídos,
A diferencia de la Argentina, Uruguay habilitó la reanudación de la obra privada el pasado lunes con un protocolo similar al que la Uocra y la Cámara Argentina de la Construcción le acercaron a Alberto Fernández. El gobierno del país vecino acordó con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las empresas, la implementación de un estricto Protocolo de Seguridad consensuado por la Cámara de la Construcción, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y los trabajadores representados por el sindicato. "Contamos con enfermeros en obra que toman la temperatura a los operarios, sumamos elementos de protección personal, un área de higiene personal, intensificamos las medidas de limpieza, entre otras medidas que componen el protocolo", relata Santiago Tarasido, CEO de la constructora argentina Criba con emprendimientos en ese país.
En definitiva, la decisión del presidente Fernández tomó por sorpresa al sector, que esperaba por lo menos la habilitación para reiniciar las obras de hasta 3000 metros cuadrado s. "No se entiende la postura del Gobierno con un sector atomizado en empresas medianas y chicas, que tiene una gran capacidad de captar inversores individuales y que, a diferencia de la obra pública, no requiere un presupuesto público sino que genera impuestos presentes y futuros", concluyen en el mercado.
