Hace pocos momentos, ingresó al senado el proyecto de ley de suspensión de las negociaciones colectivas, cuyo proceso se haya visto afectado por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Así lo confirmó a Pulso, el subsecretario del Trabajo Fernando Arab, quien en esta línea, explicó que el proyecto busca prorrogar los contratos colectivos mientras dure el estado de catástrofe, suspendiendo así las negociaciones que debiesen existir en esta época, salvo que se produzca un acuerdo de las partes para negociar de igual manera.

Con esto, indicó el subsecretario “se busca garantizar una negociación de buena fe y en circunstancias más equitativas para las partes”.

Si bien hasta ahora solo se conoce el nombre del proyecto, esta iniciativa se alinea precisamente con lo planteado por el senador Juan Pablo Letelier, quien había manifestado su interés a la ministra Zaldívar de regular vía ley las negociaciones colectivas que se estuvieran celebrando durante esta contingencia.

Así, el Ministerio del Trabajo que desde antes se mantenía trabajando en una iniciativa similar, acogió lo planteado por el senador y desde la semana pasada pisó el acelerador en la redacción del proyecto.

La propuesta del senador Letelier era ampliamente compartida por sus pares de la Comisión de Trabajo del Senado con lo que, el proyecto del gobierno, al estar el línea con lo que los legisladores estaban buscando supone que la tramitación legislativa de la iniciativa gubernamental debería ser rápida.

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Una intensa primera jornada de debate tuvo ayer el proyecto de ley que busca posponer las negociaciones colectivas debido a la crisis sanitaria.

La propuesta legal -que plantea prorrogar los contratos colectivos vigentes mientras dure el estado de catástrofe, suspendiendo las negociaciones colectivas durante dicho período, y prorrogando también las vigencias de las directivas sindicales y sus delegados durante este mismo lapso de tiempo-, fue presentada por el subsecretario de la cartera, Fernando Arab, y recibió duras críticas por parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Ante los senadores, la presidenta de la entidad sindical, Bárbara Figueroa, calificó la iniciativa como “muy genérica y desproporcionada”.

“No vemos que las condiciones económicas de las empresas sean un motivo general para suspender negociaciones colectivas de forma absoluta, dado que existen sectores de la economía que se han visto fuertemente favorecidos”, sostuvo la dirigenta.

De la mano de un documento elaborado por la Fundación Fiel, la titular de la CUT recalcó que el sindicato debiera poder iniciar y mantener negociaciones de forma unilateral. “La suspensión y prórroga sólo puede ser posible donde el sindicato no quiera o no pueda seguir negociand (...) De lo contrario, es inconstitucional y contraviene tratados internacionales sobre la materia”, dijo.

Con respecto al proyecto, Figueroa planteó algunas materias que deberían incluirse, como por ejemplo que en el caso de las negociaciones ya iniciadas y que deban postergarse no se deje sin fuero a los trabajadores involucrados, para impedir despidos.

Quien también expuso ante la comisión fue Fernando Alvear, gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien valoró que el proyecto respete la voluntad de las partes de negociar de mutuo acuerdo si las condiciones lo permiten.

Desde el Gobierno, el subsecretario del Trabajo se mostró sorprendido ante las críticas de los trabajadores, pues destacó que no va en contra de los derechos de los trabajadores: “Busca precisamente lo contrario”.

Entendiendo que en un estado de catástrofe los trabajadores no se encuentran en igualdad de condiciones para negociar, afirmó que se plantea es que se prorroguen los contratos vigentes. “No estamos proponiendo que el trabajador va a quedar indefenso, o que no va a tener un contrato que lo proteja, al contrario, estamos proponiendo algo excepcional, para justamente protegerlos”, dijo Arab.

La polémica: el finiquito electrónico

Otro tema que fue abordado en la comisión fue la polémica por la implementación, por parte de la Dirección del Trabajo, del finiquito electrónico.

La presidenta de la CUT recalcó que se trataría de un sistema que va en perjuicio de los trabajadores.

Arab, en cambio, defendió su implementación, recalcando que es parte del proceso de modernización y digitalización del Estado que inició en mayo de 2019.

En esa línea, señaló que ee han celebrado más de 2.800 finiquitos a través del portal y que “no hay ninguno que haya sido impugnado judicialmente, o que haya una sentencia judicial que lo reclame”.

La autoridad agregó que “se han planteado más de 8.000 finiquitos en la plataforma electrónica, pero la DT por los filtros que hace -que son filtros bastante más exigentes que los que existen hoy día por parte de los demás ministros de fe-, solamente ha llegado a autorizar 2.800 de los 8.000. ¿Por qué? Porque se certifica que las cotizaciones estén pagadas, se hace el chequeo con Previred, cosa que no siempre ocurre; y, segundo, se chequea que haya un pago, el finiquito electrónico hoy solo se autoriza cuando hay un pago”, aseguró.