CLEDIS CANDELARESI

Las crisis sistémicas, sectoriales o particulares arriman las empresas a las puertas del Estado para pedir auxilio. En nombre propio o, mejor, de los empleados cuya fuente de trabajo peligra en caso de que el negocio se desmorone. Con una demanda que derrapó por la cuarentena y precios internacionales muy bajos del petróleo y gas las firmas energéticas están encarando esa peregrinación hacia los despachos públicos para pedir subsidios o ampararse en el procedimiento preventivo de crisis, que facilita la purga de personal.

El misterio de con qué se encontrará del otro lado es tan grande como la incertidumbre expresada en un documento de Salud sobre la cantidad de posibles infectados de coronavirus en Argentina, que oscila entre los 250.000 y 2,2 millones, según escenarios de gravedad creciente.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mostró buena disposición para escuchar a las energéticas, tanto las de precios regulados como los productores. Disimulando, incluso, los desajustes intestinos de su cartera. Pero las urgencias pandémicas dieron sustento a una queja empresaria previa a esta crisis: no hay interlocutor oficial para resolver.

Las dificultades del sector privado, que incluyen a YPF -empresa con mayoría estatal pero sujeta a legislación privada- habían empezado antes de la irrupción del coronavirus, con aumentos suspendidos en las tarifas de gas, luz y petróleo y el recorte a los subsidios para Vaca Muerta.

Por eso las distribuidoras ya había limitado limitaron sus inversiones y los productores venían levantando equipos. Tuvo menos prensa nacional pero en el sector ya hay suspensiones y recortes salariales previos.

En este escenario de retroceso, el coronavirus dio otro golpe, multiplicando las desgracias privadas que, de un modo u otro, terminan socializándose. La demanda de naftas cayó más de un 80% y la de electricidad retrocedió 23% promedio desde el inicio del confinamiento, según reporte oficial.

Un fundado rumor de mercado sostiene que una distribuidora de luz metropolitana pasó de la fase holgada a la de no poder cubrir con sus ingresos corrientes la nómina salarial. Una forma de financiamiento automático de estas firmas está probado: dejan de pagar la electricidad que distribuyen y es el Tesoro, a través de Cammesa, el que termina cubriendo ese precio mayorista.

En la ansiada mesa formal de renegociación tarifaria, al menos Edenor y Edesur podrían desempolvar ciertas facturas antiguas. Valga de ejemplo que la provincia de Buenos Aires les debe varios miles de millones de pesos correspondientes a los consumos de las villas que hay en su territorio, unas 130.000 viviendas que demandan luz por el equivalente a más de $ 1500 millones. Ambas descartan interrumpir el suministro, pero el dato suma a su favor a la hora de negociar.

Claro que esa es una cuestión olvidable frente a la definición de cuánto costará el servicio para los que pagan de su bolsillo en el mediano plazo y cuál será la cobrabilidad real en tiempos del virus globalizado.

Similar incertidumbre a la que sufren los productores de crudo, que hoy cotiza en el mundo alrededor de u$s 20 el barril, cuando ellos reclaman cobrar localmente más de u$s 50, aunque con u$s 40 podrían estar confortables. "El que no llora no mama", describió Enrique Santos Discépolo en el tango Cambalache, así que siempre valen gestiones para tener mayor cobertura. En particular si tienen de socias a las provincias, cuyos estratégicos ingresos por regalías dependen del valor mayorista de los hidrocarburos.

Así, la idea oficial de hace unas semanas sobre el presunto disparate que significaba el "barril criollo" se transformó en un análisis acerca de cuál sería el nivel de precios adecuado. El sueño del secretario de Hidrocarburos fueguino, Alejandro Aguirre, de obligar a las empresas a reponer reservas con mayor exploración pensando en el futuro suena ahora tan factible como una expedición a Saturno.

Si no hay aporte estatal con desgravaciones o subsidios directos, el sector privado ajusta rápido por donde puede hacerlo casi sin interferencias: con menos inversión y menos empleo. Su leitmotiv es maximizar ganancias y no el altruismo. Bajo ese paradigma actúa Techint cuando quiere depurar la plantilla de la constructora por la paralización de la actividad. Semejante al que guía a una firma que se ampara en el procedimiento preventivo de crisis para abaratar despidos, recurso al que podrían apelar las empresas del sector hidrocarburos.

La decisión del holding de Rocca puede ser repudiable desde la ética humanitaria, pero la fuerza mayor invocada para disponer suspensiones masivas es compatible con la legislación y la lógica capitalista que ningún gobierno argentino llega a cuestionar en su esencia. El riesgo de vida pandémico sensibiliza las almas pero no cambia la naturaleza de las cosas. Sólo alimenta dudas sobre la dimensión moral del capitalismo.

La determinación presidencial de prohibir despidos por los próximos dos meses críticos es una apelación a la justicia tan sensata como la idea de que quien acumuló utilidades importantes en un momento soporte pérdidas en otro. Si ese criterio oficial se extrapolara a la definición pendiente sobre tarifas de luz y gas, las licenciatarias que repartieron dividendos en ejercicios anteriores ahora tendrán que hacer un "aguante".

La pauta no es injusta. El problema es que contraría la dinámica del capital privado, necesario y díscolo: menos ganancias, menos o ninguna inversión. Pero las energéticas tienen millonarios activos hundidos y siempre apuestan al largo plazo. El coronavirus cumplirá su ciclo. Mientras, de algún modo está el Estado, que pone la plata o arbitra a favor.