CARLOS BOYADJIAN
Para el Gobierno la actividad de la construcción está llamada a ser "el motor de la recuperación económica", y por ello, aunque generó cierta sorpresa, desde el primer momento de la cuarentena preventiva y obligatoria, la obra pública fue incluida entre los sectores esenciales y con libertad de circulación.
Pero la industria de la construcción acumula 22 meses consecutivos en caída, en gran parte porque las obras públicas se frenaron en los últimos tiempos, a medida que algunos proyectos se quedaron sin presupuesto o fueron suspendidos en el marco de la crisis económica que transita la Argentina desde 2018.
Tras lo sucedido con Techint, el Gobierno prohibió el despido de empleados por falta de actividad o de ingresos, pero excluyó a los contratistas de obra pública
En este contexto, la construcción quedó entrampada entre la declaración de actividad esencial, y los numerosos beneficios que el Estado nacional está disponiendo para atender a los sectores económicos afectados por la cuarentena.
El último dato negativo para el sector fue el DNU 332: aunque es una actividad que, en teoría, puede funcionar con relativa normalidad, la obra pública está expresamente excluida de los beneficios que establece el DNU en materia de nómina salarial, reducción de aportes patronales y otros.
Hay que aclarar que estos incentivos sí corresponden a proyectos de construcción privada pero todo eso ya venía paralizado, y ahora más aún. La obra pública queda afuera, y entonces los problemas para pagar salarios de marzo y costos fijos de las empresas se multiplican.
"Hoy las obras públicas están paradas, sin embargo, todos estos anuncios de REPRO, etc. eximen a la obra pública, pero la realidad hoy es que las empresas están sin poder trabajar en esas obras", señaló Iván Szczech, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
Además de la parálisis por falta de recursos de Nación, provincias y municipios, ahora las constructoras enfrentan a restricciones por la prevención del COVID-19
El freno viene por varios lados. Municipios y gobiernos provinciales no dejan que las obras avancen, está cortada la cadena de pagos, también hay miedo entre los trabajadores para ir a las obras y tampoco hay posibilidades de certificar, con lo que "en teoría no podríamos suspender ni despedir y ¿con qué pagas?, señala Szczech.
Para las obras privadas, la situación es distinta pero no deja de ser compleja. "La obra privada tendría REPRO para empresas de más de 100 empleados, que son la mayoría, te van a dar entre $ 6000 y $ 10.000 pero un ayudante cobra por mes, sin adicionales ni el 20% de presentismo, unos $ 30.000", señaló el empresario.
Desde el Gobierno advierten que la situación es muy delicada e intentan poner en marcha nuevamente algunos proyectos de obra pública, pero el proceso lleva sus tiempos.
En los últimos días se intensificaron los contactos entre empresarios y representantes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) con el Gobierno, específicamente con los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y con el de Obras Públicas.
En el caso de vivienda, el objetivo es reactivar el programa de construcción, que con fondos de Nación que ejecutan los diversos Institutos Provinciales de Vivienda (IPV). En esta primera etapa serían unas 15.000 viviendas en todas las jurisdicciones.
Pero son proyectos que vienen demorados. Desde el comienzo de la gestión el ministerio a cargo de María Eugenia Bielsa ha girado para este fin unos $ 700 millones, una parte ínfima del presupuesto de las obras.
En las negociaciones con el Gobierno, surge la posibilidad de destinar recursos presupuestarios aprobados para el primer trimestre, por unos $ 9000 millones a cancelar deuda del Estado con contratistas
En cuanto Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, se busca reactivar obras viales, en especial proyectos que estén fuera de los grandes centros urbanos para evitar los movimientos de gente en medio de la cuarentena, y en carpeta figuran obras hídricas, trabajos en la Cuenca del Salado, y la reanudación de obras en el Ferrocarril Belgrano Cargas, por ejemplo.
Pero hay un tema administrativo que preocupa a empresarios y funcionarios. La deuda del Estado en sus tres niveles por contratos terminados, con obras ya ejecutadas y certificadas asciende a los $ 35.000 millones, en su gran mayoría contratos de 2019. Son licitaciones de Vivienda, Obras Pûblicas, Energía y Transporte.
El compromiso asumido por el Gobierno es liquidar parte de la deuda con los recursos presupuestarios de las partidas aprobadas para el primer trimestre de este año, unos $ 9000 millones. Habrá que ver qué ocurre y, en todo caso, recordar aquella máxima del mundo de los negocio que pide: “Show me the money”.
