La tormenta económica provocada por la pandemia del Covid-19 aún no se desata y México ya tuvo que hacer frente a la degradación -por parte de la agencia Standards & Poor’s- de la calificación de su deuda soberana, seguida de la de sus dos principales empresas públicas, ambas vinculadas al sector energético. El banco de inversión JP Morgan prevé una caída del 7% del PIB mexicano para el 2020. El presidente López Obrador aseguró que no pedirá ningún crédito al FMI.

JP Morgan anuncia que la recesión será «profunda» en México. El impacto de la pandemia del coronavirus sobre las previsiones económicas ha llevado al banco de inversiones a revisar completamente sus previsiones de crecimiento para este año, pasando de un aumento del PIB de 1,8% a una contracción de 7%, es decir un choque aún mayor al causado por la última crisis financiera internacional (-6,6% del PIB en el 2009). Según la empresa con sede en Nueva York, la próxima fase de infección masiva tendrá un grave impacto en la economía informal -un sector que emplea al 56% de la población mexicana-, lo que llevará a un colapso del 35,5% de la economía del país en el segundo trimestre de 2020. El país también se verá muy afectado por la caída de la actividad de los Estados Unidos, su principal socio comercial.

Por otro lado, los precios del petróleo pesado producido en México se hundieron la semana pasada a su nivel más bajo desde el 2002, con un precio de referencia de 12,92 dólares. El Maya alcanzaba los 55,15 dólares por barril hace apenas dos meses, antes de que la pandemia de coronavirus comenzara a sacudir los mercados energéticos.

Esta combinación de factores llevó a la agencia Standards & Poor’s a reducir la calificación de la deuda soberana de México en un nivel, pasando de «BBB+» a «BBB», con una perspectiva negativa a mediano plazo en vista de la imagen inestable que caracteriza al país en cuanto a la atracción de la inversión extranjera y la confianza de los inversionistas.  De forma mecánica, S&P degradó posteriormente las calificaciones crediticias de las empresas energéticas estatales Pemex y CFE (Comisión Federal de Electricidad) ubicándolas en «BBB» con perspectiva negativa, antes de castigar a varias instituciones financieras -incluidos los bancos más grandes que operan en el país- así como a entidades públicas de inversión y compañías de seguros.

Por otro lado, mientras que la Bolsa mexicana terminaba la semana en números rojos con una caída del 5,34%, el nivel de aprobación del presidente mexicano -Andrés Manuel López Obrador- cayó por primera vez por debajo de la marca histórica del 50%, en medio de críticas sobre su manejo de la crisis del coronavirus, el nivel de violencia y la situación económica. Por su parte, «AMLO» declaró que su gobierno podría contar con un fondo extra de 17.000 millones de dólares provenientes del presupuesto federal para combatir la crisis económica que se avecina. También aclaró que los programas sociales puestos en marcha por su gobierno no se verían afectados, al igual que los grandes proyectos de infraestructura en curso. «En su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios», precisó el martes pasado, día en el que México pasó oficialmente a la fase 2 contra Covid-19.

El Presidente aseguró que su país podía enfrentar la crisis sin endeudar al país y que no solicitaría ningún crédito al Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, los próximos meses van a ser difíciles. Si el gobierno no logra hacer frente de manera eficaz a la situación causada por la pandemia y si la calificación crediticia del país desciende a la categoría «especulativa», varias instituciones financieras extranjeras -fondos mutuos, fondos de pensiones, entre otros- se verían obligadas a vender sus activos en el país, lo que podría dar lugar a un ciclo de estancamiento inflacionario que se añadiría a las inevitables consecuencias de la crisis económica mundial que se avecina.

En este contexto, algunos analistas creen que la presión ejercida sobre el gobierno mexicano podría obligar al presidente López Obrador a revisar –a mediano plazo– su programa energético nacionalista. Desde su llegada al poder en diciembre de 2018, el líder mexicano ha tratado de restablecer el papel central del Estado en el sector energético, apoyándose en particular en la empresa estatal Pemex, destinada a convertirse en el motor del desarrollo del país.

Una política energética que preocupa a varios gobiernos occidentales, como lo demuestra la singular reunión celebrada en la embajada de los Estados Unidos el pasado 6 de marzo. Los detalles, divulgados por la agencia Reuters, señalan las preocupaciones comunes expresadas por diplomáticos estadunidenses, canadienses, así como de seis países europeos en relación con la ruptura operada por el Presidente Obrador con respecto a la orientación liberal seguida por su predecesor.

Así las cosas, si el mercado del petróleo sigue estancado en los bajos niveles actuales, los temblores causados por la pandemia de Covid-19 podrían tener una fuerte repercusión sobre Pemex, considerada ya la empresa petrolera más vulnerable de América Latina. La agencia Fitch ya bajó su calificación a grado especulativo en junio pasado. Moody’s podría hacer lo mismo muy pronto. Una situación que convendría muy bien a los intereses de potencias extranjeras con empresas implantadas en el sector energético mexicano.

Los planes del presidente López Obrador podrían quedar pronto a merced de las próximas evoluciones del mercado.