WHITNAY MIÑÁN
Cinco días después que se registró el primer caso de coronavirus en el Perú (caso “cero”), se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días calendario; y el 15 de marzo se estableció el aislamiento social obligatorio -por 15 días calendario- para frenar la propagación del Covid-19.
En este tiempo, se ha publicado normativa no solo para intentar “aplanar la curva” de contagios, sino también vinculadas al ámbito económico, en busca de lanzar un “salvavidas” sobre todo a la micro y pequeña empresa en un contexto en el que el país está casi parado (salvo la venta de alimentos y medicamentos).
Por ejemplo, se amplió el alcance del Fondo Crecer y se modificó el cronograma de vencimientos para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transdacciones Financieras. Así también se exhortó a los sectores de minería e hidrocarburos establezcan los protocolos adecuados bajo el contexto actual para mantener sus actividades críticas.
Además, con el fin de mantener la economía familiar, se dispuso una transferencia de S/ 380.00 a las familias en condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).