En los últimos tiempos, el Reino Unido ha realizado varios anuncios vinculados a sus actividades ilegales en las Islas Malvinas. Han extendido las licencias; Premier Oil Plc, como (ilegal) operadora de Sea Lion al norte de las islas, ha presentado la evaluación de impacto ambiental al (ilegal) gobierno de las Islas Malvinas para el desarrollo del mismo; y ha anunciado la firma de unos Términos de Referencia con la empresa Navitas Petroleum, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv, como potencial socia con una participación del 30% de los intereses del proyecto de Sea Lion.

Estas propuestas vienen acompañadas de un plan de desarrollo integral para las islas, que facilitaría la llegada de potenciales trabajadores y sus familias en la industria, incluyendo la construcción de viviendas, de comercios en Puerto Argentino, mejoras en salud, en educación, desarrollo de centrales eléctricas y, primordialmente, inversiones para el desarrollo de infraestructura portuaria.

¿Qué debería hacer la Argentina al respecto? A las empresas licenciatarias, la Secretaría de Energía de la Nación las ha declarado –entre 2011 y 2015- clandestinas y a sus actividades como ilegales, por encontrarse operando en las islas sin la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina. También se ha demandado penalmente a algunas ellas.

Las protestas ante el Reino Unido y las acciones internacionales en los diversos foros internacionales deben ir acompañadas de medidas concretas para la consolidación de una estrategia argentina orientada hacia el Atlántico Sur. En este marco, cabe destacar que, entre los tres proyectos de ley vinculados a “la cuestión Malvinas” que el presidente Alberto Fernández ha pronunciado en su discurso inaugural de la Asamblea Legislativa, se encuentra el de demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

Aún queda por conocerse el proyecto, pero es de esperarse que se presenten los puntos y coordenadas conforme el trabajo realizado por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental Argentina (COPLA), el cual fuera aprobado en 2015 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convemar. De ser así, incrementará la seguridad jurídica, y tal como se ha lanzado en el año 2019 la primera ronda licitatoria en el offshore argentino, permitirá el fomento de una nueva ronda y el otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos en ella.

La proposición no estará exenta de desafíos, tanto internos como externos. En el plano nacional, incluye la restricción fiscal y financiera actual, que afectará toda planificación de desarrollo de infraestructura logística y portuaria de la Argentina continental; como así también el reclamo del sector petrolero, solicitando un barril criollo a 50 dólares (20 dólares más que el internacional), lo que generaría un subsidio indirecto de la gente a las petroleras.

En el plano internacional no puede soslayarse la volatilidad de los mercados por el COVID-19 y la falta de acuerdo en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia por las cuotas de producción, que han provocado un descenso del precio del crudo. Cabe agregar que la caída afecta el financiamiento, pero no las inversiones costa afuera. Es así porque, a diferencia de los hidrocarburos no convencionales, el desarrollo offshore mira más los precios de largo plazo que los de corto, dado que las inversiones y la curva de rendimiento del yacimiento son menos decrecientes. Por lo tanto, el desarrollo del offshore es una oportunidad como producción base de largo plazo, para consumo interno y exportación.

Hay que recordar que la Argentina sumergida es más extensa que la Argentina emergida, y desde esta visión integral, pensar en la relevancia de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía en toda la plataforma continental argentina, conforme a los principios del derecho internacional. El sector energético puede y debe contribuir a un plan nacional de desarrollo de la plataforma continental y, a través de él, también podrá mejorar la balanza comercial y afianzar la posición argentina en la protección de los fondos marinos, en el desarrollo científico-tecnológico, de defensa y logístico, entre otros.

*politóloga y magíster en Energía de la UBA.