MARCELO BONELLI
Las extremas medidas sanitarias que adoptó la Casa Rosada provocarán un freno abrupto en la economía. Este jueves a la noche, la primera -y prudente- estimación indica lo siguiente: el parate ocasionará una caída adicional del 1% en el PBI. El equivalente a la friolera de una pérdida mínima en la economía productiva de 4.000 millones de dólares para empresas y asalariados. Informes de bancos calculan que esa proyección sería conservadora: a medida que continúen los bloqueos, las pérdidas aumentarán.
Así lo dicen las proyecciones sobre Argentina en Wall Street y las de muchos bancos locales. En la Unión Industrial, su cúpula tuvo un encuentro hermético. Miguel Acevedo escuchó los informes y exclamó: “El impacto será muy duro”.
Hay pérdidas serias con la soja, que deprimen el crucial ingreso de dólares, y varios sectores industriales (salvo alimentos) que enfrentan una verdadera depresión: las ventas de indumentaria cayeron en marzo a solo un 12%, de las que había hace un año.
La cuestión fue el motivo de un intenso y fuerte debate entre ministros en la Quinta de Olivos. En esos febriles encuentros un dato paralizó a todos. Se trata de un “paper” confidencial que indica que ya -las medidas contra “el virus”- aumentarán la pobreza entre 3 y 4 puntos. Sería por encima del alto nivel de diciembre. Axel Kicillof se resistió primero al extremo paquete sanitario. Dijo que parar la economía era provocar un impacto brutal en el conurbano. Pero Wado de Pedro lo contradijo y no acompañó esa posición: el ministro del Interior avaló las recomendaciones severas del Ministerio de Salud.
Ginés González García -desde hace una semana- aconsejó aplicar siempre las medidas extremas. Admitió que el costo económico será serio, pero peor sería socialmente demorar las medidas sanitarias: la economía igual se desplomaría y podrían colapsar los hospitales. González García se fortaleció por la decisiones después del ataque que existió sobre su ministerio. Alberto le dio un amplio respaldo público y después, en privado, laudó a favor de sus recomendaciones. En la Casa Rosada - siempre conspirativos- insisten en que el ataque al ministro provino de un conocido empresario disconforme porque se frenó un aumento de la medicina prepaga.
El minucioso trabajo del Gabinete que advertía sobre el impacto social de la crisis motivó que Alberto aprobara un giro copernicano en la política económica y decidiera las medidas expansivas.
Rodeado de gobernadores, Alberto Fernández anunció la cuarentena general desde la Quinta de Olivos.
El Presidente -hasta ahora- había hecho un ajuste fiscal. El objetivo era hacer una renegociación exitosa con la deuda. Pero la urgencia lo llevó a cambiar el objetivo: tratar de enfrentar el depresivo “virus económico” de la pandemia. La crisis hizo pasar desapercibida la magnitud de la decisión: Fernández llevó adelante planes expansivos que propiciaban -cuando ganó- sectores heterodoxos del Frente de Todos.
La cuestión se reflejó de inmediato en los mercados locales, infectados -desde ya- por la hecatombe internacional. Todos los paper de los “lobos” de Wall Street dicen que la incertidumbre no tiene límite. Goldman Sachs hizo una conferencia para sus 1.500 clientes en el mundo. El informe afirma que “el pico de contagio será en ocho semanas” y que la tasa de actividad económica mundial “será la más baja de los últimos 30 años”. Algo similar concluye un trabajo secreto de Focus Economics.
Pero el fuerte deterioro financiero local del miércoles también estuvo vinculado a una creencia instalada en Wall Street: que Argentina podría entrar en default en pocas semanas. Así lo confirman el actual valor de los bonos y el riesgo país. Martín Guzmán tiene otra lectura y su visión -aún optimista- es la que sostiene Alberto: que la crisis global, al final va a ayudar a cerrar. La propuesta inicial de Argentina será extremadamente dura.
Hace tiempo se archivó la “negociación amigable” y Guzmán decidió la confrontación con los acreedores. El ministro tuvo al final que acceder a las ideas del BCRA. Clarín contó que hubo una puja con Miguel Pesce, sobre la forma de reprogramar los 500.000 millones de pesos que vencen hasta junio. Guzmán se opuso tenazmente a hacer una reprogramación global y forzosa. Pero ahora -en parte- tuvo que acceder a esa idea inicial del BCRA.
El camino elegido -y que comenzó este jueves con la primera licitación- fue salomónico: la multimillonaria reprogramación de la deuda interna se hará globalmente, pero en forma “voluntaria”. Pesce insistió -y hasta ahora perdió- en que esos fabulosos vencimientos se reprogramen en forma obligatoria.
Ahora el acuerdo Guzmán-BCRA sería el siguiente: si las licitaciones voluntarias no permiten renovar la mayoría de los vencimientos, podría haber un canje obligatorio.
El Central insiste en que la situación lo permite: aplicar medidas excepcionales, para solucionar el endeudamiento en pesos. Paula Español, trabajó contra reloj para definir los precios máximos. La secretaria de Comercio recibió muchas críticas de la Casa Rosada, por la falta de acción para vigilar los abusos.
El público enojo del Presidente con los empresarios fue también un mensaje hacia el interior del gabinete económico. Se trató de una contracara: el “tirón de orejas” que recibió la funcionaria por la parsimonia de la Secretaría de Comercio.
