"Reestructurar la deuda con acreedores como Pimco y BlackRock Inc para evitar una cesación de pagos"
Hugh Bronstein y Eliana Raszewski
Argentina necesita un "alivio sustancial" en la reestructuración de casi 70.000 millones de dólares en bonos públicos, dijo a Reuters el ministro de Economía, Martín Guzmán, mostrando firmeza con los acreedores.
En su primera entrevista con medios internacionales desde que asumió en diciembre, el economista de 37 años dijo que la fecha límite del 31 de marzo para llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos podría modificarse por el brote global de coronavirus, que pone en riesgo los planes de un "roadshow" para presentar la propuesta del Gobierno.
Guzmán, que trabajaba como académico en Estados Unidos, dijo que Argentina no tiene capacidad para pagar intereses "durante los próximos años" y que cualquier acuerdo con los acreedores debe colocar a la deuda del país -que atraviesa una profunda crisis económica- en un camino sustentable.
"Hay necesidad de un alivio sustancial", dijo el ministro en una entrevista en Buenos Aires, y agregó que todas las opciones sustentables están en la mesa de negociación y que las conversaciones buscan que se "maximice la aceptación de los acreedores".
"Si alguien piensa que vamos a patear la pelota de una manera que obligue a otra reestructuración más adelante, deberían pensarlo de nuevo, porque no vamos a hacer eso", señaló Guzmán, quien tiene una estrecha relación con el influyente economista estadounidense Joseph Stiglitz.
Argentina se encuentra en conversaciones para reestructurar su deuda con acreedores como Pimco y BlackRock Inc para evitar una cesación de pagos que dañaría al país, una de las mayores potencias agrícolas del mundo.
Guzmán y su equipo de deuda han establecido un plan para llegar a un acuerdo con los acreedores para fin de marzo, aunque el ministro indicó que puede haber flexibilidad en el plazo dada la situación global actual y el brote de coronavirus.
El ministro señaló que el "roadshow" programado para este mes para que los funcionarios presenten su propuesta a los acreedores podría realizarse por videoconferencia.
"Ahora estamos en una situación de emergencia global que requiere que todas las partes sean flexibles", explicó, y agregó que si se extiende el plazo para cerrar un acuerdo será "solo por unos días".
Guzmán dijo que esa propuesta a los bonistas se haría antes de fin de mes, pero se negó a dar detalles sobre cómo sería.
"No aceptaremos nada que no sea sostenible. Seremos absolutamente firmes en eso", dijo el funcionario, y acotó que cualquier acuerdo tendría que evitar más austeridad fiscal en una economía argentina ya golpeada por la recesión.
"Claramente, Argentina no tiene capacidad para pagar los intereses durante los próximos años", dijo. El funcionario afirmó que Argentina recién podría alcanzar el equilibrio fiscal en 2022 o 2023.
Los funcionarios argentinos se reunieron con los tenedores de bonos a principios de este mes, mientras continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le otorgó préstamos al país por 44.000 millones de dólares tras un acuerdo en 2018.
Las negociaciones de deuda del país sudamericano podrían determinar su futuro económico y su posición global en los mercados, después de un período de agitación económica que ha generado una alta inflación, una recesión y un aumento de la pobreza.
Argentina, que ya ha caído en cesación de pagos en varias oportunidades, resolvió en 2016, bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri, una larga batalla judicial con acreedores por un incumplimiento de deuda de 2002 que había dejado al país como un paria ante los inversores.
El presidente peronista Alberto Fernández, que asumió en diciembre, ha dicho que el país no puede pagar sus deudas hasta que se le dé espacio para reanudar la senda del crecimiento y descartó imponer políticas de austeridad para hacer frente a las cancelaciones mientras que los niveles de pobreza se mantengan altos.
Guzmán dijo que el país buscará refinanciar la deuda con el FMI, aunque el acuerdo con los acreedores privados es más urgente dado que es insostenible seguir pagando los vencimientos con reservas.
"Nos estamos quedando sin las reservas que el Tesoro puede utilizar para el servicio de la deuda. Por lo tanto, debemos resolver este problema rápidamente", explicó Guzmán.
Canje por etapas
La Nación
JAVIER BLANCO
El decreto presidencial 250 que autoriza al Ministerio de Economía a avanzar en una instancia de canje de 35 bonos bajo legislación extranjera (23 de Estados Unidos; 6 de Inglaterra y otros 6 de Japón) por US$ 68.842 millones bajo nuevas condiciones nada dice sobre la deuda emitida en moneda extranjera bajo ley local sólo porque, en la lógica oficial, esa instancia sólo se abrirá una vez concluida la que ahora comienza .
"La deuda en moneda extranjera bajo ley local no tuvo su tratamiento normativo todavía. Lo va a tener pero ex post" (expresión que significa 'después del hecho')", pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales.
Esto quiere decir que los términos en que se termine reestructurando la deuda externa (períodos de gracia, extensión de plazos, recorte de cupones de interés) se replicarán en una oferta posterior a tenedores de deuda bajo ley local pero emitida en dólares , lo que incluiría a las Letras del Tesoro (LETE) reperfiladas que no se canjeen por nueva deuda en pesos, posibilidad que quedó abierta -pero no instrumentada- por el decreto 193 semanas atrás
Se trata de una definición importante dado que, según los últimos datos oficiales, el 80,3% de la deuda pública nacional está emitida en moneda extranjera. Y una porción similar a la que está emitida en bonos bajo ley extranjera fue emitida bajo ley local, aunque una parte de ella está en poder de organismos públicos.
La lógica secuencial con que el Gobierno plantea esta renegociación general de la deuda pública nacional (que muchas provincias buscarán replicar) apunta a cumplir con la promesa que lanzó varias veces el ministro Martín Guzmán: darle un mismo tratamiento a los tenedores bonos en moneda extranjera, sin discriminar si ésta fue emitida bajo ley argentina o foránea.
El concepto que está detrás de esta afirmación no sólo tiene que ver con la escasez de un recurso que la Argentina no administra ni emite (los dólares) sino también con evitar inequidades que dejen resquicios a posibles reclamos judiciales futuros.
De allí también que haya definido además un criterio distinto para la deuda en pesos aunque la semana pasada haya aclarado que sólo se mantendrá si los términos de las refinanciaciones se pactan en niveles "consistentes con la secuencia planteada en el programa orientado a reestablecer la sostenibilidad" de esa deuda y fijar una nueva curva de "tasas de interés en moneda nacional", ya que -como quedó a la vista últimamente- no está dispuesto a emitir pesos más allá de límites que juzgue razonables para no sumar presión a una situación inflacionaria de por si delicada.
En este sentido el decreto 250 se acota a lo colocado en el exterior porque necesita establecer el universo bruto a canjear y establecer las "prórrogas de jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York -Estados Unidos-, Londres -Reino Unido-, y de los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio -Japón-", aunque acara que la renuncia a "oponer la defensa de inmunidad soberana será exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen con cargo al presente decreto".
Y si no hay mención a la deuda local en moneda extranjera es simplemente porque, en dicho caso, el Gobierno no tiene que "ceder" la atribución de "jurisdicción".
"La estrategia secuencial la vienen planteando desde el primer momento. No discriminar y replicar las condiciones acordadas con los inversores ley extranjera", juzgó el economista Miguel Zielonka, director de la consultora Econviews."De cara a los inversores ley local, si lo cumplen, de algún modo los están protegiendo porque aprovechan el poder de negociación y la cobertura legal de otras jurisdicciones. Si no lo cumplen, quedan a la buena de Dios, a merced de lo que quiera el Gobierno, y con escaso o nulo recurso a reclamar, lo que no parece ser la idea pero es un escenario a no desechar y que va a jugar un rol en esa negociación", concluyó.
