Cinco días antes de que se eligiera oficialmente al consorcio ganador
GRACIELA VILLASÍS ROJAS Y MARTÍN CALDERÓN
Cinco días antes de que se eligiera oficialmente al consorcio ganador de la concesión del proyecto gasoducto sur peruano (GSP), anunciado el 30 junio del 2014, la empresa brasileña Odebrecht ya tenía certeza de que ganaría esa licitación junto a Enagás. Por ello, decidió firmar un contrato de transferencia de acciones con la peruana Graña y Montero, que se convirtió en su socia oculta, el 25 de junio del 2014.
Así lo reveló Rodney Carvalho, ex director ejecutivo del Gasoducto Sur Peruano, en un largo interrogatorio ante el equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato, realizado en Curitiba, Brasil. El arquitecto brasileño presentó los contratos que confirman esa versión.
De acuerdo a Carvalho, la ex primera dama Nadine Heredia se opuso a que Graña y Montero integre el consorcio que ganaría la licitación del GSP. Por ello, Odebrecht y Graña y Montero simularon que no irían juntas, pero suscribieron acuerdos para garantizar sus vínculos.
El 25 de junio del 2014, Rodney Carvalho, en representación de Odebrecht Latinvest Perú Kuntur S.A., y los empresarios Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, en representación de Graña y Montero, firmaron un contrato de transferencia de acciones y participaciones, que involucra dos montos de US$29’994.667 (por concepto de trabajo de ingeniería) y US$33’901.353 (por la inversión referente al estudio de impacto ambiental).
En el contrato, se señala que Odebrecht y Graña y Montero “acuerdan que tomarán las decisiones de tal forma de asegurar la adjudicación de la buena pro […] [y] acordarán los mecanismos alternativos que aseguren una participación en las actividades de construcción y operación […] sea de manera directa o indirecta”.
Además, el contrato indica que Graña y Montero reconoce que se abstendrá de participar como miembro del consorcio si ambas partes consideran que ello podría influir negativamente en el resultado del concurso.
Meses antes, el 13 de febrero del 2014, Odebrecht y Graña y Montero ya habían suscrito un convenio de participación conjunta. Pero Heredia se opuso a la participación de la empresa peruana porque José Graña era miembro del directorio de El Comercio, un diario crítico con la gestión de Ollanta Humala, dijo Carvalho.
La declaración del brasileño coincide con los testimonios que los colaboradores José y Hernando Graña dieron a la fiscalía, así como a conclusiones de la fiscal a cargo del caso, Geovana Mori, quien consignó, en el documento de formalización y continuación de la investigación a Heredia y otros, lo siguiente: “… Se evidencia la injerencia de Nadine Heredia para que la empresa Graña y Montero no participe con la empresa Odebrecht en consorcio para la adjudicación del proyecto gasoducto sur peruano, debido a las desavenencias que tenía con el diario El Comercio, donde José Graña era miembro del directorio, condicionando a Jorge Barata con la adjudicación de la buena pro del proyecto, la cual posteriormente le fue otorgada participando en consorcio con la empresa española Enagás”.
Durante el interrogatorio, Carvalho acreditó la veracidad de correos que le envió al entonces funcionario de Odebrecht Daniel Hokama Kuwae en febrero del 2014, con el asunto “Reunión en 30 minutos”.
En esa comunicación, le preguntó si había “algún mensaje” para Jorge Merino, entonces ministro de Energía y Minas.
En otro correo, Carvalho se dirige nuevamente a Hokama y le informa que Merino confirmó que había un acuerdo de todos los ministros respecto a que era “solo un contrato”.
Carvalho aseguró que se reunía con el exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga para coordinar temas sobre el gasoducto cuando aún no se había dado la licitación.
Tras la diligencia, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato, aseguró que se pudo “comprobar información relacionada a socios ocultos”. Y agregó: “Hemos encontrado un grado casi absoluto de comprobación [en el Caso Gasoducto]”
Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, dijo que la versión de Carvalho carece de consistencia, porque si se hubiera dado una oposición a Graña y Montero también esta se habría manifestado en la licitación por la línea 2 del metro de Lima, donde dicha empresa y Odebrecht participaron en consorcio.
