Para determinar nuevas condiciones a la hora de licitar o renovar áreas petroleras
SEBASTIÁN PERMICI
Sinopec derrumbó su producción en un 50 por ciento. El año pasado, invirtió un 60 por ciento menos de lo que había pautado y perforó un solo pozo nuevo. A partir de este caso testigo, el Gobierno Provincial está estudiando un cambio en la regulación del sector para generar más previsibilidad en el horizonte de inversiones, quitándole discrecionalidad a las operadoras. La idea de fondo es que el problema puntual de una operadora no haga tambalear a todo el sector.
La empresa Sinopec derrumbó su producción en un 50 por ciento entre 2010 –año en que consiguió la prórroga de sus contratos hasta 2027- y el año pasado. Es decir que pasó de una producción de 2.047.008 metros cúbicos a un poco más de un millón el año pasado. La situación de la operadora china abre una serie de interrogantes. ¿Por qué ocurrió esta caída de la producción, aparejada a una abrupta disminución de las inversiones y despidos? ¿Qué establecía la ley de prórroga de 2010 y qué modificaciones podrían realizarse de cara a futuras negociaciones? ¿Qué busca Sinopec? ¿Vender sus áreas en el país o forzar a una nueva prórroga? Cualquier respuesta posible también debería ser leída en clave geopolítica. China se convirtió, en los últimos años, en un socio estratégico de la Argentina y lo seguirá siendo en el actual contexto nacional.
Las inversiones en el sector petrolero no se establecen de manera anual sino por quinquenio (5 años) o lo sumo, por bloques de tres años. El otro dato a tener en cuenta es que, por regla general, las prórrogas se negocian varios años antes de que finalicen las concesiones por el mismo objetivo de previsibilidad. Los dólares que se invierten en un nuevo pozo, tardan varios años en repagarse.
¿SE ACTIVAN LOS TELEGRAMAS?. La empresa china continúa con la amenaza de despedir a más de un centenar de trabajadores. Los gremios en alerta.
Por lo tanto, la provincia de Santa Cruz tiene ante sí un caso emblemático que será el puntapié para establecer nuevas condiciones a la hora de licitar –o renovar- áreas petroleras que permitan fijar un horizonte claro y pautado de inversiones sostenidas en el tiempo, que beneficie tanto a las operadoras como al Estado, dueño del recurso.
En 2010, Sinopec negoció la prórroga de sus áreas dentro de la provincia; en aquel entonces, la Legislatura local sancionó la Ley 3129 para extenderle sus operaciones hasta el 2027. Primer dato: si bien existía una ley marco para las prórrogas como la Ley 3117 (con especificaciones claras), los funcionarios de entonces decidieron una suerte de legislación adhoc para el caso de Sinopec; lo mismo ocurrió con otras concesiones.
La empresa china consiguió la prórroga de 15 áreas, por lo tanto debía fijarse un plan de inversiones por cada una de ellas, según establecía la Ley 3117. Pero ocurrió lo contrario: la norma adhoc 3129 le permitió establecer un “total de inversiones por las 15 áreas” sin especificar mínimos de erogación por período o área. La letra chica de esa renegociación es clave para comprender la actual situación de la compañía.
Para el período 2010-2027, Sinopec debía invertir 1931 millones de dólares por el total de áreas, inversión que no fue suficiente para sostener el ritmo de producción y la contratación de mano de obra. ¿Qué hizo la empresa? En los primeros cuatro años concentró el 70,46 por ciento de la inversión total, erogación que no fue distribuida de manera equitativa sino que aproximadamente 1500 millones se concentraron en sólo 4 áreas, según el sumario administrativo resuelto por el Instituto de Energía. En el caso de Bloque 127, Cerro Overo y El Cordón hubo cero perforaciones entre 2009 y 2019.
Dentro del período analizado, el pico de producción ocurrió en 2012, con 129 pozos perforados. Desde entonces, la producción y la exploración de nuevos pozos no ha dejado de caer. En 2013, la empresa perforó 94 pozos, 79 al año siguiente, mientras que en 2015 cayeron a 31. En 2019, sólo perforó un pozo.
Lo paradójico de esta situación es que la operadora invirtió no sólo lo que había estipulado en 2010 sino que sobrepasó ese número en más de 300 millones de dólares. Entre 2010 y 2019, Sinopec desembolsó 2.256,8 millones de dólares, un 16,82 por ciento más que lo previsto en el contrato original.
Si se invirtió más de lo pautado, ¿cómo se explica la situación de crisis que pone en jaque la estabilidad laboral en el sector? El problema de fondo es que la mayor parte de esa inversión se concentró en sólo 4 áreas y fue ejecutada en su mayoría en los primeros años de la prórroga, tal como determinó el IESC. Por ejemplo, el año pasado invirtió 31,4 millones de dólares, un 60 por ciento menos de lo que estaba previsto.
Entonces, la incógnita que se genera, para pensar en un posible nuevo marco regulatorio, es la siguiente: ¿cómo manejar o gestionar las inversiones para las nuevas concesiones o prórrogas? El objetivo del Gobierno provincial es que las operadoras dejen de manejarse de manera tan discrecional.
Tampoco puede obviarse del análisis de la crisis que envuelve a Sinopec lo sucedido durante la vigencia de la Alianza Cambiemos, donde hubo una clara señal de desinversión en todo lo que no fueran recursos no convencionales o Vaca Muerta. Todas las petroleras desinvirtieron en la provincia. Pan American Energy (British Petroleum y Bridas Corporation, que a su vez está integrada por el grupo Bulgheroni y la china CNOOC) redujo su producción en un 29 por ciento (2010-2019) y lo mismo ocurrió con YPF.
La empresa con mayoría estatal pasó de una inversión de 1028 millones de dólares en 2015 a solamente 274 millones en 2018, es decir un derrumbe del 73 por ciento. La desinversión registrada durante la Alianza Cambiemos estuvo acompañada por una merma en la producción de crudo en la Cuenca del Golfo San Jorge del 17 por ciento, aproximadamente. Al poner la lupa sólo en Santa Cruz, esa caída fue del 20 por ciento.
Este nivel general de desinversión repercutió directamente en la estabilidad laboral del sector. En diciembre de 2015 había 10.395 trabajadores petroleros en la provincia mientras que al segundo trimestre del 2019 (último dato desagregado del Ministerio de Trabajo de la Nación) eran 6953. Se destruyeron 3442 puestos directos.
La empresa china continúa con la amenaza de despedir a más de un centenar de trabajadores, en un sector que ya fue duramente golpeado por el contexto de desinversión durante la Alianza Cambiemos.
En su defensa, Sinopec reafirma que ya invirtió 2200 millones de dólares, por ende, lo establecido en la Ley provincial 3129 ya estaría saldado. Visto desde una planilla de Excel, como le gustaba decir al ex ministro de Energía Juan José Aranguren, esto efectivamente es así. Sin embargo, en ningún lugar del mundo se puede hacer política económica / productiva (ni social) desde una planilla de cálculo, ni guiados por variables netamente contables. ¿Cuál será el horizonte para los 7 años que le quedan de concesión?
Desde el Gobierno provincial sostienen que en función de la Ley 17.319 (Ley de Hidrocarburos), la empresa china estaría obligada a invertir los máximos recursos posibles para asegurar la máxima producción, algo que dejó de hacer hace varios años. Es decir, no importa si ya cubrió “su cuota” sino que estaría obligada a seguir invirtiendo para extraer la mayor cantidad de crudo posible.
La CGT Zona Sur reclamando en el ingreso al Instituto de Energía. FOTO: JOSÉ SILVA
El artículo 31 de dicha norma sostiene lo siguiente: “Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas”.
Este inciso de la normativa vigente podría marcar las pautas para un nuevo esquema legal en la provincia, u obligar a Sinopec a incrementar sus inversiones.
La empresa china es una de las más grandes del país asiático. ¿Cuál es su objetivo en la Argentina? A pesar de que concentró el 70 por ciento de sus inversiones en los primeros años de la prórroga y derrumbó su producción en un 50 por ciento, tal como fue explicado en estas páginas, entre 2017 y 2018 anotó (¿contablemente?) una suba de sus reservas.
Cualquier “lego” en la materia podría preguntarse lo siguiente: ¿cómo es posible que hayan aumentado las reservas si bajó la producción y la inversión? Y si efectivamente aumentaron, ¿por qué no extrajeron más crudo?
Las “reservas” son una medida económica; representan la cantidad de dinero que una operadora podría obtener en el tiempo. Entonces, ¿por qué anotaron un aumento? Una respuesta posible podría ser que la compañía pretende vender sus áreas –las interesadas serían CGC e Interoil- o que quiere negociar una nueva prórroga con el Gobierno provincial. Su carta es que ya invirtió un 16 por ciento más de lo que se había establecido en 2010. Sobre esa base, y por los inconvenientes generados con la prórroga de 2010, la provincia apuesta a modificar la legislación vigente para regular a todo el sector y generar mayores condiciones de previsibilidad.
El Gobierno Provincial tiene un objetivo central: lograr que en cada nueva concesión quede establecido un horizonte pautado de inversiones que no haga tambalear a todo el sector por problemas puntuales o coyunturales de una operadora.
La madurez de la Cuenca del Golfo San Jorge permite establecer con precisión cuántos metros cúbicos de crudo podrían sacarse por día en cada nuevo pozo. Con este nivel de precisión –informe que está en su etapa final de elaboración- se podría establecer, en cada nuevo contrato, cuántos pozos nuevos podrían hacerse en 10 años. ¿De qué serviría esto? Evitar la discrecionalidad dispensada por Sinopec, que en 2019 perforó solamente un pozo nuevo.
Alicia Kirchner en reunión con autoridades chinas para intentar una solución al conflicto con la petrolera de ese país Sinopec.
Por otro lado, si la inversión en el sector se establece por quinquenio o en bloques de tres años, se está pensando en garantizar porcentajes mínimos de inversión (quizás un 30 por ciento por período) para evitar la concentración de recursos en los primeros años de la prórroga. ¿Qué se obtendría? La estabilidad laboral en el sector durante la totalidad de la concesión.
Otro de los posibles cambios (para todas las nuevas prórrogas y no sólo en el caso de Sinopec) apuntará a evitar que las operadoras puedan pasar, contablemente, inversiones de un período a otro. Esto iría de la mano del piso mínimo de inversión por cada período.
Además, las erogaciones pautadas deberían discriminarse por área y no de manera global como ocurrió con la empresa china. ¿Cuál es el objetivo de este posible cambio? El Estado provincial podría recuperar aquellas áreas que sean consideradas “poco rentables” y colocarlas a licitación para que otras empresas, quizás más pequeñas, continúen con la operación con un esquema diferencial de inversiones y condiciones laborales.
También podría regularse el rubro “otras inversiones”, donde las operadoras suelen esconder el pago de indemnizaciones por despidos. Muchas veces ocurre que en los balances dicha categoría aparece sobredimensionada; por lo tanto, se trabaja sobre la idea de que “otras inversiones” no supere el 10 por ciento de la inversión total.
El objetivo de máxima es que exista previsibilidad en el horizonte de inversiones a largo plazo; es decir que el Estado provincial tenga las herramientas necesarias para auditar la evolución de esos desembolsos –claves para sostener la producción y los ingresos por regalías-y que haya estabilidad en la cantidad de obreros en el sector. “Que el problema de una operadora no tire abajo la producción ni desestabilice a la industria”. Por ahí avanza la cuestión.
+La empresa Sinopec derrumbó su producción en un 50 por ciento entre 2010 y 2019.
+Desde su prórroga en 2010, invirtió 2.200 millones de dólares que no alcanzaron para mantener los niveles de producción y la estabilidad laboral.
+Del total invertido, el 70 por ciento se concentró durante los primeros años de la prórroga y el 75 por ciento fue destinado sólo a 4 áreas.
+Sobre la base de esta situación, la provincia de Santa Cruz está pensando en un nuevo esquema legal para las prórrogas de concesiones, que sirva para regular a todo el sector.
+El objetivo será mantener un horizonte previsible de inversiones en el largo plazo para garantizar la estabilidad laboral y el nivel de inversiones que repercute en las regalías que recibe la provincia.
+Entre los cambios que se estudian está la posibilidad de fijar pisos mínimos de inversión -30 por ciento- por cada período (bloques de 3 o 5 años).
+También se especificará que en los contratos las inversiones deben quedar discriminadas por área, tal como establecía la Ley 3.117.
+Se fijará un límite para el rubro “otras inversiones”, utilizado por las operadoras para esconder los despidos vía pago de indemnizaciones.
+El objetivo de fondo del Gobierno Provincial es que el problema puntual de una operadora no desestabilice todo el sector petrolero.
