El mensaje del presidente incluyó un tramo sobre la producción que generó expectativas en dos actividades que se desarrollan en zonas económicamente castigadas de la provincia como lo son el norte y la Puna.

Con una producción de gas y petroleo que se derrumbó en estos últimos diez años en la provincia, el anuncio de Alberto Fernández de una nueva ley que regule la actividad Hidrocarburífera y minera con la vista puesta en que se conviertan en “palancas para el desarrollo productivo de nuestro país”, genera expectativas en el sector y esperanzas de revertir la tendencia negativa.

Si bien solamente se trató de un adelanto, del que ni siquiera dio plazos de cuando será presentado el proyecto, el presidente pronosticó un cambio de matriz de extracción y exploración que incluye a todas las provincias, y que no solamente se enfocará exclusivamente en la explotación de Vaca Muerta, tal como ocurre hasta ahora con precios y subsidios diferenciados, lo que generó un parate en el desarrollo económico y social de los pueblos petroleros por fuera de esa cuenca.

“Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo tecnológico y diversificado en todas las provincias argentinas, motorizando la creación de empleos de calidad, el desarrollo local de las comunidades, la innovación tecnológica, el desarrollo de nuevas empresas y la incorporación de los desafíos de la industria 4.0”, dijo Fernández en el Congreso.

Al anunciar el proyecto de ley, el mandatario señaló que el objetivo será que “promueva y estimule la inversión nacional e internacional en el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios que nos permita crear cientos de miles de empleos directos e indirectos en los próximos años”.

La cuenca Noroeste, compartida por Salta y Jujuy, es una de las cinco productivas que tiene el país y una de las más antiguas. Esa zona supo desarrollarse a principios del siglo XX al ritmo de la estatal YPF, que prácticamente fundaba ciudades en las que vivían los empleados que se encargaban de la extracción, y que mantenían un nivel de vida superior al resto de los trabajadores de otras actividades.

Hasta hace casi dos décadas, Salta era la segunda productora de gas del país y también ocupaba un lugar de privilegio entre las petrolíferas. Esas regalías permitieron a las gestiones de Juan Carlos Romero y de Juan Manuel Urtubey obtener millonarios préstamos para infraestructuras con la simple garantía que daba la extracción de esos hidrocarburos. 

De hecho el cuestionado Fondo de Reparación Histórico del Norte, con el que se hicieron algunas obras en los municipios del norte provincial, pero también quedaron otras pendientes, se constituyó con un crédito de 220 millones de dólares, garantizado por las regalías, que se terminará de pagar en 2022. Por lo que el gobernador Gustavo Sáenz tendrá la posibilidad en dos años de imitar a su antecesores, lo que además será potenciado si es que se logra revertir la tendencia a la baja en la producción.

Según datos de Secretaría de Energía de la Nación en los últimos diez años, la extracción de petróleo crudo en la cuenca Noroeste se redujo cerca del 64% y el gas natural lo hizo en un 50%.

La dificultad para la exploración y la falta de incentivos, acentuados durante el macrismo que subsidió la producción neuquina, llevó a que pocos operadores internacionales se interesasen por invertir en esta parte del país, sin embargo el año pasado se descubrió, luego de más de una década, un nuevo yacimiento en el área de Chirete, departamento Rivadavia, hoy conocido por ser epicentro de las muertes por desnutrición.

En 2018 también se lanzó desde Salta una licitación para la exploración de 12 áreas libres, que representan una superficie de 52.576 kilómetros cuadrados, que podría tomar un nuevo impulso con la futura ley. 

Pero la gran esperanza salteña continúa siendo la formación conocida como “Los Monos” que albergaría un potencial gasífero no convencional de unos 15 trillones de mtros cúbicos en un área de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, según estudios técnicos desarrollados hace casi veinte años por la empresa texana Schlumberger.

Por ahora el costo de la operatoria de exploración y el bajo incentivo que se da desde el Estado hace que todas esas suposiciones técnicas sigan siendo de carácter especulativo, a la espera de inversionistas.

“En materia minera también tenemos grandes posibilidades pendientes, con pleno respeto a estándares ambientales y participación social. En particular, la minería metalífera y la del litio se presentan como grandes oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas”, señaló Fernández en el discurso de apertura y de esta manera se refirió a uno de los recursos mineros que más futuro tiene en la provincia.

Salta se encuentra a la vanguardia en las inversiones mundiales para la explotación de litio, que solo en el 2018 alcanzó un total de US$ 1.525 millones presupuestados en proyectos exploratorios que en breve podrían traducirse en plantas de extracción.

En estas horas se reconfirmó que la empresa china Ganfeng Lithium International, comenzará a construir en el Salar de Llullaillaco a fines de este año una planta de cloruro de litio en estado sólido con una capacidad productiva de 20.000 toneladas al año.

Este anuncio llega justo después que la francesa Eramet, congeló un proyecto de producción de litio, que implicaba un desembolso de 600 millones de dólares en el salar Centenario-Ratones. La empresa argumentó como causas la incertidumbre económica y la situación cambiaria de la Argentina. Durante la última visita de Fernández al país galo, el presidente Emmanuel Macron le planteó puntualmente por el caso de esta minera. 

Actualmente se cuentan unos 50 proyectos de exploración en la Puna salteña y se espera que por lo menos cuatro puedan pasar a una fase productiva en el próximo lustro. 

Una nueva ley que fomente las inversiones podría llevar a una de las zonas geográficas históricamente relegadas del circuito productivo, a convertirse en el centro industrial de la provincia, lo que incrementa además el desafío de lograr una actividad extractiva sustentable que no genere consecuencias ambientales perjudiciales para los habitantes y fauna del lugar.