RUBÉN LÓPEZ PÉREZ
Las cifras de la economía de Venezuela siguen lejos de mostrar una mejora. El producto interno bruto (PIB) entre 2013 y 2019, el tiempo que lleva Nicolás Maduro al frente del país, ha caído un 65,1% hasta menos de US$100.000 millones, mientras que la renta per cápita está algo por encima de los US$2.700.
El comercio con Colombia es bajo, pues se estima que el dato total de este rubro es de US$237 millones, tras una caída de 50% respecto a 2018, según la Cámara Colombo Venezolana.
Y el sector petrolero, que siempre aportó la bonanza económica del país, hoy tampoco está en su mejor momento. Las cifras de la Opep estiman la producción diaria entre 800.000 y 900.000 barriles diarios; en diciembre, el país bombeó 21,42 millones de barriles. De hecho, los ingresos de este sector serían de US$16.267 millones en 2019, lejos de los más de US$30.000 de 2018.
Además, la inflación acumulada en el 2019, según las estimaciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, sería 7.373,4%, mientras que el Banco Central de Venezuela la cifró en US$9.585,5%.
No obstante, pese a todos estos datos que muestran la imagen actual del país vecino, el Gobierno de Maduro ha venido implementando una agenda de cambios que apuntan hacia la apertura de su economía, un camino que, según los expertos, tiene como referencia el modelo chino.
“Hoy hay un debate muy fuerte sobre la ‘chinización’ del modelo económico venezolano, y es un tema que está en la agenda, que desde lo político se ratifica el carácter socialista de su ideología, pero con un proceso de apertura”, explica Víctor Álvarez, economista e investigador venezolano, además de Premio Nacional de Ciencias.
Como agrega Álvarez, “se ha iniciado una pequeña liberalización económica. Esta, claramente, es desordenada, no responde a un plan estructurado y no es seguro que tenga las mejores medidas posibles, pero es innegable que el Gobierno está tomando medidas para flexibilizar los rígidos controles que han estado presentes por 17 años”.
En este plan hay diversas acciones. Una de ellas tiene que ver con lo relacionado con el tema cambiario, pues como señala Álvarez, “se derogó la ley que impedía que los venezolanos pudieran tener dólares en efectivo. Además, se han eliminado 39 convenios que regulaban todas las operaciones económicas”. Ahora, el conocido como Convenio Cambiario N°1 permite la libre convertibilidad de la moneda en el país.
Otra medida ha sido la Resolución 19-05-01 del Emisor, la cual activa las ‘mesas de cambio’ en la banca privada para la compra-venta directa entre particulares. “Esto lo que supone, básicamente, es que el Estado dejó de monopolizar el manejo, lo que permite que no se restrinja la entrada de divisas”, dice Álvarez.
Asimismo, la Providencia 00071 que emitió el Gobierno permite ahora que en Venezuela se puedan hacer facturas en dólares, mientras que la Resolución 19-09-02 del BCV hace posible que los créditos al comercio y las empresas puedan indexarse a la tasa de cambio oficial con el dólar.
“Algunas de estas medidas suponen un cambio muy radical, las cuales han generado una especie de espejismo que podría consolidarse o terminar siendo una burbuja que revienta. Pero es cierto que en el segundo semestre del año pasado se empezó a apreciar cierto nivel de recuperación en la actividad, en comercio y en servicios. Muestra de ello son el ‘boom’ de los denominados bodegones, supermercados donde se puede conseguir de todo”, apunta Álvarez.
Por su parte, Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, afirma que “si bien se ha venido hablando de cierto nivel de apertura, esta encuentra un obstáculo, que es el pobre desempeño económico.
Eso sí, hay que mencionar que la inflación y el crecimiento han mostrado comportamientos más favorables. Los planes de liberalización pasan por dos áreas: permitir una mayor participación del sector privado, en el que se han venido cediendo funciones e implementan más la practicidad que la ideología, y el otro es la dolarización de facto. Incluso Maduro dijo que no ve con malos ojos ese proceso”.
Mientras tanto, Alfonso Molina, escritor venezolano y editor de Inteligencia Petrolera, no cree en la liberalización. “No se puede hablar de apertura, sino de una burbuja dolarizada ante la incapacidad adquisitiva del bolívar.
Con una inflación que supera el 7.000% es imposible reactivar la economía, y no va a existir estabilización porque la inmensa mayoría de la población no tiene capacidad de consumo. Además, no se estimula el aparato industrial en ningún orden y Pdvsa está en su peor momento productivo”.
Sumado a esto, también han existido críticas dentro de Venezuela por estas medidas, pues algunos apuntan a que se le está dando muchas ventajas a empresas chinas o rusas, por encima de las nacionales.
En el sector petrolero, la industria principal del país, se está trabajando en uno de los principales cambios que se registrarían en cuanto a la apertura económica del país, a través de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Mediante esto se busca eliminar el tope establecido en la IED para el sector hidrocarburífero, que en la actualidad se encuentra en el 49% del accionariado de las empresas.
Es decir, la regulación permitiría que empresas extranjeras pudieran ser accionistas mayoritarios. “Ante las sanciones a Rosneft y los cuellos de botella que presenta la industria petrolera en el país, el Gobierno sabe que la única forma de mejorar ese sector es ofrecer más incentivos a las firmas extranjeras. El objetivo real es hacer estos negocios tan atractivos que compañías como Chevron o Halliburton hagan lobby en Washington y se prorroguen las licencias”, resalta Álvarez, quien fue director de Pdvsa en el pasado.
El problema es que como esta medida tendría que contar con el aval de la Asamblea Nacional, el plan B del Gobierno es avanzar en esa dirección mediante la cesión de los contratos de extracción de petróleo.
En el tema monetario se estaría dando otra de las grandes transformaciones económicas en las que está trabajando Venezuela, la cual tiene como principal protagonista al petro, la criptomoneda del país.
Tal como afirma Álvarez, “el papel del petro es el de ir supliendo el bolívar, pues este dejó de funcionar como signo monetario. Ya son muy pocos los precios en esa moneda, pues Venezuela ya está dolarizada, por lo que perdió su función de medir los precios. Además, las operaciones de compra-venta se hacen en la divisa de Estados Unidos, así que ya no sirve como medio de pago. Y, por último, nadie ahorra ya con esa denominación.
El problema es que la narrativa socialista del Gobierno mostraría la dolarización como una vergüenza, por lo que la criptomoneda es la manera de dolarizar indirectamente la economía del país”.
Este camino ya está en proceso. De hecho, el Decreto N° 4096 establece la ‘petro reforma’, con la que ya se ha empezado a desplazar al bolívar. De hecho, el Gobierno de Maduro hizo su primer proyecto piloto en Navidad, cuando regaló a los funcionarios del país el ‘petroaguinaldo’, que consistió en media criptodivisa, por un valor de US$30.
“La economía está dolarizada, pero hay segmentos como los funcionarios o pensionados que cobran en bolívares. Así, teniendo en cuenta que el salario mínimo en el sector privado es de unos US$60 o US$70, la idea es ‘petrificar’ ese cifra y que el ingreso base del sector público sea un petro, que vale US$60 y no los US$6 actuales”, señala el economista venezolano.
Las anteriores serían algunas de las principales medidas que ha adoptado el gobierno de Venezuela para impulsar su apertura, que estarían acompañadas de otras como el encaje bancario, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.620, u otras acciones de corte comercial, como el régimen de importaciones, la ley de aduanas, o las cuentas de uso general para el pago de exportaciones. Incluso, recientemente se aprobó la posibilidad de tener depósitos en dólares en el país.
Más allá de las medidas económicas que se han adoptado, o incluso de la posibilidad de que estas tengan realmente un efecto económico positivo en Venezuela, la otra gran área de problema es la crisis política en la que está el país, bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos y los dos gobiernos tras la aparición del líder opositor, Juan Guaidó.
Álvarez considera que la mejor fórmula para mejorar la situación es un gobierno de coalición, en la que ambos aporten sus capacidades. “La gran tragedia del país es estar secuestrada por dos élites políticas que apuestan por exterminarse la una a la otra.
Lo que necesita el país es que se pongan de acuerdo y usen sus capacidades para mejorar Venezuela, pues ninguno de los dos podrá solo. Un gobierno de Guaidó enfrentaría la fuerte oposición del chavismo, lo que lo haría ingobernable, y tendría la presión de entregar resultados en seguida para mantener el apoyo”.
