Energía, un área que en los albores de su gobierno el presidente Alberto Fernández consideró clave para “encender” la economía, sigue en medio de una parálisis decisoria que preocupa a protagonistas y analistas del sector y que podría afectar a grandes usuarios y a consumidores residenciales tanto de gas como de electricidad.

Las indefiniciones tienen que ver con la pendiente restructuración de la deuda, que el Gobierno se propuso tener resuelta para fines de marzo, pero también con disputas internas sobre cuál debe ser la política energética y quiénes los encargados de llevarla adelante. Mientras tanto, las decisiones se van postergando y los problemas se van apilando.

Por caso, usualmente en febrero las autoridades de Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (sucesora de Enarsa, la empresa que a fines de 2004 había creado el kirchnerismo por iniciativa del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno) tienen iniciado el proceso de contratación de cargas de Gas Natural Licuado (GNL) para las estaciones de regasificación de Bahía Blanca y Escobar para satisfacer la demanda invernal.

El procedimiento lleva su tiempo y de continuar la demora podría complicar la provisión de gas en invierno. Pero el gobierno no ha designado aún ni al presidente ni al nuevo directorio de Ieasa.

La mora también implica desaprovechar la actual abundancia y bajos precios del gas en el mercado mundial, gracias al benévolo invierno del hemisferio norte y la fuerte caída de la demanda china. En cualquier caso, contratar las cargas en el mercado spot o muy cerca de la fecha de entrega tiende a aparejar un mayor precio.

En el invierno 2019 la importación de gas significó apenas el 10% del total consumido en todo el país, debido a un aumento de 5% en la producción local y una disminución de similar magnitud en la demanda tanto de grandes usuarios como residenciales. En años anteriores, el porcentaje de gas importado (tanto por gasoducto como por barco) había llegado al 30% del consumo total del país.

Además, como precisó un informe del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), la producción, que en 2019 había crecido gracias a la extracción de hidrocarburos no convencionales y, en particular, a la formación Vaca Muerta, está flaqueando: menos equipos en producción y mayor conflictividad laboral, por el congelamiento de precios y dudas sobre la regulación para quienes inviertan en el desarrollo de “no convencionales”. Mientras el llamado “blindaje” o alguna otra solución que destrabe el conflicto y encienda la producción sigue pendiente, hasta El País de España alertó sobre la “parálisis de la joya petrolera argentina”.

También la subasta de gas por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa, la empresa mixta que en el sistema eléctrico hace de nexo y amortiguador entre generadoras, transportistas y distribuidoras) y grandes distribuidores y consumidores de gas, venía atrasada, pero finalmente se hizo a través del Mercado Electrónico de Gas de la Bolsa de Comercio. De ella surgió un valor promedio de 2,35 el millón de BTU, 6% por debajo del valor de febrero. Se trata de un precio clave pues, como precisa el economista energético Alejandro Einstoss Tinto en una nota de “Nuevos Papeles”, el gas representa el 50% de la energía que se consume a nivel nacional y se utiliza como combustible para generar el 65% de la energía eléctrica.

Si bien ese precio es 6% inferior al de la última subasta, está lejos del piso al que había llegado por un mercado antes sobreofertado. Marzo es un mes de baja demanda estacional: ya no hace tanto calor para que los acondicionadores de aire traccionen la demanda de electricidad, ni frío como para que traccionen el consumo directo de gas para calefacción. Lo que sí aparece como tendencia firme es la caída en la producción de gas.

Hasta ahora, la principal decisión del Gobierno en materia energética ha sido el congelamiento de tarifas y combustibles hasta el 30 de junio a través de la Ley de Emergencia Económica. Esto le facilitó una baja en la inflación de enero, que espera confirmar en febrero.

Pero el congelamiento tiene sus costos. Entre ellos, la ya mencionada ralentización productiva y los conflictos en Vaca Muerta y deudas que comienzan a acumularse en un sistema que no se sabe qué forma tendrá después del 30 de junio.

Tanto el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en sus charlas con el FMI, como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitieron la intención de salir del congelamiento, pero fueron luego desautorizados por el propio presidente.

El episodio se coronó con un severo tuit del reo Julio De Vido, desde la prisión domiciliaria que cumple en su chacra de Zárate. El ex ministro de Planificación Federal bautizó a Kulfas “bastonero del aumento”, le endilgó ser “uno de los críticos más encarnizados de la política tarifaria de Néstor y Cristina” y cerró acusándolo ser “vocero del FMI en la materia”.

Sectores en pugna

El episodio ilustra los extremos de la interna energética, en la que De Vido vendría a ser un referente del “ala dura”, cercana al Instituto Patria, que tiene como candidatos a funcionarios a Federico Bernal, coautor junto a De Vido del libro “Néstor y Cristina Kirchner”, prologado por la propia vicepresidenta, y Antonio Pronsato, quien presidió el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) durante las gestiones kirchneristas tras la eyección de Fulvio Madaro a raíz del caso Skanska.

El sector duro intentó imponer como interventor del Enargas a Bernal, quien tiene a su favor a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), pero el albertismo, representado por Kulfas, resistió la embestida.

Mientras tanto, en el Enargas siguen los directores concursados durante la gestión macrista, y el ENRE se quedó sin presidente luego de la renuncia de su ex titular, Andrés Chambouleyron. Las internas y las moras burocráticas siguen dejando ravioles sin nombre.

Kulfas, para quien el fuerte retraso de precios de la energía y la bola de nieve de los subsidios fue un error de la política económica kirchnerista, es asesorado por Cristian Folgar, ex secretario de Combustibles, que fue precisamente quien diseñó el mecanismo de subastas de gas, luego de estudiar su funcionamiento en Estados Unidos. Folgar, además, es resistido por el sector duro por el activo rol que en los últimos años tuvo en el sector privado, una mácula para el kirchnerismo duro.

Un tercer sector responde al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien como ministro de Economía de CFK fue quien desplazó del manejo del sector energético al propio De Vido, que desde entonces le guarda un profundo rencor.

Kicillof logró “colocar” al actual presidente de Cammesa, Esteban Kiper y desde La Plata sigue los movimientos del tablero energético, con nombres de reserva como Gastón Ghioni y Nicolás Arceo. Fue precisamente ese sector, durante la gestión de Mariana Matranga en reemplazo del devidista Daniel Cameron, que Ghioni, sobre el final del kirchnerismo, eyectó malamente de Energía a la esposa de Folgar, Laura Hagg, quien ejercía funciones en el área legal. Rencores que perduran.

En tanto, el actual secretario de Energía, Sergio Lanziani, debió soportar de entrada la renuncia de dos funcionarios (Maximiliano Galli y Federico Martelli) y que Kulfas le imponga al secretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales.

Desde los otros sectores en pugna señalan que Lanziani no sería parte de un futuro elenco energético, que no se termina de definir, así como tampoco se sabe cuál será su estructura: si Energía seguirá siendo una secretaría dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo, o pasará a la órbita de Presidencia o será elevada a Ministerio. En el entorno de Lanziani creen haber superado el mal momento inicial y apuntan la intensa actividad del funcionario, que se reunió con varios gobernadores y ministros de energía provinciales, parlamentarios, empresas del sector e incluso recibió a embajadores de países con intereses energéticos en la Argentina.

Más allá de afinidades o rencores, las indefiniciones de nombres y políticas suman consecuencias. El jueves 20, por ejemplo, Lanziani y Kiper recibieron a representantes de la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas. La “Mesa”, comunicó entonces la Secretaría, “representa a 600 cooperativas de 15 provincias que proporcionan servicio eléctrico a casi 8 millones de argentinos". Se habló de “equipos de trabajo” para que “den soluciones a los problemas de las Cooperativas y previsibilidad al sistema eléctrico”.

Pero más allá de las buenas intenciones hay un trasfondo de dinero derivado, precisamente, del congelamiento de tarifas. Al cabo del primer mes de 2020, dice el último reporte de Cammesa, el índice de cobrabilidad del sistema cayó a 47,67% y la deuda de las distribuidoras con el organismo saltó a $52.850 millones.

Paradójicamente, la principal deudora es EMSA, la distribuidora de Misiones, provincia de la que proviene Lanziani, el secretario del área, con nada menos que $8.168 millones. Edemsa, la distribuidora mendocina, debe $7.381 millones, EPE, de Santa Fe, $7.124 millones, y Edersa; de Río Negro, $4.398 millones, bien por sobre lo que deben las dos distribuidoras más grandes, Edenor ($1.505 millones) y Edesur ($1.374 millones).

Como abriendo el paraguas, en la semana que pasó Edenor publicó una solicitada en la que señaló que en los últimos cinco años había disminuido en 51,6% la cantidad de horas de corte por cliente/año gracias a $ 56.500 millones de inversión, pero advirtió “problemas a mediano plazo” por la reciente pesificación y reducción de pagos al segmento de generación.

En cuanto a las cooperativas, es dudoso que puedan regularizar sus deudas en un futuro previsible. Por caso, la de Comodoro Rivadavia debe $3.027 millones, la de Trelew, $1.959 millones, la de Puerto Madryn $1.090 millones y la de Sarmiento, que tiene a su cargo el mantenimiento del acueducto que alimenta del vital elemento a Comodoro Rivadavia, otros $606 millones, amén de la Dirección de Servicios Públicos de Chubut, que debe $482 millones. La provincia está prácticamente quebrada y vive colgada al cable de luz. Parecido es el caso de Tierra del Fuego, cuyas dos Distribuidoras (Dirección Provincial de Energía de Ushuaia y Cooperativa Eléctrica Río Grande) deben en conjunto $2.182 millones, unos $14.000 por cada habitante de la provincia.

La incobrabilidad aumentó bruscamente, explicó un observador, porque al recibir la instrucción de no tocar los precios, las distribuidoras decidieron dejar de pagar la energía que reciben del sistema y facturan a sus usuarios. El déficit que allí se genera lo tienen que enjugar Cammesa, las generadoras o, de última, el presupuesto nacional. Otra vez la bola de subsidios que el albertismo y Kulfas quieren evitar pero con la que pueden chocar si no desactivan el mecanismo.

Un ejemplo extremo de la situación que atraviesa el sector es el precio de la acción de YPF, que el viernes cayó a su más bajo valor histórico. Es cierto que hay allí factores internacionales, como la baja de los mercados mundiales debido al coronavirus. Pero la petrolera, punta de lanza del desarrollo de Vaca Muerta y principal perjudicada por el congelamiento del precio de los combustibles, es un indicador de lo rápido que llegó el Gobierno a la disyuntiva que anteriores gestiones kirchneristas tardaron años en alcanzar y nunca lograron resolver.

Más temprano que tarde, el Presidente deberá laudar en la interna energética y darle a los ganadores el poder suficiente como para diseñar y ejecutar una política sectorial que permita, de verdad, “encender" la economía.