NESTOR O. SCIBONA
Con su notable ironía para describir cuestiones serias, el politólogo Andrés Malamud tuiteó días atrás por qué "la responsabilidad por las desgracias argentinas está en disputa: la mitad de los argentinos cree que es culpa de los peronistas. La otra mitad cree que es culpa de los antiperonistas. El resto del mundo cree que es culpa de los argentinos".
Esta lúcida síntesis es relevante en vísperas del mensaje de mañana del presidente Alberto Fernández en el Congreso y del mes decisivo para la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera con la auditoría del Fondo Monetario Internacional.
La frase final de Malamud alude a que, tanto en los países centrales como en los vecinos, ya es un lugar común no explicarse cómo la Argentina pasó en menos de un siglo de ser un país rico a tener 40% de pobreza, una inflación que la ubica en el podio mundial y un PBI per cápita que retrocedió 11% en solo 10 años tras una volatilidad económica semejante a un electrocardiograma. Ni tampoco cómo en los últimos 40 años la deuda externa atravesó tres resonantes defaults.
Los argentinos atribuyen esta decadencia a la dirigencia política peronista o antiperonista. Pero, cuando los resultados no son los esperados, suelen olvidar que fueron quienes alternativamente votaron por una u otra y pasan a reclamarle asistencia al Estado. Para ganar la elección, cada candidato promete entonces hacer lo contrario que su antecesor, rescatar a los damnificados, y termina por agrandar el tamaño del gasto público, ante el cual no hay presión tributaria que alcance. Esto explica los movimientos pendulares y las crisis recurrentes de la economía, sin evitar que las sucesivas "herencias" de una administración a otra sean cada vez más pesadas.
En la última década, la grieta política acentuó esta tendencia. Por eso el ensayista Alejandro Katz habla de la coexistencia en la Argentina de "dos países" que no dialogan entre sí y carecen de un proyecto de destino común ante la ausencia de consensos políticos. Por ahora estos no están a la vista.
Alberto Fernández no pasará por alto mañana ante la Asamblea Legislativa los problemas heredados de la gestión de Mauricio Macri (de hecho, lo hizo durante toda su campaña electoral). Pero, con números ciertamente más dramáticos, son similares a los que el expresidente había recibido de Cristina Kirchner y no consiguió resolver: recesión, inflación, pobreza y déficit fiscal, que financió con abundante endeudamiento externo y debió recurrir al auxilio del FMI. Así, el ahorro de gastos fue contrarrestado con creces por la cuenta de intereses. A favor de Macri pueden computarse dos logros poco tangibles para la opinión pública (como el fin del déficit energético y la mejora del superávit comercial, aunque por retracción de importaciones). Y un tercero que implica un homenaje al recientemente fallecido Jorge Todesca: la rápida recuperación de la credibilidad en las estadísticas del Indec, reconocida por todo el arco político. Afortunadamente, su sucesor, Marco Lavagna, promete seguir el mismo camino de profesionalización para mantenerlo alejado de presiones políticas y manipulaciones.
Precisamente, el "prontuario" del kirchnerismo en el manejo de la economía no contribuye a mejorar la confianza de quienes no votaron al gobierno de Alberto F. y menos cada vez que CFK toma la palabra. Otro tanto ocurre en los mercados externos. Hay quienes hablan de diferencias entre el Grupo Callao y el Instituto Patria que demoran definiciones en el área energética, especialmente para impulsar la producción exportable de Vaca Muerta. También los que sostienen que una iniciativa razonable como modificar el deficitario régimen jubilatorio del Poder Judicial encubre la intención de provocar un retiro acelerado de jueces y fiscales para cubrir las vacantes con militantes, lo cual requeriría un debate más profundo que la media sanción exprés en Diputados con quorum forzado. No faltan tampoco los que piensan que el inminente anuncio del proyecto de despenalización del aborto busca desviar la atención del debate económico. O sea, más de lo mismo.
En cambio, el Presidente aceptó una tregua transitoria con las entidades rurales y no incluirá en su discurso la suba de 30 a 33% en las retenciones a la soja (prevista en la ley de emergencia), después de haber cerrado el registro de exportaciones. Probablemente adopte un esquema segmentado en función de las distancias a los puertos de embarque. Pero eso no quita que la Argentina siga siendo el único país que aplica derechos de exportación y que muchos productores deberán cosechar con un dólar equivalente a $43, frente a costos de insumos y servicios que oscilan entre $62 y $80. A esto se suman la cesación de pagos de la exportadora y procesadora Vicentín y el "cisne negro" que implica la pandemia de coronavirus en los precios internacionales agropecuarios.
Aunque las prioridades del Gobierno están incluidas en los títulos de las leyes de solidaridad social y reactivación productiva (subas de impuestos para mejorar la situación de los sectores de más bajos ingresos, desindexar la economía y reactivar el consumo), así como en la de sostenibilidad de la deuda externa (para reestructurarla cuanto antes y evitar un default), la Argentina arrastra otros prontuarios y asignaturas pendientes en estos terrenos.
Un reciente informe de Idesa sostiene que el sector público argentino (la Nación y las provincias) está diseñado para gastar por encima de sus recursos. Así, resalta que entre 1960 y 2019 registró 54 años con déficit fiscal, que, acumulados, fueron equivalentes a casi dos veces y media el PBI. La excepción fue el quinquenio 2003/2008, cuando el superávit (sin contar los juicios previsionales) representó 7% del PBI, en condiciones difícilmente repetibles (deuda en default, precios internacionales récord de las materias primas y fuerte crecimiento de Brasil). La conclusión de la entidad es que el FMI, al admitir que la deuda es insostenible y el ajuste fiscal inviable, está diciendo que la Argentina no tiene capacidad política para ordenar su sector público, que seguirá siendo deficitario, y, por lo tanto, "no es un país merecedor de acceso al crédito, con lo cual solo quedaría el financiamiento vía emisión inflacionaria, que garantiza la persistencia de la decadencia".
Desde otro ángulo, el economista Carlos Leyba advierte que tanto la alta inflación cuanto la deuda externa contraída desde 1976 (a la que bautizó "señora de las cuatro décadas", parafraseando a Ricardo Arjona) son síntomas y no causas del problema. Que, a su juicio, reside en que los sucesivos gobiernos dejaron de pensar en el largo plazo; en la generación de incentivos a la inversión reproductiva, y en la consolidación de instrumentos financieros de largo plazo. En otras palabras, que el necesario ajuste fiscal no es un fin en sí mismo, aunque requiera necesarias medidas de austeridad estatal, y debe complementarse con un programa consensuado políticamente que permita un crecimiento sostenible y mejor distribuido del PBI a base de mayores inversiones, exportaciones y creación de empleos genuinos para bajar la pobreza y la desigualdad social.
En este sentido, un trabajo publicado por el académico Martín Rapetti (director de Desarrollo Económico del Cippec) indica que en el período 1960-2018 la Argentina sufrió 14 recesiones y 22 años de variación negativa del PBI (solo superada por el Congo), con una tasa de crecimiento promedio de apenas 2,3% anual (la menor de América latina). También recuerda que una reactivación de la demanda genera la típica restricción externa estructural (déficit comercial) debido al alto componente de insumos importados de los bienes de consumo durables, además de un conflicto distributivo entre las demandas sociales y la capacidad productiva. Como estrategia, sostiene que la Argentina necesita generar dólares a través de un crecimiento de la producción transable y empleadora de mano de obra, que abarca a actividades agroindustriales, manufactureras y de servicios como los del conocimiento y el turismo, sin que el crecimiento de la oferta dependa exclusivamente de la producción de recursos naturales. A su juicio, un tipo de cambio suficientemente competitivo es un estímulo necesario a la expansión de este conjunto de actividades clave para el desarrollo económico, junto con el requisito de una macroeconomía estable y políticas sectoriales más focalizadas. También propone la creación del Consejo Económico y Social tripartido, que busque armonizar el conflicto dólar competitivo-salarios para un desarrollo diversificado de la canasta exportadora.
Con estas asignaturas pendientes, la economía argentina sigue dividida entre quienes tienen bajos ingresos y no pueden gastar y quienes atesoraron dólares, pero no se animan a invertirlos por desconfianza.
