Contrató al bufete de abogados Sullivan & Cromwell (S&C) LLP, de Nueva York por US$ 1,6 M
SANTIAGO SPALTRO Y SEBASTIÁN IÑURRIETA
La Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce el abogado cordobés Carlos Zannini, contrató hace tres semanas al bufete de abogados Sullivan & Cromwell (S&C) LLP, con sede en Nueva York, Estados Unidos, para reforzar la estrategia legal de la Argentina en el juicio por la estatización de YPF.
Para ello, el Estado destinará u$s 1,6 millones o $ 96,2 millones en una contratación directa para contar durante diez meses con los servicios profesionales y comerciales de un "estudio jurídico de reconocida solvencia profesional, experiencia en litigios internacionales complejos y trayectoria" en la jurisdicción de Nueva York.
Sullivan & Cromwell trabajará a la par de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom en la representación legal de la Argentina ante la jueza de primera instancia del segundo Distrito Sur, Loretta Preska, en el juicio que lleva adelante el fondo Burford Capital Limited, que compró a la familia Eskenazi las acciones de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora por la renacionalización de la petrolera.
Allí, Burford busca que se mantenga la jurisdicción de Nueva York y obtener entre u$s 1500 millones y u$s 9000 millones -según la valuación que oportunamente se realice- por una sentencia favorable.
El estudio de abogados que contrató Zannini el 5 de febrero, mediante un proceso que se inició el 23 de enero de este año, también actuará en la denuncia de Eton Park Capital Management, Eton Park Master y Eton Park Fund, que también compró el fondo que denuncia a la Argentina.
El Estado le pagará u$s 1,2 millones a Sullivan & Cromwell por la "elaboración y presentación del escrito en el incidente de moción por desestimación por foro no conveniente" (forum non conveniens) y otros u$s 400.000 por "toda otra actividad procesal posterior vinculada con el incidente, incluyendo una eventual audiencia donde los abogados de las partes deban exponer oralmente".
El objetivo final del Gobierno es que el caso se traslade a Buenos Aires y sea juzgado por tribunales locales, por tratarse de una decisión soberana del Estado, administrado en el momento de la renacionalización por Cristina Fernández de Kirchner.
El Estado le pagará u$s 1,2 millones a Sullivan & Cromwell por la "elaboración y presentación del escrito en el incidente de moción por desestimación por foro no conveniente" y otros u$s 400.000 por "toda otra actividad procesal posterior vinculada con el incidente".
S&C ya venía defendiendo al Estado en el caso Aurelius, que enjuició a la Argentina por una supuesta alteración de sus estadísticas públicas, que habría perjudicado a los tenedores del Cupón PBI.
A principios de este 2020, la jueza Preska (que reemplazó en su sitio al fallecido Thomas Griesa) desestimó la denuncia por no haber encontrado mala fe en el procedimiento del Estado nacional. Ese buen resultado le valió a Sullivan & Cromwell ser tenido en cuenta para este proceso.
En caso de tener un fallo en contra, el Estado argentino se verá contra las cuerdas. La onerosa cifra, incluso, podría ser reestructurada como el resto de la deuda externa, ante las limitaciones financieras que atraviesa el país.
El valor bursátil de YPF es ahora inferior a los u$s 3500 millones, pero en 2014 se le había pagado a Repsol u$s 5000 millones por el 51% de las acciones.
La familia Eskenazi tenía el 25% al momento de la estatización y fue a la quiebra al no poder cobrar más los dividendos de la petrolera.
Consultado por El Cronista sobre los motivos para contratar estos servicios de manera directa y sin reemplazar al resto de representantes legales, Zannini se desligó de hacer comentarios.
