Son siete las provincias argentinas que prohíben la megaminería (o minería a cielo abierto) con uso de sustancias químicas como el cianuro o el mercurio en los procesos de producción (Mendoza, Chubut, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego). Otras provincias argentinas con tradición minera como San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, Santa Cruz, y Jujuy la permiten.

La ley 9209, sancionada a fines del 2019 con acuerdo del oficialismo y la oposición, dejaba sin efecto la prohibición de la ley 7772. Por el reclamo ambientalista y la protesta social la ley fue derogada. Chubut tiene la ley 5001 del 2003 que prohíbe directamente “la actividad minera metalífera (…), en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera” (art. 1).

Como hay sendos proyectos de inversión que están condicionados a esa tecnología de explotación, el Gobierno provincial se proponía seguir los pasos de Mendoza para revertir la prohibición. El precedente de la reacción social mendocina seguramente afectará los tiempos y la oportunidad de la decisión política.

Es legítima la preocupación por el impacto ambiental de la actividad minera, y toda actividad minera sustentable requiere la licencia social de las comunidades involucradas. Pero es la lamentable que el debate minero vuelva a plantearse en términos excluyentes: “minería sí, o minería no”.

Cuando la ideología se transforma en dogma, las visiones excluyentes, además de paralizantes, se vuelven absurdas. Para algunas posiciones ambientalistas extremas es deseable la prohibición de toda actividad minera.

¿Es imaginable la desaparición de la actividad minera en el planeta? ¿Se evalúa sobre base empírica las restricciones que se derivarían para el resto de los sectores productivos, empezando por la construcción, el transporte y las distintas actividades económicas? Convengamos que se paralizaría todo, también la posibilidad de desarrollar una estrategia sustentable para abordar los desafíos del cambio climático introduciendo más energía renovable.

En el caso de las turbinas eólicas, las torres utilizan bauxita, hierro, molibdeno y zinc para galvanización. Para los imanes y baterías, cobalto y cobre. Sin ellos, adiós autos eléctricos. Los paneles solares requieren cadmio, cobre, galio, indio, molibdeno, selenio, sílice; telurio para la construcción de las células fotovoltaicas, arsénicos para los semiconductores, y dióxido de titanio para los paneles.

Otro absurdo es creer que la actividad minera, por su impacto ambiental, está recluida al “patio trasero” de los países periféricos, mientras que los países centrales la prohíben. Es cierto que en muchos países “periféricos” hay explotaciones mineras que nos retrotraen a los horrores del peor colonialismo, pero también es cierto que Estados Unidos, Australia y Canadá figuran entre los cinco mayores productores y exportadores mundiales de casi todas las sustancias minerales comunes, desde cobre, plata, uranio, níquel, oro y hierro, hasta bauxita, aluminio, azufre y carbón.

También es un dato, que en esos países, no por opción, sino por condiciones geológicas de los yacimientos a explotar, el método que predomina, es la explotación a cielo abierto. Finlandia y Suecia, a la cabeza en los índices de desarrollo humano, figuran entre los 10 primeros receptores de inversión minera.

El potencial minero argentino aguarda definiciones de la política, y la política tiene que ponerse al frente del debate de la sustentabilidad y la licencia social. La disyuntiva “libre cambio o proteccionismo” fue inhibidora de progreso inclusivo en el siglo XIX, la disyuntiva “campo o industria” frustró el proceso de desarrollo en el siglo XX; no caigamos en la disyuntiva “medio ambiente o minería” en el siglo XXI.

En Chile y Perú hay intensos debates en torno a la sustentabilidad ambiental de la minería y a su licencia social, pero Chile exporta 29 mil millones de dólares de productos mineros y Perú 27.000. Nuestras exportaciones en el 2019 sumaron 3.700 millones.

Hace unos años una investigación demostró que si la prohibición de las siete provincias citadas se extendiera a toda la minería a cielo abierto que está en operación en otras provincias, quedaría afectado el 70% del producto minero nacional (4.900 millones de dólares en el año 2013) y el 80% de las exportaciones del sector (4.100 MM$US en 2013).

El superávit comercial minero, en aquel entonces de 2.336 millones de dólares se convertiría en un déficit de casi 1.000 millones de dólares. El Estado resignaría ingresos por 750 millones de dólares y se perderían cerca de 20.000 puestos de trabajo directo. Mientras la política difiera el debate y las definiciones sobre las mejores prácticas y el desarrollo sustentable de la minería, la sociedad quedará expuesta a dogmas que exacerban las “o” disyuntivas.

* Economista.