EDDY LAVANDAIO*
En la edición del 04 de febrero se publicó una nota titulada “Aspectos sociológicos sobre ambiente y minería en Mendoza”, redactada por los doctores Paula D’Amico, Gabriel Liceaga y Jorge Ivars, en el que explican un movimiento de masas sin tener en cuenta sus verdaderos orígenes y motivaciones, evidenciando, como mínimo, una llamativa tendenciosidad.
Afirman que desde hace 15 años se realizan actividades “formativas” en toda la provincia sobre la actividad minera. Curiosamente el comienzo de ese lapso coincide con las primeras de las muchas denuncias públicas hechas desde la Asociación Geológica de Mendoza (Mining Press, Nº12, 2005, Diario Los Andes, 06/11/06, y muchas otras) sobre la difusión de información distorsionada y datos falsos que se le estaba proporcionando a la población del Valle de Uco y de San Rafael y Alvear sobre la actividad minera.
Los argumentos antimineros introducidos en el país por la multinacional Greenpeace dos años antes, fueron distribuidos por la Pastoral Social de la Iglesia Católica a través de dos parroquias del Valle de Uco en un panfleto que, entre otras cosas, decía que la minería haría “un uso indiscriminado del agua en las nacientes de todos los acuíferos que irrigan los cultivos”.
Además están documentadas las maratónicas giras y conferencias de activistas del ecologismo como Javier Rodríguez Pardo, Hugo González, Héctor Correa y Daniel Núñez, que difundieron sus argumentos antimineros en escuelas primarias, colegios secundarios, uniones vecinales, cámaras empresarias y en medios de comunicación de las zonas antes mencionadas.
Rodríguez Pardo y González mentían, por ejemplo, afirmando que las mineras usan mucha agua y no la pagan.
Si bien hay mucho más para decir al respecto (la AGM lo hizo por diferentes medios) la idea fuerza que se inculcó y se incorporó a la cultura del pueblo (niños, adolescentes y adultos) es que la minería los va a dejar sin agua y con el ambiente todo contaminado. Y para que esto sea creíble tuvo el aval directo o indirecto de muchos políticos como Jorge Difonso, Fernando Solanas y Marta Maffei, y de profesores universitarios como Graciela Cousinet y Marcelo Giraud.
Por eso la gente sale a la calle absoluta y honestamente convencida de que le dijeron la verdad y por eso se manifiestan en pro de su propia subsistencia. No por nada salen a decir “sí a la vida, no a la minería”.
Sin embargo, toda esa construcción sociológica hecha a lo largo de 15 años se basa en la información falsa proporcionada al pueblo.
La verdad es todo lo contrario ya que, por mandato del artículo Nº 194º de la Constitución Provincial y por las disposiciones de la Ley de Aguas, nadie le puede quitar el agua a la población y a los agricultores.
Nadie puede usar el agua sin permiso y los permisos o concesiones únicamente se otorgan por Ley siempre y cuando haya un excedente disponible dictaminado por el DGI.
No hemos visto políticos ni sociólogos explicarles estas verdades al pueblo.
Pero la tendenciosidad vuelve a evidenciarse cuando los autores, escapándose repentinamente de Mendoza, afirman que América Latina en la división internacional del trabajo es proveedora de materias primas. No es el caso de la Argentina porque nuestra industria importa minerales como hierro, manganeso y carbón y produce manufacturas de acero. Además, con materias primas importadas produce manufacturas de aluminio. En ambos casos las manufacturas se venden en el país y también se exportan.
Algo que indigna, sobre todo por la integridad familiar, y por las numerosas mujeres que hoy trabajan en la minería argentina, es la vinculación supuestamente documentada, entre la minería y la prostitución. En Mendoza no hay minería pero hay prostitución, de modo que el supuesto vínculo no se compadece con la realidad.
La nota de referencia culmina afirmando que la movilización popular fue un amplio, espontáneo y democrático pronunciamiento sobre una vida mejor, por lo cual no puede ser sino un signo de esperanza y alegría.
Si hemos explicado que la “concientización” se viene realizando desde hace quince años, no es cierto que haya sido una manifestación espontánea. Fue algo planificado y organizado.
Por último, si no hay minería en Mendoza, hablar de las asimetrías de poder de los actores involucrados es hablar de los únicos actores que existen y que están interesados en mantener para su conveniencia la mano de obra barata y temporaria que representan los pobres y desocupados de la provincia.
La Sociología es una ciencia que puede ayudar muchísimo a la comprensión y compatibilización de las distintas actividades humanas en general, y de las productivas en particular, siempre y cuando se la aplique con sentido constructivo y a favor de la creación de fuentes de producción y trabajo digno.
Paula D’Amico, Gabriel Liceaga y Jorge Ivars*
Esta reflexión constituye una respuesta a la nota publicada por este diario el 18 de enero, escrita por la magister Natalia Casadidio. Deseamos poner de manifiesto la debilidad del planteo, puntualizando en algunas dimensiones claves para entender lo que ocurre en Mendoza en relación con la minería a gran escala.
Casadidio sostiene que el pueblo mendocino desconoce la legislación ambiental, en particular la ley 7.722 y su modificación y, aun así se manifiesta en contra, actuando casi como un “zombie” ambientalista. A raíz de esto afirma sentirse defraudada como mendocina porque el pueblo, ignorante se opone a la minería sin entender de qué se trata.
En primer lugar, debe resaltarse el nulo rigor sociológico del planteo, expresado en las fuentes utilizadas (la supuesta ignorancia del pueblo estaría comprobada sólo por un sondeo realizado por Casadidio en redes sociales y entre sus conocidos) y en su desconocimiento de un fenómeno de masas que desbordó toda previsión. Ante ello cabe señalar que desde hace 15 años se realizan actividades formativas en toda la provincia sobre la actividad minera; que existe un sólido movimiento socio-ambiental reunido en numerosas organizaciones; que la movilización más importante de la historia reciente fue precisamente en defensa de la ley 7.722.
¿No es soberbio y estigmatizante pensar que más de 50.000 personas movilizadas no tenían idea de porqué lo hacían?
Planteamientos como el de Casadidio -cientificista, sólo en apariencia- no son novedosos. La conflictividad socioambiental, según este parecer, sería consecuencia de la ignorancia. Sin embargo, la experiencia indica lo contrario. Estas disputas no sólo atañen aspectos técnicos -de por sí, discutibles-, sino también contenidos políticos y culturales que permiten entender los diferentes puntos de vista puestos en juego y las asimetrías de poder de los actores involucrados. Esto ha sido estudiado rigurosamente por numerosos investigadores/as vinculados/as con instituciones científicas.
La aparente contradicción “criticamos la minería pero no renunciamos a bienes que utilizan minerales” es un argumento endeble y tramposo y, peor aún, obtura el debate sobre aspectos que sí son relevantes, como el lugar estructural de América Latina en la división internacional del trabajo en tanto proveedora de materias primas. Si no atendemos a esto, ¿cómo se explica que el crecimiento exponencial de la extracción de minerales en la región esté concentrado en cinco empresas trasnacionales y se oriente casi exclusivamente a la exportación?
Por último, Casadidio se pregunta por qué los impactos ambientales de la vitivinicultura no son igualmente cuestionados como los de la minería. Cabe aclarar que, al contrario de lo afirmado por la autora, hace años que no se utiliza ferrocianuro en la producción vitícola y, además, a nivel nacional se prohíbe el cianuro para usos agropecuarios. Pero no se trata de lo técnico en estricto sentido, porque el cuestionamiento se dirige más bien a impugnar o descalificar: “si critican la minería, deberían también criticar otras actividades que dañan el ambiente” ¿Podemos saber de antemano cuáles serán los efectos de la movilización por la defensa de la 7.722? La agenda ambiental local parece ampliarse y comienza a cuestionar la fractura hidráulica o la apropiación de cursos de agua por parte de empresarios locales. Para nosotros, la movilización popular que restituyó la vigencia de la ley 7.722 no representa ninguna defraudación porque generalmente no son “los expertos” los que marcan el ritmo de los acontecimientos sociales y, sobre todo, porque representa un amplio, espontáneo y democrático pronunciamiento sobre una vida mejor, por lo cual no puede ser sino un signo de esperanza y alegría.
