Son 20.000 trabajadores que reclaman por 400 despidos mientras Bolsonaro pone en venta las acciones del Estado
La decisión sobre Fafen-PR será válida hasta el 6 de marzo, cuando se realizará una nueva audiencia de conciliación
El Tribunal Laboral de Curitiba determinó la suspensión de los despidos de empleados de la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen-PR), que Petrobras debería cerrar . La decisión será válida hasta el 6 de marzo, cuando se realizará una nueva audiencia de conciliación.
La decisión se tomó durante la primera audiencia de la huelga de huelga de empleados. En vista del estancamiento, no hubo acuerdo con la empresa y los despidos se suspendieron temporalmente, incluidos los 144 realizados.
En la audiencia, de acuerdo con el Tribunal Laboral Regional (TRT), el sindicato se comprometió a terminar la huelga temporalmente y remitir la propuesta a nivel nacional. Además de los empleados de Fafen, 21,000 trabajadores petroleros de Petrobras se declararon en huelga en todo el país hace 18 días.
Los despidos de empleados de Fapen comenzaron a tener efecto en las últimas semanas. Petrobras afirma que la planta fue comprada a la compañía minera Vale en 2013, pero después de la adquisición, "los resultados de la subsidiaria demuestran la falta de sostenibilidad del negocio y que su continuidad operativa no está demostrando ser económicamente viable". La pérdida anual es de R $ 400 millones, según la compañía.
Según la Federación Única de Petróleo (FUP), la suspensión de actividades provocará el despido de 1,000 trabajadores. Además, la entidad declara que Petrobras no ha cumplido con el convenio colectivo.
El lunes (17), el ministro Ives Gandra Martins Filho, del Tribunal Superior del Trabajo (TST), consideró ilegal la huelga de los petroleros de Petrobras. Después de la decisión, Petrobras pidió a todos los empleados que regresen a trabajar de inmediato.
Los petroleros celebraron este martes por la tarde (18) una marcha nacional en defensa del empleo, Petrobras y Brasil. La manifestación comenzó frente al Edificio de la Sede de Petrobras (Edise), en el centro de Río de Janeiro, y reunió a miles de manifestantes. Presente en el evento, el coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores sin Hogar (MTST), Guilherme Boulos, declaró que la huelga de los trabajadores petroleros "es la mayor lucha de los trabajadores desde que Bolsonaro llegó al gobierno".
“No es solo una lucha para los trabajadores petroleros. Es una lucha contra la privatización (de Petrobras), por la soberanía y los derechos de los trabajadores. Los petroleros están dando un ejemplo de cómo tratar con un gobierno que perjudica al país y destruye nuestros derechos ”, agregó Boulos.
La huelga nacional de petroleros tiene 18 días y más de 21,000 trabajadores se unen a 121 unidades del sistema Petrobras. Los trabajadores se movilizan en 13 estados.
Luciano Santos, secretario general del sindicato de petroleros Caxias, dijo que la huelga no se detendrá hasta que los trabajadores de Fafen "no sean salvados y garantizados dentro del convenio colectivo". "La justicia está dejando al trabajador a un lado y privilegiando a los patrones", protestó Santos, por decisión del ministro Ives Gandra, del Tribunal Superior del Trabajo (TST).
En un audio publicado en las redes sociales, Normando Rodrigues, asesor legal de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUP) y del Sindipetro-NF, criticó la decisión del ministro Ives Gandra Martins, determinando la ilegalidad de la huelga de los trabajadores petroleros. . Y señaló que la decisión individual del ministro contradice el papel del propio TST. Fue el propio tribunal el que actuó en la mediación del acuerdo entre el petrolero y Petrobras.
"Hay decisiones que pertenecen al mundo de la ley, pero hay decisiones que pertenecen al mundo de la fuerza, del odioso '¿sabes con quién estás hablando?'
Si esta decisión perteneciera al mundo de la ley, continúa el abogado, Ives Gandra estaría preocupado por investigar la escasez alegada en la demanda, así como "la no productividad y el incumplimiento de la ley de huelga que Petrobras reclama y el tribunal ( en persona del ministro ) lo da por sentado ”. en una decisión individual ".
El abogado cuestionó por qué el ministro de TST no incluyó el caso de huelga y sus decisiones monócratas en la agenda de la sesión de negociación colectiva el 17, la fecha de su decisión contra los petroleros ”. "Por el contrario, hizo una cita para la agenda del 9 de marzo, después del carnaval, para que hasta entonces su decisión individual, no presentada democráticamente al TST en su conjunto, sea válida".
La categoría requiere el cumplimiento del acuerdo de negociación colectiva, en noviembre, después de la mediación de TST. En el acuerdo, la empresa estatal se comprometió a no realizar despidos masivos sin una discusión previa con los sindicatos, pero la planta de fertilizantes de Araucária Nitrogenados (PR) se cerrará y mil trabajadores (directos y subcontratados) perderán sus empleos.
En el decimoctavo día del movimiento, el coordinador general de la Unión de Buques Petroleros del Norte de Fluminense (Sindipetro-NF), Tezeu Bezerra, dice que la decisión de Gandra pone en jaque no solo a los petroleros, sino también la Constitución y el derecho de huelga. Los despidos en Fafen Araucária se llevan a cabo a pesar de cualquier diálogo con el sindicato, según él.
El líder sindical alerta a los trabajadores sobre las prácticas de la empresa estatal: “las llamadas a través de WhatsApp y telegram no son válidas. Si quieres que el trabajador trabaje, ven y habla con el sindicato ”. Aclaró que la compañía puede hablar con la comisión de petroleros en el cuarto piso de Edise (el edificio de la sede de la compañía, en Río), donde han estado desde que comenzó la huelga.
En una nota, la Asociación Brasileña de Juristas para la Democracia (ABJD) expresa "preocupación y profundo desacuerdo con el giro antidemocrático de los sectores del Poder Judicial, reflejado en las posiciones del Ministro Ives Gandra Martins Filho, del TST, y del Ministro Dias Toffoli, de la Corte Suprema Tribunal Federal (STF) ".
Según la entidad, en el análisis de las solicitudes de Petrobras contra la huelga, los ministros de los dos tribunales "limitan, si no ponen fin, el derecho de huelga, garantizado por la Constitución Federal de 1988", publicó Current Brasil
ENERNEWS/Diarios
HELOÍSA MENDONÇA
Más de 20.000 empleados de Petrobras ―prácticamente la tercera parte de la plantilla de la mayor empresa estatal de Brasil― suman ya más de dos semanas de huelga, una situación que eleva el riesgo de desabastecimiento en el gigante sudamericano.
El paro ha superado todo tipo de escollos: desde la amenaza por parte de la compañía de no pagar la nómina a los empleados que no acudan a trabajar hasta un fallo del Tribunal Supremo Federal (STF) a favor de la petrolera, que determinó que se reestableciera el porcentaje mínimo del 90% de empleados que han de seguir trabajando. Pero sigue adelante y suma ya casi tres semanas, paralizando la actividad en 113 plantas repartidas en 13 Estados del país, según los datos de la FNP, la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo. Detrás del paro está la petición de que se anulen los despidos de los empleados de la fábrica de fertilizantes nitrogenados de Paraná, cuyo cierre definitivo ha sido comunicado recientemente por Petrobras y conlleva la salida de casi 400 empleados, y el cumplimiento de los acuerdos de negociación colectiva por parte de la empresa.
Ajena a la creciente presión, Petrobras se mantiene en sus trece: insiste en que el movimiento está “fuera de lugar” y afirma haber tomado las medidas oportunas para garantizar la continuidad de sus actividades. Según la compañía, los centros están operando adecuadamente, “con refuerzos de equipos de contingencia cuando hace falta, y no hay impactos en la producción hasta la fecha”. La petrolera estatal ha sido autorizada para contratar trabajadores temporales que sustituyan a quienes están huelga y no descarta importar combustible si es necesario para asegurar el normal suministro.
El paro ha elevado el riesgo de que no haya gasolina suficiente para abastecer las ingentes necesidades de consumo del país más grande de América Latina. Décio Oddone, director general de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), envió una carta al Tribunal Superior del Trabajo alertando sobre el riesgo de desabastecimiento de combustibles por la huelga de los trabajadores. En la misiva, obtenida por la agencia Reuters, Oddone afirma que, aunque Petrobras ha tratado de aplicar soluciones temporales y ha destinado equipos de contingencia a las instalaciones operativas, “la situación se aleja de la normalidad”. Hasta el momento no ha tenido impacto sobre el suministro. Pero “pero puede que se produzca”, subraya Oddone.
Los sindicatos discrepan: creen que la huelga no pone en riesgo la producción de la compañía y consideran que Petrobras utiliza dos discursos distintos para tratar la cuestión del desabastecimiento en función de cuál le convenza más.
Más allá de los casi 400 despidos en la planta de fertilizantes de Paraná, la plantilla denuncia que Petrobras no está respetando el acuerdo de negociación colectiva y reclama el fin de la política de paridad con el mercado internacional —que puso en marcha el Gobierno de Michel Temer y que ajusta el precio que del gas y la gasolina en función del tipo de cambio y de la cotización del petróleo en los mercados internacionales— que, argumentan, eleva el coste que han de afrontar los brasileños.
Los empleados de Petrobras también protestan contra la política de desinversión —que supone el cierre de plantas o la venta de activos a terceros— incluida en el giro liberal aplicado por el Ejecutivo de Jair Bolsonaro. Bajo la dirección de Roberto Castello Branco, el hombre elegido por el presidente para ponerse al frente de la petrolera estatal, la empresa ha vendido activos, algunos de ellos fuera de Brasil y ha abandonado líneas de negocio como la de los fertilizantes. Su objetivo, dice, es reforzar el balance de una empresa —que ha sufrido un severo daño reputacional por su implicación en el caso Lava Jato— y concentrarse en la explotación de los vastísimos (y rentables) campos petroleros descubiertos en 2006.
Más allá de los movimientos tendentes a la desinversión interna, el Gobierno está inmerso en una profunda política de salida del accionariado de empresas participadas por el Estado, entre ellas Petrobras. El zar económico de Bolsonaro, el ultraliberal Paulo Guedes, mostró la semana pasada que seguirá al pie de la letra su plan de reducción del tamaño del sector público. En lo que va de mandato del ultraderechista, el Estado se ha desprendido de unos 6.000 millones de euros en acciones de la petrolera, una de las grandes joyas de la corona que todavía están en manos del sector público. El Ejecutivo no piensa, al menos por ahora, en privatizar la mayor empresa estatal brasileña y una de las grandes petroleras mundiales, en la que aún tiene algo más del 50% del capital.
Las últimas operaciones de venta de acciones de Petrobras en manos de dos bancos públicos, el Bndes y Caixa, refuerzan el proyecto de Guedes de desinflar el peso del sector
El Gobierno de Jair Bolsonaro ha puesto la directa en su plan de venta de las acciones que conserva en Petrobras, la llamada “joya de la corona” de Brasil. Desprenderse de una parte de los títulos que tiene de la gran petrolera del país —y parte de la élite mundial del sector— forma parte del plan del zar económico del Ejecutivo, Paulo Guedes, de reducir el tamaño del Estado. La semana pasada, el banco de desarrollo Bndes, de titularidad pública, recaudó 22.000 millones de reales (4.600 millones de euros), en una de las mayores operaciones de venta de acciones en el país en los últimos diez años, y aunque todavía mantiene el 50,2% del accionariado de Petrobras, desde su llegada al poder el Estado brasileño ha vendido participaciones por valor de 30.000 millones de reales (6.360 millones de euros). Estaban en manos del propio Bndes y de otro banco estatal, Caixa.
El presidente Jair Bolsonaro no piensa, al menos por ahora, deshacerse de la totalidad de la petrolera estatal brasileña. Pero no ha dejado de dar rienda suelta a la obstinación de Guedes por reducir el tamaño y el papel del Estado en la economía. Esa filosofía ha calado también en los segundos niveles. El último ha sido el propio presidente de Petrobras, el liberal Roberto Castello Branco, que en entrevista con el diario Valor Econômico, dejó caer que el tamaño del paquete accionarial del Bndes era exagerado: “Se ha transformado en un gran hedge fund [fondo especulativo]”. El riesgo, según Castello Branco, es tener grandes pérdidas en casos de volatilidad con una cartera de este tamaño.
Las últimas operaciones de venta de acciones Petrobras refuerzan el proyecto de Guedes de desinflar el peso del sector público, un asunto sobre el que el ministro de Economía no se ha cortado a la hora de expresar su opinión. La semana pasada, al criticar los reajustes salariales automáticos de los servidores públicos, el ministro los comparó con “parásitos” que matan al Estado. Pese a haber pedido disculpas después, Guedes ha insistido en su doctrina: todo pasa por reducir la participación del Gobierno en la economía y en que el crecimiento descante íntegramente sobre los hombros del sector privado.
Las privatizaciones están en el centro de la agenda del equipo de Guedes con el argumento de reducir la deuda y reforzar unas cuentas públicas maltrechas durante el periodo de crisis económica. El plan del Gobierno pasa por reducir o vender participación en 115 activos, entre compañías estatales y proyectos de concesión de infraestructura. De este total, la promesa es que al menos 64 se subastarán este año, incluida la venta de seis empresas estatales, como la Casa de la Moneda de Brasil, y Eletrobras, de energía. Una de las mayores expectativas es la subasta del 5G. Están en la fila, aún, la concesión de aeropuertos, carreteras, ferrocarriles e incluso parques nacionales.
"Hace mucho tiempo que las acciones [de Petrobras en manos del Bndes] eran criticadas. ¿Por qué un banco de fomento necesita tener participación en una estatal? ¿Será que los recursos no podrían ser mejor utilizados?", critica Sérgio Lazarini, profesor de economía de Insper. "Claro que en la agenda de un gobierno más liberal esa crítica queda en relieve".
En lo que va de gestión de Castello Branco, que llegó a Petrobras tras ser designado por Bolsonaro, la firma energética ha vendido activos —algunos de ellos en África— y ha cerrado algunos negocios, como en el ámbito de los fertilizantes. Su objetivo casi único ha sido reforzar el balance general de una compañía muy golpeada en los últimos años por escándalos de corrupción, después de que se viese señalada por la Policía Federal —en el marco de la operación Lava Jato— como parte de un importante esquema de lavado de dinero en el que también estaban implicados políticos y constructoras como Odebrecht. El caso llevó a Petrobras a pérdidas multimillonarias y a la renuncia de su plana mayor, y solo cuatro años después la empresa volvió a presentar números verdes de nuevo.
Si hace diez años la estatal vivía un momento de expansión, con ambiciones de duplicar la producción con el descubrimiento en 2006 del llamado presal —enormes reservas bajo de una honda capa geológica de sal—, hoy la compañía está en pleno proceso de desinversiones para hacer caja. Según un reciente informe del banco Itaú, estas ventas serán "de notable importancia" para la mejora de la empresa mixta.
