Se analiza un mecanismo de revisión del esquema tarifario y una actualización tras los 180 días
La misión del organismo internacional consultó al respecto al ministro Matías Kulfas, quien respondió que se está estudiando un mecanismo de revisión del esquema para luego avanzar en una actualización del valor de los servicios.
El devenir de los precios en la Argentina es uno de los temas a resolver por el gobierno de Alberto Fernández. La política pendular que fue de los congelamientos a los tarifazos que señalaron la política local los últimos ocho años generan cierto desconcierto respecto el camino que seguirá la administración el Frente de Todos.
Tanto es así que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que está en el país ya preguntó en varias ocasiones cuál sería la política al respecto.
El encargado de responder fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Aprovechó el lanzamiento del plan Precios Cuidados para los mayoristas para explicar parte del encuentro con los técnicos del FMI, al que calificó como “positivo”. Consultado por su mirada sobre las tarifas, respondió: “Estamos estudiando. Durante el el período de emergencia -el cual congela las tarifas por 180 días- buscaremos generar un mecanismo de revisión del esquema tarifario y luego una actualización de esas tarifas”.
Además de la explicación respecto del plazo de congelamiento hasta junio de este año que se estableció, Kulfas dijo que explicó a los técnicos del FMI que “no se trata de un congelamiento permanente ni de sostener este congelamiento parcial por mucho tiempo, sino de hacer una revisión que permita reducir donde sea posible los costos del sistema eléctrico y de gas, y poder generar tarifas razonables y accesibles sobre todo donde hay mayores necesidades”
Pero el ministro es otro de los engranajes del plan para contener la inflación, por eso los funcionarios del FMI le consultaron respecto de su visión sobre los precios y el costo de vida. Respecto de este punto, les explicaron “nuestra visión es que la inflación en la Argentina tiene características multicausales y que enfocar el problema de la inflación en la Argentina exclusivamente por el lado monetario conduce errores”, en clara alusión a la visión que tomó la administración anterior. Pero, de todas, aclaró que “esto no significa desconocer el aspecto monetario por supuesto".
“Nuestra visión es que vamos a poder controlar la inflación con un programa macroeconómico consistente desde el punto de vista fiscal y monetario y una buena política de concertación que permita la idea de convergencia a la baja”, agregó.
Claramente uno de los puntos fundamentales del modelo macroeconómico en el plan para contener la inflación serán las paritarias. Y algunos puntos respecto de la intención oficial fueron develados por el ministro de Desarrollo Productivo al señalar que lo que busca el Gobierno es una “concertación”.
“Nosotros no hablamos de congelamiento sino que hablamos de concertar con los diferentes sectores sociales y económicos del país, como el sindicalismo y el empresariado, una convergencia a la baja. Es decir, llevar adelante mecanismos de acuerdos salariales que permitan generar entendimientos reales. Si la estrategia es desordenada de tarifas con aumentos nominales que después se trasladan a precios, el resultado es igual al del inicio o peor. El objetivo es juntar en una mesa a los diferentes sectores y consensuar estos mecanismos. Este es el esquema general en el que estamos trabajando y es lo que conversamos con el FMI, con una recepción positiva," explicó Kulfas, uno de los hombres más escuchados por el presidente Alberto Fernández, según Infobae
"Somos un prestamista de último recurso para aquellas naciones que están en una situación desesperada", afirmó ayer Georgieva en una entrevista concedida a la agencia de noticias Bloomberg. "Esto significa que todos los miembros [del FMI] deben estar seguros de que el dinero que prestamos se reembolsa, para que podamos continuar brindando este colchón al mundo", aseguró.
Así, Georgieva no solo minimizó las posibilidades de una quita en la deuda, algo que había reclamado la expresidenta Kirchner, sino que también matizó las de una extensión sin que el país cambie de programa, lo que requeriría nuevos condicionamientos, según las normas del Fondo. El comentario fue también, implícitamente, una forma de reafirmar que el organismo internacional no violó su propio estatuto al financiar al país.
"Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Depende del Gobierno, no del FMI", dijo, en tanto, Georgieva, cuando se la consultó sobre la reestructuración de la deuda. La directora gerente estimó que lleva tiempo obtener datos sobre la sostenibilidad de la deuda del país. "En términos generales, apoyamos firmemente el compromiso de este gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento", cerró.
"El FMI ha faltado a sus obligaciones prestando dinero a un tomador compulsivo de crédito, que todos sabían que era para financiar la fuga de divisas", afirmó Fernández ayer por la tarde en una entrevista radial. El Presidente volvió a ratificar en ese sentido las críticas de Cristina Kirchner.
"Cristina dijo algo que es absolutamente cierto", señaló Fernández, que recordó que ya había advertido que "el FMI había faltado a sus obligaciones del estatuto financiando la fuga de divisas". Además, según señaló el Presidente, "todos sabían que era para financiar la fuga de divisas y tratar de contener un valor del dólar incontrolable", publicó La Nación
El título tercero del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se aprobó en el Congreso de la Nación se refiere al sistema energético. La norma aprobada establece que las tarifas de electricidad bajo jurisdicción nacional y del gas en todo el país se van a mantener sin cambios por 180 días. En ese tiempo, el Poder Ejecutivo va a renegociar la revisión tarifaria integral.
En paralelo al congelamiento, el Gobierno nacional interviene los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (Enargas) por 12 meses y mantiene al ENRE la competencia de regular a Edenor y Edesur, para retrotraer la pérdida de funciones en manos de la Ciudad de Buenos y de la provincia de Buenos Aires que había previsto la administración de Cambiemos.
IProfesional
ANDRES SANGUINETTI
La principal distribuidora de energía del país debió recurrir al aporte de sus accionistas extranjeros para poder mantener sus operaciones en funcionamiento. Fueron $8.000 millones losque Enel debió girar a Edesur durante el año pasado para que la distribuidora pudiera seguir con la operación.
De hecho, desde la compañía estiman que el escenario se mantendrá de un modo similar mientras las tarifas continúen congeladas, y que se priorizará el pago de los sueldos al personal y que entre las opciones para poder sostener las operaciones se encuentra la de deja de pagarle a Cammesa por la energía que compran.
La empresa ya había aplicado esta modalidad a fines del año pasado cuando también anticiparon que desde enero dejaban de abonar parcialmente el costo de la energía que adquieren del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Precisamente, se trató de una respuesta a la decisión de la Casa Rosada de congelar hasta junio próximo las tarifas de los servicios públicos y como argumento se aseguró que la empresa tiene los ingresos congelados desde marzo del año pasado mientras que sus costos se incrementaron en línea con la inflación.
Esto llevó a Edesur a no poder contar con fondos suficientes para cubrir el costo de la factura que le llega desde Cammesa, compañía que administra el MEM y es controlada por el Estado nacional.
Y si bien desde el Gobierno ya anticiparon que el congelamiento se termina en julio y que se estudia una fórmula para retocar las tarifas a partir de esa fecha, en concreto los ejecutivos de Edesur buscan proteger su caja de estos vaivenes políticos y económicos que presenta el país.
En este marco, el directorio de Edesur acaba de aprobar los resultados financieros anuales del 2019, cuando su resultado ordinario alcanzó una ganancia de $1.732 millones contra una de $4.740 millones del 2018.
La cifra muestra una fuerte caída de la rentabilidad de la distribuidora en un 68% en un contexto macroeconómico de alta inflación, tarifas sin actualización desde marzo del 2019 y una disminución de la demanda de energía.
De todos modos, desde Edesur aclaran que han podido logrado sostener su plan de inversión gracias a una nueva financiación por parte del Grupo Enel, su accionista controlante.
Con esos $8.000 millones aportados por el holding de origen italiano lograron realizar mejoras en la calidad del servicio eléctrico que, según sostienen en la empresa, se encuentran por arriba de los requerimientos regulatorios. También admiten que han tenido que aplazar obras en algunas áreas de la concesión, precisamente por la misma situación y por el congelamiento de tarifas.
Al respecto, Nicola Melchiotti, country Manager de ENEL en Argentina, criticó la falta de actualización tarifaria al sostener que "ha puesto a Edesur en una situación financiera complicada, que pone en riesgo el camino de modernización de la red eléctrica y la calidad del servicio a nuestros clientes".
El ejecutivo agrega que la empresa logró transitar el 2019 "gracias a esfuerzos excepcionales por parte de nuestros empleados, proveedores y un fuerte apoyo del accionista Enel, por lo cual esperamos poder salir pronto de esta coyuntura."
En el caso del balance del año pasado, debieron ser re-expresadas para considerar los cambios en el poder adquisitivo del peso. Así, su Ebitda fue de $16.375 millones contra uno de $6.724 millones del 2018, marcando una suba del 144%.
Mediante un comunicado, la empresa explica que el resultado del ejercicio y el Ebitda "reflejan los ajustes contables no recurrentes derivados del acuerdo firmado con las autoridades nacionales para la resolución de los asuntos regulatorios pendientes relacionados con el período 2006-2017".
En el caso de los ingresos cayeron un 4% respecto de los $67.721 millones que había generado hace dos años. Esto, según la compañía se debió a la caída de la demanda de energía registrada como resultado del contexto macroeconómico adverso imperante.
De esta forma, las ventas de energía disminuyeron a 16.412 GWh (-5%) en comparación con los 17.329 GWh vendidos durante el ejercicio 2018, "principalmente como resultado del complejo escenario económico".
Igualmente, las inversiones se incrementaron un 33% al pasar de $8.304 millones a $11.018 millones durante el 2019 y se realizaron con el objetivo de mejorar la calidad del servicio con obras destinadas a fortalecer las redes de alta, media y baja tensión.
"Cabe mencionar que, si bien este ajuste ha regularizado patrimonialmente los estados financieros de la compañía, no ha significado un aporte de caja y, aislando tal fenómeno, se observa una caída del 63% el resultado ordinario del ejercicio explicado principalmente por el congelamiento tarifario", advierte el comunicado de Edesur.
Por su parte, la deuda neta aumentó un 329% por las necesidades de financiamiento de las inversiones en la red de distribución en un período de generación de caja limitada. "Ante la dificultad de acceso al crédito en los mercados, estas necesidades fueron cubiertas por empresas del Grupo Enel ya que Edesur sigue sin distribuir dividendos", agrega el comunicado.
En cuanto a la calidad de servicio, el documento de Edesur estima que el índice SAIDI (horas de corte) ha tenido una mejora del 20 % respecto a diciembre 2018.
