NICOLAS WIÑAZKI

En su última aparición pública en la Argentina, la vicepresidente Cristina Fernández recorrió una obra pública emblemática de Santa Cruz, su provincia. Pero no para inaugurarla o anunciar el inicio o el fin de su construcción. Tampoco para informar sobre la apertura de la licitación pública internacional con el costo que el Estado pagaría por esa edificación, ni para informar sobre la adjudicación del contrato estatal a una la empresa que se beneficiaría con la facturación de millones de pesos públicos.

Fernández viajó en auto los casi 150 kilómetros que hay entre El Calafate y la represa hidroeléctrica Condor Cliff, como gesto inequívoco de apoyo a uno de los directivos de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra.

Tanto el empresario como la vicepresidenta están procesados por corrupción, por delitos y roles diferentes, en la trama de la causa judicial llamada los Cuadernos de las Coimas.

El expediente está en vías de elevarse a juicio oral. Fernández y Ferreyra creen que tras la asunción del nuevo poder, que ellos integran, con roles por completo diferentes, permitirá persuadir a los jueces para evitar la realización del proceso.

Electroingeniería no solo afronta conflictos legales, sino que también resiste la embestida de la empresa con mayoría accionaria en la construcción de la represa, China Gezhouba Group Company Limited, que según diversas fuentes del oficialismo y del mercado energético presiona para que la compañía de Ferreyra sea reemplazada por otra que no esté azotada por tantos infortunios.

Mientras tanto, la construcción de Condor Cliff, como la otra represa que forma parte del mismo proyecto, La Barrancosa, ambas ubicadas sobre el río Santa Cruz, el cauce que podrían obtener un alto nivel de energía, está frenada. Las causas son variables.

El tema Electroingeniería es uno. El otro es un inconveniente que capta la atención del mundo entero. Se trata de la enfermedad, por ahora irrefrenable, conocida como coronavirus. Ocurre que el epicentro del contagio inicial de esa peste es la ciudad china de Wuhan. El lugar, en el que viven y trabajan millones de personas, está sitiado y bajo cuarentena absoluta.

La sede central de China Gezhouba Group Company Limited está ubicada justo en el corazón del alerta en salud que alerta al planeta entero: Wuhan. Esto hace imposible que los más altos directivos de la tercer constructora a nivel mundial puedan viajar a la Argentina.

La cuarentena puede durar varios meses más. A todo esto suma otra “catástrofe natural” que afecta a las represas, aunque de característica distintas. Es una grieta. En el sentido literal y geológico del término.

Nada de esto está vinculado a los debates que distancias por cuestiones ideológicas a parte de la sociedad argentina. Los expertos, en un descubrimiento tardío y lamentable, detectaron que el enrome terreno elegido por la administración K para levantar la represa no era adecuado.

Tal como habían denunciado en noviembre pasado las diputadas de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic y Paula Olivetto ante la Auditoría, en ese sitio de la Patagonia la tierra se hunde ante el peso del hormigón de la represa. A pesar de eso, ingenieros de China Gezhouba Group Company Limited aseguran que pueden corregir con su tecnología al inconveniente geológico.

Fernández había evitado hasta ahora poner el cuerpo para apoyar a una contratista de obra pública sospechado de haberle pagado coimas a ella misma, según determinó la Justicia en instancias de instrucción. Al mismo tiempo, su apoyo a Ferreyra, un gesto indubitable, es en los hechos el respaldo a un empresario investigado por la Justicia realizado por la vicepresidencia de la Nación.

Ferreyra, que estuvo preso en el marco de la causa Cuadernos, sonríe en las fotos en la recorrida por Condor Cliff junto a Fernández y a otra funcionaria pública que lo apoya, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Esta visita, tal vez, no se haya producido por azar cronológico. El 20 de enero, ocho días antes del apoyo de Fernández y Kirchner a Ferreyra, el secretario de Energía, Sergio Lanziani, recibió a uno de los directivos del gigante asiático de la construcción, que posee el 70% de las acciones de la UTE que fue adjudicataria de esta obra. China Gezhouba Group Company Limited.

Electroingeniería, por problemas acarreados antes de sus infortunios judiciales, debió ceder parte de sus acciones y hoy controla solo el 20% del total. El 10% restante es de la firma mendocina Hidrocuyo.

La versión oficial indica que el directivo de China Gezhouba Group Company Limited y el funcionario mantuvieron un diálogo en el que se evitó hablar de Electroingeniería. La charla, siempre según comunicó el Gobierno, solo se centró en el análisis de los problemas que encuentra el avance de las obras en el Sur.

Sin embargo, en off the record, dos miembros del Gabinete, una de las autoridades más relevantes del oficialismo, y otra fuente vinculada a los trabajos de Gezhouba en la Argentina, le aseguraron a Clarín que la constructora china planteó e forma directa a Lanziani que su deseo, o su decisión, es que Electroingeniería se aparte de modo definitivo de la construcción de las represas, la obra pública más costosa de los últimos años: tuvo un presupuesto original de US$ 5.000 millones que se ampliará por los retrasos originados por inconvenientes naturales y de la política.

Las mismas fuentes del Frente de Todos afirmaron a este diario que el Presidente estuvo en total desacuerdo con su vice cuando se enteró que iría a Condor Cliff junto a Ferreyra. El tema estaría escalando a niveles diplomáticos.

Una de las versiones que también hicieron llegar funcionarios a Clarín es que el embajador chino en la Argentina le transmitió al canciller Felipe Solá lo mismo que los directivos de Gezhouba a Lanziani: las autoridades de ese país, que financia buena parte de la obra de las represas sureñas, quieren que Electroingeniería deje estar asociada a la constructora asiática en ese proyecto. El canciller no respondió los llamados de Clarín para consultarlo sobre el tema.

En su visita a Condor Cliff, la vicepresidenta denunció al gobierno de Macri por la paralización de la obra. Y anunció que la obra volvería a llamarse “Néstor Kirchner”.

Según el propio Ferreyra, Electroingeniería le debe $ 1.600 millones de impuestos a la AFIP. Así lo reveló en una entrevista con Antonio Rossi difundida por la revista Letra P. En ese mismo reportaje, el empresario ligado a los K acusa a Macri de haber presionado a través de china para que a su empresa le fuera mal. Admite que la situación financiera de Electroingeniería es “delicada”. Dice que están “desfinanciados y sin flujo de fondos”.

En su cuenta de Twitter, Ferreyra describió a la visita de la vicepresidenta a la represa paralizada como una acción que tenía que ver con “religitimar” y “relanzar” su proyecto.

Según fuentes que conocen la intimidad de la Gobernación de Santa Cruz, fue en esa recorrida que Ferreyra aprovechó para convencer a la gobernadora Alicia Kirchner de que su compañía podía ayuda relanzar también la minera estatal de Río Turbio. Habría dicho que tenía al hombre perfecto para nombrar como interventor: Aníbal Fernández.

Así pasó.