CLEDIS CANDELARESI

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sueña con un polo petroquímico en Río Grande para exportar al mundo y los empresarios rusos que visitan esta semana la provincia quizás podrían darle un espaldarazo al afán de quemar allí mismo el gas sureño. Argentina sigue generando potenciales negocios mientras define su política energética, por ahora sólo esbozada con algunos trazos que no develan la incógnita clave de cómo serán los futuros sistemas de precios.

Los empresarios del sector añaden otros dos términos imprescindibles para precisar el valor de los hidrocarburos o la energía verde y juzgar si el país vale una apuesta: el tipo de cambio y los plazos de cobro de sus productos. Pero aún no encontraron un interlocutor del día a día.

Esas condiciones dan por descontado que el gas y el petróleo tendrán valores expresados en dólares y que en breve se reactivará el mecanismo para trasladar los precios de esos insumos al final de la cadena. El pass through, provisoriamente congelado hasta que el gobierno termine de desmenuzar las ecuaciones de cada tramo y alumbre una nueva fórmula.

Hay definiciones pendientes de política pública imprescindibles tanto para los segmentos regulados (distribución de gas y luz) como para los "libres". Para especular sobre ellas, sería necesario saber si la administración de Alberto Fernández seguirá finalmente una línea más afín a las aspiraciones de los inversores privados o elegirá el sendero revisionista que sugirió su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner.

Podría decirse que el primer camino implica mirar hacia adelante y buscar eventuales estímulos para que las empresas desembolsen dólares, al aliento de desgravaciones, libertad para girar dividendos y otras dichas, pero acotando las subas de naftas, luz y gas domiciliario.

El segundo camino significa analizar el pasado para escrutar los balances de las compañías, básicamente del segmento regulado de luz y gas, y decidir precios contrastando su recaudación con inversiones ejecutadas. Una especie de sistema de premios y castigos, quizás más divorciado de la coyuntura macroeconómica y las aspiraciones patronales que hiela la sangre de los CEOs.

Aquellas son dos lógicas públicas bien diferentes pero que, posiblemente, terminen acoplándose de algún modo en un esquema mixto. Es un atributo peronista ensamblar lo disímil.

Los directivos de empresas también aspiran a poder exportar con la mayor libertad posible, lo que significa sin estar sujeto a la obligación de priorizar el mercado interno. O, al menos, con un régimen apadrinado por el Estado que impida que unos puedan exportar y otros no. En la jerga de los productores, que no le "crucen un barco" pícaramente.

En el competitivo universo del petróleo, abundan temores conspirativos como el que una refinadora puede bloquear de hecho una venta al exterior demandando el crudo que esté por vender una productora, ya que ese pedido opera como una necesidad del mercado interno que por ley debe ser abastecido prioritariamente. Pero esa compradora no tendría impedimento legal para ofrecer luego ella misma ese crudo al exterior.

Es un universo complejísimo y delicado para rediseñar reglas de apuro. Con empresas que tienen intereses contrapuestos como lo demuestra la creación de la Cámara de la Energía que conduce Carlos Magariños, impulsada por la YPF que conducía Miguel Gutiérrez y PAE, pero resistida por algunas otras compañías que prefieren dividir las aguas: las integradas (que producen crudo y venden naftas) tienen perspectivas y herramientas de gestión diferentes a las que sólo están en el upstream y no elaboran combustibles. Es un tema anecdótico en este contexto incierto pero que complica las definiciones políticas.

El primer desafío oficial es encontrar un precio que remunere la inversión sin alimentar la inflación. El otro es determinar si los consumidores de nafta luz y gas pagarán íntegro ese valor o tendrán ayuda estatal. En 2019 las millonarias subvenciones a la energía bajaron en términos reales, salvo las del Plan Gas que, demandó 35,8% más en dólares que el año anterior ($ 27.648 millones).

Los defensores del subsidio, que hoy se focalizó en el gas de Vaca Muerta, dicen que ese esfuerzo se compensó por menores importaciones, lo que es real, según las estadísticas oficiales: las transferencias a IEASA para comprar el faltante de ese producto en el exterior cayeron 45,4%, hasta $ 43.160 millones. Otra cuenta incómoda para el ministro Matías Kulfas.

En el seno del Gobierno está abierto el debate de si priorizar aquel megayacimiento que hace feliz a Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, o instrumentar alicientes para la recuperación secundaria y terciaria de pozos convencionales. Un anhelo de otras provincias con hidrocarburos, que no quieren quedar fuera de ninguna eventual fiesta.

En la discusión intestina para tarifar los insumos energéticos empezó a ganar pista la idea "contractualizar" los acuerdos entre productores y grandes compradores por un plazo mayor a un año y después de una subasta pública que los obligue a competir, sin comercializadores intermediarios.

La propuesta en ciernes es celebrada por las empresas, incluidas las generadoras eléctricas, hoy también sostenida por suculentas subvenciones. Este esquema daría certidumbre de precios previsiblemente más altos que los actuales y, fundamentalmente, podría oficiar de paraguas contra las temidas intervenciones estatales. Siempre y cuando éstas vayan en desmedro de un negocio y no sirvan para apuntalarlo, claro.