Se resiste a creer que la andanada de fuego amigo en defensa de ciertos acusados de profundos casos de corrupción fue la respuesta política a los resultados de su exitosa gira por Europa para explicar su estrategia negociadora ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es más, Alberto Fernández sostiene que la presión del kirchnerismo puro, asegurando que Milagro Sala, Amado Boudou y Julio de Vido son “presos políticos”, sólo es “un problema semántico” y no implica una acción deliberada en los medios para delimitar su propio espacio de poder

Sin embargo, ante una pregunta puntual de Infobae, el presidente no dejó lugar a ninguna duda: “No pienso indultar a nadie. No está en mis planes”, dijo seco y en tono agrio.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Wado de Pedro, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvieron en una ola de afirmaciones públicas que hay “presos políticos” en esta etapa de la democracia. Y esos presos serían, desde estos referentes del Cristinismo, exfuncionarios como De Vido y Boudou, y exmilitantes sociales como Sala y Luis D´Elía.

Alberto Fernández estudió derecho durante la dictadura militar, y desde su formación ideológica, presos políticos eran los sobrevivientes de la Masacre de Trelew, el sindicalista combativo Agustín Tosco, o el actual senador peronista Jorge Taiana, por citar tres casos emblemáticos.

En esos tiempos estudiantiles del presidente, desde 1978 a 1983, se pintaba las paredes con la leyenda “Navidad sin presos políticos”. Y semejante categoría hoy aparece como una enormidad frente a los antecedentes penales de Boudou o De Vido.

Frente a la sucesión de afirmaciones públicas de Kicillof, De Pedro, Gómez Alcorta y Berni, todos con poder real y vinculación ideológica y política con la vicepresidente, Alberto Fernández llamó por teléfono a Cuba y al celular personal de Máximo Kirchner. En ambos casos, CFK y Máximo contestaron idéntico: no era una operación concertada, y menos todavía una movida para “limar” la imagen presidencial.

El Presidente creyó en los argumentos de Cristina y de Máximo, y empezó a delimitar las razones que llevaron a dos ministros nacionales, un gobernador bonaerense y su ministro de Seguridad a caracterizar a Sala, Boudou y De Vido como presos políticos. “Hay un problema semántico, y de entendimiento de fechas históricas: Sala es una detención irregular, y respecto a Boudou, fue procesado cuando Cristina era Presidente. No van a decirle también a ella que tenía presos políticos”, aseguró Alberto Fernández en la intimidad de Balcarce 50.

A De Vido no lo defiende. El presidente está distanciado desde hace años del ministro record en las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner.

Y tampoco pierde el tiempo en revisar los argumentos de Berni. Alberto Fernández ya le marcó el ticket de salida al ministro de Seguridad bonaerense. Sólo espera que se alinee su voluntad política con los tiempos de un gobierno que está en jaque por la deuda externa y la crisis económica.

Al margen de los supuestos problemas semánticos, el ala dura del kirchnerismo considera que es posible un indulto presidencial para “los presos políticos” que sufren el presunto Lawfare que se aplica como un credo en Comodoro Py y en los tribunales federales de Jujuy. Aunque ahora callan, De Pedro, Gómez Alcorta y Kicillof consideran posible un eventual indulto presidencial para Sala, De Vido y Boudou.

Ante esta hipótesis de trabajo, Alberto Fernández no tiene dudas respecto a la perspectiva política y a la aplicación del derecho constitucional del indulto. El presidente -desde una mirada jurídica- considera que no es posible indultar con los procesos abiertos, y cuando sucedió -épocas de Carlos Menem con sus indultos-, finalmente fueron anulados por la Corte Suprema con el apoyo político de Néstor Kirchner, que en ese entonces era jefe de Estado.

-¿Pensó en la posibilidad de indultar a los ex funcionarios del kirchnerismo que para ciertos ministros del Gobierno son presos políticos y para usted son objeto de detenciones arbitrarias?-, preguntó Infobae al Presidente.

-No. No pienso indultar a nadie. No está en mis planes-, replicó Alberto Fernández

-¿Ni siquiera para Milagro Sala?

-Esa es una detención arbitraria. Y lo digo ahora, y lo dije en la campaña electoral, y antes aún...

-¿Habló del tema con el gobernador Gerardo Morales?

-Sí. Y me contestó que la justicia de Jujuy es independiente, que no se puede meter...

-Entonces, ¿no hay indultos?

-No. Descartados.

Grieta PJ y coyuntura

Claudio Chiaruttini*

Alberto Fernández se mostró exultante por los resultados obtenidos en su gira por Europa. Fue a sumar mandatarios que “ablanden” a Donald Trump y apoyen a la Argentina en el Directorio del Fondo Monetario Internacional y, por lo menos formalmente, los consiguió. Ahora, habrá que ver si estos respaldos verbales se plasman en votos dentro del “board” del organismo mundial, cuando se analice el acuerdo que el Presidente de la Nación espera firmar en las próximas semanas con el organismo.

Por su parte, el Ministro de Economía Martín Guzmán avanza con sus charlas con Kristalina Ivannova Georgieva y dos eventos despertaron esperanza de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda: Que la titular del organismo internacional adhiera a los ejes de la Encíclica bergoniana “Laudato Si” y que despidiera al Primer SubDirector Gerente Adjunto del organismo, el estadounidense David Lipton, hombre clave para que el FMI otorgara a la Argentina un crédito por hasta u$s74.000M, le girara u$s44.000M y le renegociara 4 veces el acuerdo original a Mauricio Macri.

En los pasillos de la Casa Rosada se reconoce que el Acuerdo con el FMI “está cerrado en un 80%”, aunque quedan 2 temas por resolver: Si la Argentina deberá hacer o no pagos simbólicos periódicos durante 2021, 2022 y 2023, como demanda el organismo; y si la renegociación se hará dentro del marco del crédito otorgado a Mauricio Macri (lo que quiere el Gobierno argentino) o si se otorga un Extended Fund Facility (como recomiendan los técnicos del Fondo), que permite plazos de 4 años y medio a 10 años para cancelar todo el dinero otorgado.

Pero mientras avanzan las negociaciones con el FMI, el acuerdo con los privados parece más lejano. Las mismas fuentes de la Casa Rosada reconocen que “si bien se cerró con 50% de los tenedores de deuda soberana, estos representan apenas 20% del total por reestructura”. Es decir, el “chiquitaje”, organismos del sector público (como el Banco Nación o el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses) y los inversores institucionales locales (fondos comunes, aseguradoras y similares); están “adentro”, voluntaria o compulsivamente, pero “adentro”.

Para peor, Daniel Marx, que estuvo trabajando con el equipo de Martín Guzmán hasta hace pocas semanas (y todos creían que “jugaba” para el Gobierno argentino), habría sido contratado por un grupo de inversores institucionales de los Estados Unidos para que los asesore sobre la presentación que realizará la Argentina a los acreedores privados, una propuesta que no parece haber aprendido ninguna de las lecciones que dejó el enorme fracaso que tuvo Axel Kicillof intentando negociar una parte menor de la deuda bonaerense. Ellas son:

1) No sirve presentar una oferta unilateral. Hay que buscar consensos y escuchar lo que dicen los acreedores. Nadie entiende el motivo por el cual Axel Kicillof rechazó la idea del pago en tres cuotas que le hizo el fondo estadounidense Fidelity, el mayor acreedor de toda la serie en discusión.

2) No se puede minimizar la capacidad para bloquear toda la negociación que tiene uno o un grupo de acreedores, cuando son altos los niveles de adhesión que se necesitan que acepten las ofertas.

3) Renegociar una deuda es comprar la promesa de lo que será el futuro del acreedor. La confianza se basa en tener información. Es un error enorme ir a negociar una deuda sin un Plan Económico en la mano. Y si a la falta de ese plan le sumamos sacarse fotos con enemigos de los bancos o del capitalismo, como es Thomas Pikkety, no se puede esperar que los acreedores acojan con alegría una propuesta que se sostiene en un futuro desconocido y potencialmente contrario a sus intereses.

El fracaso de la licitación de canje del AF20 no fue culpa de la “metida de pata” de Axel Kicillof. En realidad, los tenedores del bono rechazaron las opciones que se ofrecían, dado que no eran atractivos para negociar (venderlos, sobre todo) y con una quita implícita que llegaba al 40%. Por eso, Martín Guzmán reabrió tres series con buena liquidez y quita menor como alternativa. Ahora, toca al mercado aceptar o no la propuesta.

Una encuesta que, a primera vista parece favorable, recibió al recién llegado Presidente de la Nación. Un trabajo de D’Alessio IROL Berensztein asegura que las medidas tomadas hasta ahora satisfacen a sus votantes, lo que le permite fidelizar a gran parte de ellos, muchos de los cuales son peronistas, pero muchos más son de Cristina Fernández. Pero, lo malo es que no mejora su imagen positiva, es decir, la aceptación de medidas de muchos no se reflejaría en votos futuros.

Otra buena noticia, a media, es que se mantiene el nivel de rechazo de los opositores. Es decir, “La Grieta” está más viva que nunca, lo que niega esa visión que el Presidente de la Nación se viene “derechizando” a negar ciertas “verdades” que defiende el kirchnerismo. Sin embargo, oficialista y opositores coinciden que “todavía falta tiempo para que las cosas mejoren”, un golpe para la confianza que se requiere a largo plazo.

Ambas partes acuerdan que no hay resultados a la vista y que sigue rondando esa idea de que “el gobierno de Alberto Fernández no arranca”; y si bien, hasta ahora, se sigue culpando al macrismo por los malos datos de diciembre y enero (que están por llegar), el tiempo comienza a jugar en contra del Presidente de la Nación, como en su momento le ocurrió a Mauricio Macri cuando responsabilizaba al Gobierno de Cristina Fernández por la falta de repunte de la producción, consumo y la inversión.

Además, muchas de las decisiones tomadas en diciembre comienzan el camino de la judicialización y su rechazo por magistrados, como es el caso de la suspensión de la movilidad jubilatoria, que tuvo su primer fallo negativo en Salta; donde el Juez Federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, advirtió que la decisión presidencial no puede afectar el “Principio de Progresividad” ni “disminuir el grado de protección ya alcanzado” por los beneficiarios del sistema previsional.

Por eso es necesario comenzar a crear confianza. Y la mejor forma es apuntalar la “prioridad” que fijó para su gestión Alberto Fernández: Combatir el hambre. Entonces, sale el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y anuncia que los productos incluidos en los “Precios Cuidados” han tenido fuertísimos aumentos en los niveles de consumo.

La movida oficial es muy buena para las necesidades políticas albertistas: Polariza con el macrismo, que prometió “Hambre Cero” y dejó más pobres que al inicio de la gestión gubernamental; hace “tangible” los aumentos otorgados por cifras fijas; cubre con un manto de “éxito” a los “Precios Cuidados” albertistas, pese a haber reducido la lista de elegidos de 492 a 334; y se proyecta como un “adelanto” de lo que se prometió, salir de la recesión, reactivar la economía, crear trabajo.

Pero, siempre hay un pero, son datos que no confirman los híper o supermercados (veremos si lo hacen las estadísticas del Indec, pero podría decirse que fueron manipulados) y no tendría efecto importante sobre la producción y el comercio, dado que los productos que figuran en “Precios Cuidados”, que representaban 3,5% de la facturación de las grandes cadenas comerciales durante el macrismo, ahora, según datos oficiales, llega al 9%; es decir, “no mueve el amperímetro”, por ahora.

Los datos oficiales tienen información que sorprende. Las familias en estado de pobreza suelen cubrir mucha de su ingesta diaria con fideos, arroz o polenta, que son baratos y rendidores. Pero mientras dicen que crecieron las ventas de fideos 183%, aseguran que las compras de shapoo aumentaron 157%. ¿Alguien que no tiene para comer va a comprar shampoo? Otro: Si un producto incrementó sus ventas estos años fue la yerba, dado que mucha gente, muchas familias, levantaron una comida diaria y la reemplazaron por mucho mate y algún acompañamiento barato (galletitas, fiambre o similar). ¿Cómo es que la venta de yerba subió 107%? ¿La gente sigue ahorrando en alimentos para comprarse shampoo?

La necesidad de crear un “relato” se torna cada vez más imperioso para Alberto Fernández. Además de ser una herramienta efectiva para la polarización política y para fidelizar al votante propio; permite discusiones internas que polaricen al albertismo del kirchnerismo y “despegarse” de los opositores; dado que hoy ocupa más tiempo del Presidente de la Nación construir su propio poder, para no seguir dependiendo del apoyo y respaldo de la persona que más le condiciona su gestión: Cristina Fernández.

En este marco, disolver la subSecretaría de Lucha contra el Narcotráfico es un paso lógico para un Gobierno que piensa despenalizar el consumo de drogas; lo mismo que la decisión de Luana Volnovic, titular del PAMI, de incorporar a tres hijas de empleados del organismo que fueron desaparecidos durante la dictadura militar (del acto formaron parte Taty Almeida y Lita Boitano, de Madres de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos, respectivamente; y del Secretario de Derechos Humanos, Horacio Petraglia, en representación de Alberto Fernández).

Pero pese a estas decisiones reivindicatorias del ideario cristinista, lejos están de aplacarse las profundas diferencias ideológicas que hay entre kirchneristas y albertistas, como se vio con el tema de la existencia o no de presos políticos; un tema menor, dado que Alberto Fernández es abogado penalista, especialista en Estrategia Penal y profesor universitario; como Presidente de la Nación no puede permitir que se diga que en su gestión hay presos políticos, por eso habla de “detenciones arbitrarias”.

La diferencia que existe entre ambas ideas es muy importante, dado que según la calificación que se aplica el camino a seguir para revertir esta situación es muy diferente. Si son presos políticos, el indulto o la amnistía presidencial los liberaría, es decir, con una firma de Alberto Fernández, todos volverían a ser libres, aunque sólo se podrían dar amnistía a aquellos que tuvieran fallos en firme, como es el caso de Milagro Sala. Por eso su abogada y Ministra de Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defiende esta idea.

En cambio, si se trata de “detenciones arbitrarias”, se requiere de una revisión de las causas y los fallos dentro del mismo Poder Judicial, en muchos casos, por los mismos jueces que tomar las decisiones de detener o culpar a los ex funcionarios corruptos. Eso lleva tiempo y una voluntad política de parte de los magistrados actuantes que no aceptan las organizaciones de derechos humanos y el grueso del kirchnerismo.

Si bien este tipo de discusiones genera mucho ruido dentro del gobierno, más con un titular del Poder Ejecutivo que no tiene votos propios, le sirve al mandatario para polarizar con esa parte del kirchnerismo duro que argumenta que “Cristina Fernández es mi jefa política y Alberto Fernández, el Presidente de la Nación”. Si se quiere quedar cuatro años, por lo menos, en el poder, el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner deberá resolver esta diferencia e imponer su liderazgo. Pero para eso, hace falta mucho; lo que implica que habrá más discusiones como esta.

Para polarizar con la oposición, algo que le permite a Alberto Fernández sumar adhesiones peronistas y kirchneristas, está la próxima presentación del proyecto de Ley sobre aborto, que no sólo despenalizará esa práctica, sino que la legalizará, por lo cual, todos los establecimientos de salud públicos deberán practicar abortos, a pedido de las embarazadas.

La Iglesia ya fue informada de esto. La presentación se anunciaría en el primer Discurso de apertura de sesiones Ordinarias de Alberto Fernández, el 1° de Marzo, o el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Por eso, la Iglesia ya informó que el 8 de Marzo realizará una marcha y una misa en la Basílica de Luján contra este proyecto de Ley.

Sin embargo, eso no hay que analizarlo como un choque entre la Iglesia y el gobierno de Alberto Fernández, fue lo que acordaron el Presidente de la Nación y Francisco, en el Vaticano: Cada uno defenderá su posición en el ámbito que le corresponde, sin enfrentamiento directo. Es la fórmula que encontró el mandatario para asegurarse mantener un buen diálogo con el Papa, aunque eso implique que la venida del pontífice se haya pasado a 2021 o 2022, si la salud de lo permite; dado que Su Santidad no puede venir a su país de origen semanas después que se legalice el aborto, sería leído como un apoyo implícito a la decisión votada.

Quizás, el único problema para Alberto Fernández no sea el Episcopado, sino los feligreses y los evangelistas, que se movilizarán por sus propios medios, aunque ya no haya incentivo para que colegios secundarios completos se vuelquen a las calles, en horario de clase y usando los micros escolares, como ocurrió el año pasado.

Otro tema para sumar adhesión en la interna panperonista y polarizar con la oposición es idea de presentar un proyecto de Ley que castigue a quienes nieguen que hubo 30.000 desaparecidos en la Dictadura. Es cierto que la cifra fue una herramienta de marketing para visibilizar el secuestro, tortura y desaparición de miles de persona; y que luego se convirtió en un símbolo del reclamo de justicia, una forma de exigir conoce que fue de esas personas, una interpelación permanente al Estado. Pero un símbolo no puede hacerse ley, la verdad histórica no se puede cambiar por una norma judicial.

No hay negacionismo en la Argentina. Acá se confunden conceptos adrede, dado que legitima la propuesta. Nadie niega la existencia de desaparecidos, ni de los horrores que cometió la última dictadura; se usa esa palabra para igualarla a aquellos que niegan los campos de exterminio de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Esta discusión puede servir a Alberto Fernández, pero en la Casa Rosada saben que el tema se judicializarán rápidamente y que puede generar un choque con el Poder Judicial.

Si bien la muerte del juez federal Claudio Bonadío descomprimió el frente judicial que enfrentaba Cristina Fernández, decenas de empresarios y ex funcionarios kirchneristas; el magistrado elevó a juicio la mayoría de los expedientes contra la ex mandataria, pero quedaron pericias pendientes y pruebas inconclusas, y cualquier roce con el Poder Judicial puede “despertar” causas que van camino a cerrarse en poco tiempo más.

Un enfrentamiento con el Poder Judicial también haría correr riesgo el futuro de las causas judiciales que se están presentando (o ya están en desarrollo) contra Mauricio Macri, sus funcionarios y la familia Macri; como se vio esta semana, con la causa Correo Argentino, las presentaciones de Cristina Fernández ante la AFIP o la denuncia de Oscar Parrilli por la desaparición de una escalera en la Casa Rosada. Los jueces y camaristas de Comodoro Py son “animales políticos” y nunca en bueno “molestarlos”.

Más allá del relato que se quiera construir, de la polarización conformativa de identidad que se quiere crear o de la persecución que se lance sobre el macrismo; la realidad se impone. Muchos de estos temas se levantan, también, como “cortina de humo”, pero repitiendo frases hechas, “no se puede tapar el sol con la mano”. Al gobierno de Alberto Fernández le faltan éxitos reales y, como demostró el macrismo, con relato, no alcanza.

* Análisis Político de Sin Saco y Sin Corvata. Periodista - Politólogo.