Podrán importar; comercializar; almacenar; transportar gas y combustible así como explorar y explotar posibles yacimientos
El Congreso de Nicaragua, de mayoría oficialista, autorizó al gobierno de Daniel Ortega a crear cuatro empresas estatales para la importación, comercialización, almacenamiento, transporte de gas y combustible, así como explorar y explotar posibles yacimientos de petróleo, informaron fuentes oficiales.
Se trata de empresas descentralizadas del Estado con autonomía financiera y administrativa "que se van a dedicar de manera particular a los diferentes segmentos del negocio de los hidrocarburos", afirmó el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, en declaraciones publicadas en la web del Legislativo.
El jefe de la bancada oficialista, Edwin Castro, dijo que el Estado está interesado en este mercado porque "hay una empresa que está explorando en el Pacífico de Nicaragua, que si no halla petróleo, al menos encontrará gas", y eso, explicó, requerirá la existencia de compañías especializadas.
El diputado se refirió a los cuatro contratos de exploración y explotación de hidrocarburos que el gobierno firmó en 2015 con Estatoil de Noruega, en los que se estipuló que el Estado nicaragüense tiene derecho al 15% de las acciones del proyecto, según información publicada ese año en la web oficial.
En 2018, Nicaragua abrió una nueva licitación de exploración petrolera en el Pacífico.
El gobierno asegura que tiene capacidades de almacenamiento de hidrocarburos desarrolladas en el Pacífico y en el Caribe para atender las necesidades de comercialización, distribución y transporte a través de las nuevas empresas.
En esa dirección, el Legislativo aprobó este martes con carácter de urgencia la creación de la Empresa Nicaragüense del Gas (ENIGAS) y la Empresa Nicaragüense de Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (ENIPLANH).
También autorizó al gobierno a conformar la Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (ENIH) y la Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (ENICOM).
Los directores de las cuatro compañías serán nombrados por el presidente, estarán libres de todo tipo de tributos, sus bienes serán inembargables y estarán bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minas (MEN).
Los opositores sospechan que el gobierno busca con esta iniciativa esquivar las sanciones que impuso Estados Unidos en diciembre pasado a la Distribuidora Nicaragüense Petróleos (DNP), que controlaba gran parte del negocio de hidrocarburos en el país.
“Las sanciones han ocasionado este movimiento", comentó la diputada liberal de oposición Azucena Castillo a periodistas.
En diciembre pasado había sido nacionalizada la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), tras sanciones impuestas por Estados Unidos que la vinculan con un esquema de corrupción y lavado de dinero del gobierno del presidente Daniel Ortega. El mandatario había argumentado un "potencial desabastecimiento de combustibles y productos derivados del petróleo" en el país, según la exposición de motivos.
La ley establece que todos los inventarios de DNP pasarán a ser "propiedad total" del Estado de Nicaragua y serán administrados y operados a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La DNP importa el 30% de los hidrocarburos y derivados del petróleo y parte de ellos los vende a través de 69 estaciones de servicio. Tras las sanciones, la empresa no podrá comprar a sus proveedores.
La demanda nacional es suplida por la multinacional de origen Suizo, Puma Energy, que además de combustibles terminados, importa petróleo que procesa en su refinería y abastece a otros distribuidores del mercado local.
Tras el anuncio de sanciones estadounidenses, algunas estaciones de DNP estaban cerradas o tenían largas filas de compradores ante el temor de desabastecimiento, principalmente en ciudades del interior y la costa Caribe, donde son los únicos distribuidores.
Estados Unidos había sancionado a Rafael Ortega, hijo mayor del mandatario y la vicepresidenta, Rosario Murillo. Otros 11 funcionarios y allegados al gobierno han sido sancionados, en el contexto de la crisis política que afecta al país desde 2018, para presionar a que Ortega a hacer cambios políticos y llame a elecciones libres en el país.
"Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar las sanciones.
El diputado del partido Conservador (PC-derecha) Alfredo César consideró en ese momento que la ley era innecesaria y que "el Estado debe permitir que las empresas privadas en libre competencia se encarguen de la importación y distribución del petróleo y sus derivados".
