Huelga contra Zeidán. Venga una foto

El yacimiento está en el limbo. En pocos días más el Estado nacional deberá oblar otros 700 u 800 millones de pesos para pagar sueldos inútiles, sin productividad con una mina en pausa y una dirigencia sindical politizada, prebendaria, oportunista y de baja calidad, que espera “un milagro” de la muchachada de Alberto quienes ahora son “del mismo palo”, pero los días corren y nadie pone los ojos en Río Turbio, para presidir si no la única, una de las pocas empresas del Estado sin conducción ni responsabilidad de producción. Claro, eso pasa en Argentina, donde el kirchnerismo no tiene apuro por cuanto los dineros públicos “no son de nadie” y el nuevo ajustazo de Fernández, le permite sostener estos elefantes improductivos, mientras “ve que hace” sosteniendo otro monstruo alimentado del fabuloso déficit pagado por todos los argentinos cada vez con más sacrificio.

El relato sigue, como el que se puede leer de la página kirchnerista del denominado Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) donde su vicepresidente es una socióloga relacionada con el relato K y por tal motivo, todo gira alrededor de las bondades del gobierno de los Fernández y el “desastre” dejado por el gobierno anterior.

Es curioso repasar algunos términos en los cuales se refiere a YCRT cuando se hace alusión al Plan de Recuperación Integral del Yacimiento, lo que considera “un relanzamiento” de aquel oportunista plan ideado en el 2005 por NK, cuando, después de la desgracia donde murieron 14 mineros (2004), el gobierno se comprometió a tecnificar la mina, con lo cual el kirchnerismo vio un inesperado nicho de negocios, como luego quedara demostrado a lo largo de los años con la licuación de miles de millones de pesos en compras con sobreprecios, licitaciones truchas armadas con la Universidad Tecnológica y un sinnúmero de acciones de corrupción, ampliamente relatadas en nuestros sucesivos informes y por las cuales hay causas judiciales abiertas.

“Entre sus dos metas fundamentales, ambas finalizadas, destacamos: la construcción de la Central Termoeléctrica a Carbón y la recuperación integral del yacimiento, con la finalidad de abastecer a la usina y exportar el excedente (siempre y cuando esté cubierta la demanda). La paralización y el desguace de la única central a carbón nacional no sólo atenta contra el desarrollo genuino de la Patagonia sino también contra la provisión de energía abundante y barata para la región y el país. Y, sobre todo, arremete contra la calidad de vida, el crecimiento con empleo y la inclusión social de los 30 mil habitantes que lindan la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz”, dice OETEC, haciendo abstracción de los 12 años en que fueron gobierno y solo aprovecharon ambas iniciativas (yacimiento y usina) para otros fines que los de recuperar el yacimiento y exportar energía.

“…con la reactivación de la actividad económica del yacimiento se generó una importante inmigración de personas provenientes de otras provincias en búsqueda de mejores oportunidades laborales. En este sentido, no constituye un detalle menor que el promedio salarial de un trabajador minero del yacimiento hayan sido importante en un contexto inflacionario diferente a la economía macrista, lo que generó un incremento significativo de la actividad económica y comercial de Río Turbio favoreciendo la instalación de diferentes actividades asociadas a la satisfacción de las demandas de una población en crecimiento”, prosigue.

Sin duda quien esto escribe no conoce la historia de YCRT ni lo que hicieron de ella. “la importante inmigración” a la que hace referencia, sean tal vez los casi 3.000 empleados que llegó a tener el yacimiento, muchos enviados desde provincia de Buenos Aires por De Petri para cobrar salarios, sin que en su vida hubieran visto un trozo de carbón. En muchos casos asociados a la nómina de YCRT si haber llegado nunca a la cuenca, en la mayoría pagando favores políticos.

En cuanto “…al promedio salarial de un trabajador minero en el yacimiento…” tal vez la socióloga se refiera a los salarios descomunales que cobraban, las prebendas que tenían y los beneficios de un país del primer mundo, que pagábamos con nuestros impuesto a cambio de nada, porque en 12 años jamás hicieron producir a YCRT y solo fue usada como caja política y empresa que beneficiaba a una elite, simulando proactividad mientras fundían todo lo que tocaban.

Para la socióloga tal vez fue una injusticia que les quitaran las licencias gremiales (solo ATE mantenía 80 antes de terminar el 2015), salarios de gerentes, jefes y subjefes que pasaban los 200 mil pesos, exención de Ganancias, premio de fin de año (BAE) con cifras de entre 300 y 900 mil pesos ya en ese momento; viajes anuales “a su lugar de origen” con pasajes pagos para toda la familia, transporte escolar a cargo de YCRT y un conjunto de beneficios extras atípicos en un país fundido y con una empresa improductiva.

Ahora bien, si tanto extrañan el status quo anterior las preguntas que se me ocurren son las siguientes: ¿Por qué a más de 40 días de asumir este gobierno ni siquiera se ha ocupado de poner una intervención al frente de YCRT? ¿Por qué ha dejado la figura de la intervención anterior, cuando la obligación institucional es hacerse cargo de la responsabilidad? ¿O es que, como pensamos, Alberto Fernández no tiene la menor intención de aportar esta masa inerte de fondos que no retribuye en nada al país? ¿Es tan poco el interés del gobierno en YCRT que ni siquiera planificó su continuidad? ¿O le tiene reservado un destino de privatización?.

Los gremios internos de YCRT se han mostrado muy “combativos” en estos últimos 4 años, reclamándole al gobierno nacional todo tipo de “derechos” perdidos, pero curiosamente hoy ni siquiera hablan de reactivar el yacimiento o pedirle “inversión” al Estado nacional y mucho menos “reestablecer sus derechos”, ¿Será porque temen la respuesta?. Obvio que Alberto Fernández no llevaría a cabo la descabellada idea de volver a dotarlos de los privilegios perdidos. En el marco político de carencias, necesidades, recortes y ajustes que hizo el Estado, sería muy paradógico alentar este tipo de prebendas, solo por un discutible “derecho” sobre el que se apoyaron los sindicatos todos estos años anteriores, para exigir por vía de los hechos (paros, movilizaciones, toma de la planta, quite de colaboración, impedimentos para sacar carbón, etc) que el anterior gobierno les restituyera los increíbles beneficios que gozaron hasta el año 2015.

Las fuentes consultadas en YCRT sostienen que existe una gran preocupación por la incertidumbre abierta a partir del 10 de diciembre pasado. Los sindicatos creían que encontrarían un rápido eco a sus demandas y lejos de esa actitud, han hallado autoridades que rehuyen hacer confirmaciones y ninguno en Buenos Aires les aseguró que sus “derechos perdidos” se reestablecerán y “por el momento” el exiguo presupuesto por el cual protestan los sindicatos, será el que llegue exclusivamente para pagar salarios.

“Hemos llegado al punto que ya estamos pidiendo que no corten el envío de fondos para pagar salarios”, dijo la fuente interna de YCRT y aclaró “no sabemos lo que va  a ocurrir. Los sindicatos han hablado con segundas y terceras líneas, pero está visto que YCRT no es prioridad para el gobierno nacional”.

Paralelamente, el gobierno de la provincia de Santa Cruz, tan preocupado en años anteriores por la situación financiera de YCRT y la inactividad de la usina, no ha emitido palabra alguna respecto del silencio formulado desde la dupla Fernández-Fernández. El tema que supuestamente era “una honda preocupación para el gobierno de Alicia”, ha caído en un silencio sospechosamente intrigante.

Desde algunos sectores consultados por OPI a nivel nacional, se nos ha dicho que el gobierno “no tiene claro cómo va a seguir con YCRT” y es un tema muy caliente en el escritorio de Alberto, porque no puede (ni quiere) confrontar con el kirchnerismo que lo rodea, pero no está dispuesto a poner millonarios fondos donde nada se produce.

Dentro del ámbito de Energía se están manipulado varias opciones, entre ellas de convocar a capitales chinos para entregarles YCRT y la usina, con el compromiso de ponerlas en funcionamiento, con beneficios veinteañales o treintañales, de acuerdo a los estudios previos realizados. Ésta opción desde un sector del gobierno la ven como la más viable dado que no existe dentro del gobierno nacional posibilidad (ni disposición) de destinar millones de dólares para sostener la empresa.

En este marco, hace más de un mes  llamó mucho la atención la aparición del cambio de Directores en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio SA, cuyo presidente sigue siendo Sergio Taselli.

La dékada ganada

Hasta el tercer trimestre de 2019 la compañía tuvo gastos totales por 2.338 millones de pesos; los ingresos por la operación. Por la venta del carbón, sumaron en el mismo período 43 millones de pesos.

A falta de compradores para el carbón, De Vido proyectó la usina a pie de mina, en la que se gastaron más de US$ 1.000 millones, contra un presupuesto de 700, pero quedó inconcusa y harían falta 200 millones más. Cristina Kirchner, en campaña presidenncial 2015, hizo encender una turbina sin estar terminada, lo que según pericias posteriores ocasionó un costoso daño.

Río Turbio ya tiene algunos condenados. Atanacio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio y exinterventor, ya fue condenado por corrupción. Estuvo preso y se benefició de la excarcelación cuando el kirchnerismo regresó al poder. Pocos días antes de la Navidad, fue liberado. Por allá anda, con una tobillera electrónica, la obligación de presentarse cada dos meses ante el tribunal, la prohibición para salir del país y la entrega de su pasaporte a las autoridades.

Pérez Osuna fue condenado en octubre junto con el empresario Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA). El tribunal dio por probado el desvío de $50 millones destinados a construir una ruta que nunca se hizo. La Justicia sostuvo que el gobierno municipal le entregó como anticipo de obra $50 millones "sin justificación" a la empresa Fainser, propiedad de Lascurain por una licitación de $500 millones. Entre noviembre y diciembre, YCRT giró fondos a través de tres órdenes de pago a la contratista. El último, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que asuma Macri.

 

 

 

 

De Vido y Baratta, que hoy se reivindican como presos políticos,  están acusados por otros temas. En 2008, YCRT firmó un acuerdo de asistencia y cooperación con la Regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Desde entonces la empresa le encargaba a la UTN cualquier cosa que se necesitaba hacer o comprar. La facultad, a su vez, creó una Fundación Facultad Regional Santa Cruz. El esquema quedó armado. La minera pedía un trabajo o una compra a la universidad, que, a su vez, lo derivaba a la fundación. Esta era la que negociaba con el proveedor. La facultad presentaba rendiciones de cuentas; la fundación no.

Esa intermediación encarecía cada compra. De lo que el proveedor presupuestaba, la fundación le cobraba a la facultad 10%, y sobre ese total, la facultad cobraba otro 10%. Por ambas intervenciones las compras se encarecían 21 por ciento. Por ese concepto llegaron a cobrar $1092 millones.