Ya renunciaron cuatro ministros Jorge Meléndez; Zulema Tomás; Francisco Petrozzi y ahora Juan Carlos Liu
El presidente del Perú, Martín Vizcarra, aceptó la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, luego de que se conociera que su empresa Conasac brindó consultorías a la constructora brasileña Odebrecht para la obra del Gasoducto Sur Peruano.
“He escuchado a varios periodistas que se han referido al tema del ministro de Energía y Minas, solamente para decirlo muy concreto, ya se le ha aceptado la renuncia al cargo. Hoy día se le ha aceptado”, manifestó Vizcarra en el distrito de Villa el Salvador, donde superviso las acciones del gobierno para atender a los afectados por la deflagración de gas del pasado 23 de enero.
También consideró que los detalles de estas consultorías “tienen que merecer una investigación”.
“Que se determine responsabilidades, el tema es que ante las denuncias que se han dado hoy temprano nos hemos comunicado y [Liu Yonsen] ha tomado la decisión de comunicar la renuncia”, agregó.
Al ser consultado sobre si tenía conocimiento de la asesoría del ahora exministro de Energía y Minas, Vizcarra respondió que “no”.
Liu Yonsen reconoció en un informe de “Panorama” que su empresa Conasac realizó consultorías para Odebrecht. “Prestamos en algunos momentos algunos servicios a Odebrecht, pero eran de naturaleza regulatoria”, comentó sin dar mayores detalles.
Además, en su declaración jurada de intereses informó que del 2010 al 2014 fue asesor del ministerio. Y pese a tener tal función, fue consultor externo de esa cartera y su empresa elaboró un informe, en diciembre del 2012, para definir si el proyecto del gasoducto del sur era cofinanciado o autosostenible. “Si Pro Inversión hubiera estado seguro de que el proyecto era autosostenible y no tenía dudas, de repente hasta hubiera prescindido del informe […] Lo que de alguna manera nosotros evaluamos […] fue si los ingresos que podían provenir de las tarifas podían cubrir eventuales costos del sistema”, explicó.
El documento se tituló: “Proyecto mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano”. Fue presentado el 3 de enero del 2013 por el entonces titular del sector Jorge Merino Tafur al director de Pro Inversión. Merino solicitó, además, incorporarlo al proceso que dio origen a la licitación del gasoducto, adjudicado en el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó Odebrecht.
Merino es investigado en la actualidad por colusión por el equipo Lava Jato.
“Este informe fue presentado por el ministro como parte de lo que el reglamento de la ley de las APP de esa época señalaba que debía presentarse. El Ministerio de Energía y Minas de la época no podía encargar a Pro Inversión que lleve adelante este proyecto sin el informe que se denominaba en el propio reglamento: informe de evaluación”, detalló.
Liu Yonsen declaró que no conoce a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Sin embargo, dijo que durante su gestión se reunió con algunos funcionarios de la empresa antes de que esta decidiera presentar la demanda arbitral ante el Ciadi, en que pide US$1.200 millones como indemnización.
De otro lado, el presidente Martín Vizcarra dijo estar seguro de que la relación entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso será “muy cercana”, a fin de “atender las necesidades” de la ciudadanía.
El Ministerio de Energía y Minas es un sector clave en torno al proyecto gasoducto del sur y un actor fundamental frente a la demanda arbitral iniciada por Odebrecht contra el Estado Peruano, e incluso parte de las negociaciones antes de que la constructora brasileña decidiera adoptar tal medida ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Sin embargo, un informe de “Panorama” reveló este domingo que Liu Yonsen fue, a través de su empresa Conasac, realizó consultorías para Odebrecht. “Prestamos en algunos momentos, algunos servicios a Odebrecht, pero era de naturaleza regulatoria”, reconoció el ministro, aunque en su declaración jurada de intereses no consigna haber brindado tales servicios.
Pero no solo brindó servicios a la empresa brasileña, sino que posteriormente se desempeñó como asesor del ministerio.
De acuerdo a su declaración jurada de intereses, Liu Yonsen fue asesor del ministerio entre el 2010 y 2014. Sin embargo, también fue consultor externo de la misma cartera.
Es así que al finalizar el 2012 se le solicitó a su empresa preparar un informe de evaluación para definir si el proyecto de gasoducto de sur era cofinanciado o autosostenible. “Lo que nosotros en este informe señalamos que esa APP (asociación público-privada) podía ser autosostenible”, explicó al citado dominical, precisando que la elaboración del documento tomó “una semana, algo así”, declaró.
Y como era un informe “urgente” y de “mínima cuantía”, recordó el ministro, la consultoría se decidió sin necesidad de concurso.
“Si ProInversión hubiera estado seguro que el proyecto era auto sostenible y no tenía dudas, de repente hasta hubiera prescindido del informe […] Lo que de alguna manera nosotros evaluamos […] fue si los ingresos que podían provenir de las tarifas, podían cubrir eventuales costos del sistema”, explicó.
El documento se tituló: Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.
Ese informe que data de diciembre del 2012 fue presentado el 3 de enero del 2013 por el entonces titular del sector, Jorge Merino Tafur, al director de ProInversión. Merino solicitó, además, incorporarlo al proceso que dio origen a la licitación del gasoducto, adjudicado en el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó Odebrecht.
Actualmente, Merino es investigado por colusión por la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, en el marco de caso gasoducto. Precisamente, entre las imputaciones, se le señala por haber solicitado a ProInversión incorporar el proyecto propuesto en el informe de Liu Yonsen.
“Este informe fue presentado por el ministro como parte de lo que reglamento de la ley de las APP de esa época, señalaba que debía presentarse. El Ministerio de Energía y Minas de la Época, no podía encargar a ProInversión que lleve adelante este proyecto sin el informe que se denominaba en el propio reglamento: informe de evaluación”, detalló.
Un hecho que se relaciona a ese informe se dio el 13 de diciembre del 2012. El Congreso de la República Ley N° 29970 o Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, norma que permitió financiar trabajados del gasoducto. Dicha norma se derogó en enero del 2017, tras conocerse el escándalo de corrupción de Odebrecht.
El ministro aseguró no conocer a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Sin embargo, dijo que durante su gestión se ha reunido con algunos funcionarios de la empresa antes de que esta decida presentar la demanda arbitral, pidiendo US$1.200 millones como indemnización.
El presidente Martín Vizcarra aceptó la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, quien a través de su empresa Conasac, realizó consultorías para Odebrecht. Con esta baja ministerial, el gobierno de Vizcarra perdió en promedio un ministro cada 22 días, desde que inició su mandato en marzo del 2018.
Suman 682 días (1 año y diez meses) desde que Martín Vizcarra asumió como presidente de Estado. Desde entonces, su gobierno sufrió 31 renuncias de ministro. Es decir, perdió un ministro cada 22 días. Cabe mencionar que algunas de estas renuncias se dieron en bloque producto de crisis ministeriales. Cuando cayó el gabinete de César Villanueva, en marzo del 2019, se produjo la renuncia de seis ministros. Mientras que cuando cayó el gabinete de Salvador del Solar, en setiembre del 2019, salieron otros nueve ministros.
Tras la disolución del Congreso, el 30 de setiembre del 2019, Martín Vizcarra sufrió la renuncia de cuatro ministros: Jorge Meléndez (Desarrollo e Inclusión Social), Zulema Tomás (Salud), Francisco Petrozzi (Cultura) y Juan Carlos Liu (Energía y Minas).
Este interregno parlamentario, donde no hay Congreso en funciones (aunque sí la Comisión Permanente), lleva 133 días. En dicho periodo, el régimen de Vizcarra sufrió la renuncia de cuatro ministros, todos ellos por cuestionamientos públicos. Es decir, Vizcarra perdió, en promedio, un ministro cada 33 días, sin ninguna intervención del Poder Legislativo.
Con oposición parlamentaria, antes de la disolución, fueron 549 días de gestión con 27 bajas ministeriales. Es decir, en promedio, perdió un ministro cada 20 días. Se podría decir que los ministros de Martín Vizcarra, sin oposición parlamentaria, duran un promedio de 10 días más.
Cabe mencionar que para esta medición no se incluyó al exministro José Huerta, quien falleció en julio del 2019. Tampoco se tomó en cuenta las salidas producto de los cuatro enroques de carteras ministeriales que se dieron durante la gestión de Martín Vizcarra, analizó Martín HIdalgo Bustamante en El Comercio.
La fiscal Geovana Mori, del equipo especial del Caso Lava Jato, consideró que si la información entregada por los representantes de la empresa Odebrecht no es relevante, corresponderá incluirlos en la investigación por el Caso Gasoducto Sur Peruano (GSP).
En Canal N, explicó que actualmente se archivó el caso contra los directivos de la constructora brasileña en el marco de la colaboración eficaz, pero la situación podría cambiar una vez que se realice la corroboración de la información entregada.
“Si uno verifica que la información o delación [entregada] de ellos no es importante, relevante, y yo pueda advertir otros datos más, porque tenemos colaboradores eficaces nacionales, corresponde comprenderlos en la investigación”, manifestó.
Mori detalló que el caso pasará a etapa preparatoria, donde se tienen programadas las declaraciones de los directivos de Odebrecht, aunque enfatizó que nada impide que sean incorporados posteriormente en el proceso judicial.
En ese sentido, la fiscal del equipo especial refirió que de ser hallado culpable, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, podría recibir una pena de 15 años de prisión por los delitos colusión, lavado de activos y otros.
"Corresponde evaluar la situación y están programadas los actos de corroboración. Eso [que Jorge Barata sea enjuiciado] está sujeto a la corroboración de la colaboración eficaz. Si la información que ellos, en el marco del acuerdo, para mí no son útiles, relevantes y yo tengo mayores avances, allí sí corresponde comprenderlos", agregó.
Como se recuerda, la procuradora pública ad hoc para el Caso Lava Jato, Silvana Carrión, solicitó a la fiscal Geovana Mori incluir en el caso a los exdirectivos de Odebrecht, tras la demanda presentada por la constructora ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado Peruano por dicho proyecto.
La solicitud comprende a Mariana Demoro Simoes, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis César Lindgren Costa, Flavio Bento de Faria, Luis Fernando Castro Santo y Claudia Hokama Kuwae.
A todos ellos, la Procuraduría Ad Hoc les atribuye la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado peruano. Dicha instancia también solicitó la incorporación de las empresas Gasoducto Sur Peruano S.A., Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.C y Enagás Internacional SLU, “a fin de que sean comprendidas por los hechos que se investigan”.
“El no reconocimiento de culpabilidad por parte de la empresa Odebrecht, evidenciaría la no voluntad de colaboración con las autoridades peruanas en los hechos que se investigan en este caso, por lo que habilita al Ministerio Público para retomar las acciones legales contra la constructora y sus exfuncionarios”, dice el documento.
