La exploración de petróleo no convencional ocurre en en Malargüe, donde está puesta la "esperanza" del gobierno
PABLO ICARDI
La Corte nacional y también la Corte local analizan causas judiciales en las que se cuestiona el fracking. Más allá del tema de fondo, en el gobierno temen que la litigiosidad genere ruido para las inversiones. Además buscan que no se relacione el tema con la crisis hídrica.
La exploración de petróleo no convencional ocurre en el extremo sur de Mendoza, en Malargüe, donde está puesta la "esperanza" del gobierno para generar más riqueza. Los pozos están alejados de la población, en una zona árida y dura. Pero el tema está latente en plena ciudad y esa actividad repercute en pleno centro. No por la extracción petrolera en sí, sino por los litigios que ha generado y que son motivo de análisis y preocupación en distintos ámbitos. Hay al menos dos expedientes que todos miran de reojo por las repercusiones que tiene en lo político y jurídico.
Más allá de lo que ocurra con la resolución de esos casos, entienden, la conflictividad legal del tema puede generar ruido para dar seguridad jurídica a las promesas de inversiones.
La pelea jurídica por el fracking toma calor. Y aunque hay quienes recuerdan lo que ocurrió en su momento con la 7722, que fue debatida en la Corte por una década, hay una diferencia sustancial: con esa ley se ponía en análisis una actividad que hipotéticamente podría o no realizarse en Mendoza, como la minería. Con la industria petrolera la tensión es otra, pues se trata de una actividad en pleno desarrollo y que, además, es uno de los ejes que busca impulsar el gobierno.
El propio Rodolfo Suarez, aseguran, espera en este tema "un gesto" de la Corte para "dar seguridad jurídica a los inversores".
Uno de esos expedientes está embalado y viaja a Buenos Aires. Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió la causa donde la organización Oikos cuestiona la autorización que el gobierno de Alfredo Cornejo le otorgó a primera experiencia de fractura hidráulica que se hizo en Mendoza. Esa OSC fue a la Corte nacional con un recurso de queja y por eso la causa comenzará a analizarse en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde Mendoza ya se autorizó el traslado del expediente y habrá que esperar para saber si se avoca o no el máximo tribunal nacional al tema. Los litigios sobre el medio ambiente son temas a los que la Corte nacional le presta atención. En este caso no hay daño ambiental comprobado, pero los denunciantes aseguran que sí hay irregularidades administrativas.
Pero hay otra instancia más caliente. El próximo jueves en la Corte de Mendoza se hará la primera audiencia en otra causa en la que buscan que se frene el fracking en Mendoza. En ese caso sí se trata de un pedido de inconstitucionalidad para la reglamentación de esa práctica. Se trata del Decreto 248/18 que reglamenta la práctica de la fractura hidráulica en el marco de la ley ambiental de la provincia.
La Corte determinó que se aplique el nuevo Código Procesal Civil y por eso habrá audiencia inicial con los representantes de los actores en pugna; es decir los ambientalistas y el Gobierno. Si de demoras se trata, pues aquí hay un ejemplo: la causa se inició el 9 de Abril de 2018, pero la "audiencia inicial" se realizará esta semana, casi dos años después.
Nuevamente, más allá de la resolución final, lo que preocupa en el gobierno es la incertidumbre que puede generar que haya cuestionamientos a la actividad. Más, cuando la actividad petrolera es una de las que buscan que sea eje de la economía local y nacional. En el mismo sentido, quieren que el debate no se les escape de las manos y alejar la discusión del fracking del tema agua.
La reglamentación restringe el uso de agua limpia para la fractura hidráulica. No la prohíbe, pues dice que “el agua de fractura para el caso de yacimientos en producción deberá provenir preferentemente del agua de formación”, es decir agua ya usada por la actividad petrolera. Y sí prohíbe “la utilización del agua subterránea con aptitud para satisfacer el abastecimiento a poblaciones y otros usos productivos”. El volumen de agua usado para el fracking en Mendoza es bajo porque también hay baja actividad en ese sentido. En Irrigación aseguran que la asignación ha sido “cero”.
No es el único frente que tiene abierto el gobierno en su intención de promover la actividad petrolera. El otro problema está más lejos del alcance y tiene que ver con las condiciones del negocio. El cambio en las reglas de juego durante la gestión anterior, con el congelamiento del precio del dólar al que se liquida, el congelamiento del precio y otras variables, condicionó las inversiones. Y aún hay incertidumbre. En Neuquén esa tensión es mucho más palpable y hay cerca de 2 mil puestos de trabajo en jaque.
En Mendoza la repercusión por ahora es menor, pero aseguran que están “expectantes”. Este año la petrolera YPF tenía previsto desarrollar dos proyectos de explotación no convencional que esperan confirmar. El mismo tiempo, buscan que haya un lobby para incluir al petróleo pesado y la recuperación terciaria al proyecto de “ley petrolera” en el que trabaja el gobierno nacional.
Los Andes
El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, salió al cruce de versiones que indicaban que el fracking en Mendoza consume el agua y acentúa la crisis hídrica y la sequía.
Respecto de la estimulación hidráulica, que es la actividad no convencional para extraer petróleo y gas, y conocida como fracking, el funcionario afirmó: “Nosotros hicimos una resolución en el 2018, la 249, precisamente para poder controlar y estar preparados. Le exigimos a las empresas mineras que realizan esta actividad, que usen solo agua de formación. Al fracking le damos cero agua cruda, cero agua dulce"
“Esa agua de formación, ¿de dónde la sacan? Cuando hacen la extracción de petróleo, una parte es petróleo y otra es agua con un altísimo, altísimo contenido salino. A esta agua la tratan, la depositan, la usan para el fracking y luego la reinyectan en el mismo lugar de donde la sacaron”, explicó Marinelli.
“El fracking se está haciendo en la lengua norte de Vaca Muerta. Hay tres formaciones: una es Vaca Muerta y las otras son similares. El petróleo está contenido en la roca madre a más de 1.800 o 2.000 metros. Entonces, lo que hacen para extraerlo es un pozo convencional de petróleo y a la par un pozo de agua, que es el que usamos nosotros para hacer un monitoreo permanente, tomando muestras que son analizadas por la Universidad Nacional de Cuyo".
También fue tajante contra las versiones que circulan y que señalan que la actividad "seca" a la provincia: "Decir que Mendoza se está secando por la actividad del fracking es una mentira absoluta. En el Observatorio del Agua de Mendoza, que nació en Irrigación e integran además otros organismos públicos, está publicado esto que estoy diciendo. El Observatorio es una herramienta de diálogo que empezamos a usar porque la gente tiene miedo y al miedo hay que atenderlo, por más que sea irracional en algunos casos, existe".
También se refirió a las agrupaciones que militan la defensa del agua y rechazan la actividad exploratoria: “Hay personas que están en contra del fracking por razones ideológicas. Tienen derecho… pero con ellos es imposible hablar. Por más que le expliques y le muestres ellos ya tienen su opinión formada, no importa si generan o no problemas. Hay personas que por razones teóricamente del cuidado del ambiente, tampoco lo quieren y no están dispuestos al diálogo"
Sin embargo el funcionario agregó: "No obstante, a pesar de las diferencias, se puede discutir con base científica si causa o no problemas. Y por otro lado están las personas que han adquirido temor, por tanta prédica y tanta mentira. Esto es porque están mal informadas. Con ellas tenemos que trabajar para que estén tranquilas. Porque nosotros, en Irrigación, también queremos estar tranquilos”, finalizó.
GUILLERMO ROJAS*
Los recientes acontecimientos en torno a la minería en Mendoza no dejan de preocuparnos y hacernos sentir indefensos ante una provincia que no acierta a definir un rumbo de desarrollo sustentable.
Recientemente, el gobernador adujo que había escuchado al pueblo de Mendoza en su reclamo por la derogación de la ley 9.209; sin embargo, no escucha a su mismo pueblo que reclama, insistentemente y durante muchos años, la posibilidad de desarrollar la minería metalífera en sus numerosos proyectos. Se vio desbordado por un sector que, por temor o ignorancia, no quiere reconocer que el agua es de todos.
Sabemos que el agua es cada vez más escasa pero el problema de fondo es que está mal utilizada y con una infraestructura deficiente. Precisamente, esta ley venía a resolver esta situación. Además acá se juegan los intereses de diversos actores en la economía mendocina.
El juez Mario Adaro, en su análisis sobre la toxicidad de las sustancias incluidas en la ley 7.722, en el fallo del juicio de inconstitucionalidad, dice lo siguiente: “A lo que concluyo que la prohibición es al uso de las sustancias químicas tóxicas: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Esta medida restrictiva, de prohibición, dispuesta por el legislador para los procesos mineros metalíferos, debe ser extendida a todas las actividades que la utilicen; porque si sólo tomáramos la restricción para la actividad minera sería discriminatoria y por tanto inconstitucional.”
Esto define, claramente, el contenido discriminatorio de la ley y la arbitrariedad de la misma.
Con respecto a la minería del uranio, la ley 7.722 prohíbe la producción de un combustible sólido para alimentar a nuestras centrales nucleares que contribuyen grandemente a no generar efecto invernadero ni cambio climático; es decir, energía limpia para un mundo sustentable. Es de absoluta necesidad rever la situación de este elemento estratégico para nuestro desarrollo energético.
Por último, sería un acto de justicia el otorgar la excepcionalidad a la ley 7.722 al departamento de Malargüe ya que necesita desarrollar su minería y ha contribuido y sigue contribuyendo en gran medida a la economía mendocina.
