Silvia Naishtat

La ley de 2006 establece un corte con los combustibles verdes de 12% en naftas y 10% en gasoil. Los productores se quejan por insumos dolarizados, un precio congelado y demoras en los pagos por parte de las petroleras. Temen el fin del régimen.

Cuando Argentina comenzó a tomar conciencia del cambio climático nacieron los incentivos para ir desterrando los combustibles fósiles. En 2006 salió la ley y desde entonces poner la caña de azúcar, el maíz o la soja en el tanque del auto dejó de ser una rareza. No fue fácil alumbrar una norma que exige que el 12% se complete con bioetanol (proviene del maíz y la caña) en el caso de las naftas y el 10% de biodiesel (de soja) en el gasoil. Ese corte se transformó en uno de los principales alicientes para la industria azucarera del Norte y un impulso a expandir la frontera agrícola. Hay otros países que marcaron el paso como Brasil y van mucho más allá. Pero por acá la resistencia de las petroleras en perder porciones del negocio hace temer la marcha atrás del régimen que vence en mayo de 2021.

En este mientras tanto, hay quejas por el precio que perciben los combustibles verdes. Todo iba viento en popa hasta que el ex Shell y ex ministro de Energía Juan José Aranguren, les cambió la fórmula. En 2006 el precio del litro de biocombustible equivalía a un dólar. Hoy se paga $ 29,80 en el caso del bioetanol y $ 45 en el biodiesel. En Brasil lo mantienen a un dólar el litro. Y aquí sostienen que las petroleras ganan en base a su aporte ya que lo cobran al público muy por encima de esos valores.

De acuerdo a un estudio de la cámara sectorial, desde abril de 2017 el índice de precios mayorista creció 201%, el de las naftas, 159%, el del etanol en base a maíz 107% mientras que el que se produce con caña, subió 98%. Del lado de las petroleras reprochan las ventajas impositivas de los biocombustibles exentos del impuesto específico que ellas tributan y que llega al 21% en el caso de la nafta súper. Argumentan que el costo fiscal de mantener el régimen es “enorme”.

Por cierto, desde 2006 se desarrolló una industria que admite jugadores de todo tamaño. Rápidamente generaron una enorme capacidad de producción que encuentra una salida relativa en la exportación. El biodiesel se envía a Europa, gracias a una cuota de 1,2 millones de toneladas anuales que abrió Bruselas tras una larga disputa. No alcanza. La capacidad ociosa de la industria llega al 50%, señaló Claudio Molina de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

En cuanto al etanol de caña, los principales productores son el Grupo Los Balcanes (familia Rocchia Ferro), Tabacal de la estadounidense Seaboard y Ledesma (Blaquier). En el maíz, la cooperativa Aca, Aceitera General Deheza (Urquía), Bunge y la caída en desgracia Vicentín, de la familia con el mismo nombre.

Quienes comenzaron a hacer pública la situación fueron los ingenios: tienen de aliado al gobierno de Tucumán que, con 15 ingenios, produce el 65% del azúcar del país. En Salta se cosecha otro 10% y en Jujuy, el 25% restante. Se trata de un sector que ocupa a 40.000 personas y es por lejos el principal empleador privado en el NOA. A su vez, el horizonte para el cultivo de azúcar pinta complicado. La actividad quedó excluida del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y por tanto no se puede embarcar al viejo continente ya que le aplica un arancel de 500% para defender su azúcar de remolacha. Y si bien Argentina sigue dulce gracias a la cuota con que la beneficia EE.UU., en la que se paga US$ 450 la tonelada, el doble que en cualquier otro destino, el volumen de esos embarques es pequeño.

A todo esto, los trabajadores ven peligrar sus puestos. El Secretario de la Federación que los agrupa (FASiPeGyBio), Pedro Milla, advierte: “Están cerrando fábricas. Las pymes compran sus insumos en dólares pero no pueden trasladarlo al regirse por el precio fijado por la Secretaría de Energía. Para colmo, las petroleras adquieren el biodiésel en pesos y lo pagan a los 45 días de la entrega, sin ningún ajuste por el costo financiero” explicó.