PAOLA VILLAR
La compañía brasileña Odebrecht, involucrada en los casos de corrupción de Lava Jato, ingresó ayer una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial contra el Estado Peruano por un proyecto del sector hidrocarburos.
De acuerdo a un documento al que tuvo acceso este Diario y que está firmado por directores de Odebrecht, la demanda contra el país se debe a un “golpe muy fuerte” que la empresa sufrió a raíz de la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), integrado por la empresa, Enagás y Graña y Montero. Frente a ello, la demanda responde a la necesidad de Odebrecht de cumplir con sus acreedores.
El tribunal del CIADI confirmó los hechos hoy miércoles 5 de febrero a través de una publicación en su portal web.
Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje exigiendo más de US$1.200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
La demanda fue ingresada al portal del CIADI luego de que el Secretario General encargado de la misma registrara la solicitud para la institución de procedimientos de arbitraje.
En el documento se detalla que el demandado es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Tras el ingreso de esta solicitud, el CIADI deberá revisar la demanda para luego aceptarla o rechazarla. De aceptarla, se deberá conformar un tribunal en el que ambas partes harán uso de su defensa.
Casi tres años atrás, la constructora interpuso una solicitud de demanda de arbitraje contra el Estado peruano a través de dos de sus subsidiarias, Odebrecht Latinvest y Odebrecht Latin Finance. En ese momento la compañía invocó el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo.
Hasta febrero del 2019, según el MEF, a pesar de que se inicio el trato directo Odebrecht no había dado el siguiente paso hacia una demanda arbitral, a pesar de encontrarse habilitada para hacerlo. Con ello, hasta ese momento no había una demanda vigente contra nuestro país respecto al GSP.
En la actualidad, Odebrecht solo tiene un caso ingresado en el CIADI que, justamente, es contra el Perú. El mismo se encuentra pendiente a ser aprobado por dicho centro.
En el documento enviado por funcionarios de Odebrecht al que tuvo acceso este Diario, se precisó que la constructora intentó alcanzar un acuerdo con autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el MEF ante la proximidad del vencimiento del plazo de un convenio por el que la compañía buscaba recuperar su inversión. Ante el fracaso de estas conversaciones, según la firma, se procedió a ingresar la demanda ante el CIADI.
El Ministerio de Economía y Financas (MEF) respondió que ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias.
Andina
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó hoy que el Estado peruano hasta la fecha, ha sido parte en 17 controversias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que ya concluyeron definitivamente, de los cuales ha ganado en 14 de ellos.
“De la totalidad de casos, 14 de ellos han significado un resultado positivo para el Perú, incluyendo 4 casos que han sido resueltos mediante la celebración de acuerdos integrales, en dos de los casos se logra que el inversionista se desista de sus pretensiones (uno de ellos no llegó a arbitraje) y otro de ellos, el Perú fue la parte demandante, siendo el primer Estado Latinoamericano en hacerlo en CIADI”, explicó.
Asimismo, indicó que el Perú ha recibido a su favor, entre penalidades, pago de regalías y devolución de costos, casi 110 millones de dólares como resultado de tales controversias concluidas.
Refirió que solo en 3 casos, se ha ordenado al Perú realizar pagos a favor del inversionista. Sin embargo, en uno de ellos se ordenó el pago de menos de la mitad del monto originalmente reclamado y en los otros dos, se ordenó aproximadamente el 4% de las pretensiones iniciales.
Precisó que, de los aproximadamente 50 mil millones de dólares demandados al Estado en los casos finalizados, sólo se ha reconocido a favor de los inversionistas aproximadamente 43 millones de dólares.
“Es decir, el Estado solo ha sido condenado a un 0.086% de los reclamos que ha enfrentado en CIADI y ha recibido decisiones a su favor de un total de más del doble del monto que ha pagado como indemnizaciones”, puntualizó.
