LAURA SERRA

El Senado le ofrendó un nuevo triunfo político al Gobierno al aprobar, por unanimidad, la ley de sustentabilidad de la deuda pública externa. Empoderado con este amplio respaldo legislativo, el equipo económico comandado por Martín Guzmán buscará convencer a los acreedores de la necesidad de renegociar las condiciones para el pago de la deuda bajo legislación extranjera, estimada en US$140 mil millones.

La norma, que cosechó 65 votos positivos, se sancionó tras casi 9 horas de un debate por veces tenso, en el que el oficialismo y la oposición se endilgaron culpas y reproches por la situación actual de la deuda, calculada en US$320 mil millones. El oficialismo advirtió que durante el gobierno de Mauricio Macri la deuda creció del 52% del PBI en 2015 al 91,8% del PBI en 2019, y el 41% de la misma se contrajo en moneda extranjera. Desde la oposición replicaron que buena parte de la deuda pública externa a reestructurar corresponde a bonos emitidos en 2005 y 2010. Insistieron, además, en que la deuda contraída por el anterior gobierno sirvió para atender la deuda y el déficit heredados del gobierno kirchnerista.

Más allá de los reproches cruzados, la ley se aprobó por unanimidad. En líneas generales, la norma propone un marco de condiciones para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera, entre ellas la prórroga de la jurisdicción de los tribunales extranjeros para la emisión de nuevo títulos. Además, establece que las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda "en ningún caso podrán superar" el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente reestructurado.

El oficialismo agradeció el apoyo opositor aunque no se privó de cuestionar al anterior gobierno por la herencia recibida.

"En este tema de la deuda el gobierno de Mauricio Macri fue peor que la dictadura, porque la dictadura nos endeudó a razón de 10 mil millones de dólares por año, y este gobierno nos endeudó a razón de 30 mil millones de dólares por año. Y en dos años llegó al default, cuando tuvieron que recurrir al FMI", arrancó, con los tapones de punta, el senador kirchnerista Oscar Parrilli. Le respondía a su colega Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio, quien había advertido que el gobierno de Macri asumió el poder en 2015 "con un país en default y con procesos judiciales pendientes" y que el 73% de la deuda emitida durante los últimos cuatro años se utilizó para pagar deudas contraídas por gobiernos anteriores.

En la misma línea, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de pretender imponer a la sociedad el relato del desendeudamiento durante el gobierno kirchnerista. "Es mentira que hubo desendeudamiento. Entre 2005 y 2015 la deuda se incrementó en 90 mil millones de dólares", enfatizó el formoseño. En este punto, su colega de bancada, Martín Lousteau, advirtió sobre el aumento de la deuda intrasector público, es decir, la contraída por el Tesoro con organismos del Estado.

"Mientras haya déficit no habrá desendeudamiento", enfatizó Lousteau, un concepto que reiteraron en sus discursos sus pares de bloque Julio Cobos y Claudio Poggi. Lousteau reconoció que la situación actual es "frágil" y que la renegociación que deberá encarar el Gobierno "será difícil". "Muestra de ello fue lo sucedido en Buenos Aires (con el frustrado intento del gobernador bonaerense Axel Kicillof por diferir el pago de US$ 250 millones de deuda de la provincia) como la baja adhesión del canje de los bonos en pesos que se acaba de hacer el ministro Guzmán", advirtió.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, tomó el guante y cuestionó la herencia económica heredada del gobierno macrista. "Fue una etapa de fracaso en el país, las pruebas están a la vista con el aumento de la desocupación, de la pobreza y del nivel de la deuda nacional y de las provincias", achacó. Sobre el final, bajó el tono. "Yo valoro el acompañamiento de la oposición más allá de las cosas que nos estamos diciendo. Es positivo. Ahora aspiramos que tengamos una renegociación de la deuda en condiciones dignas", dijo.

Las claves

Perfil

El proyecto de reestructuración de la deuda pública se convirtió en ley este miércoles 5 de febrero en la Cámara de Senadores, en una sesión extraordinaria que estuvo marcada por discusiones sobre la situación actual de la economía entre legisladores del oficialismo y de la oposición.

La norma, que se aprobó por unanimidad tras casi nueve horas de debate, tuvo 65 votos a favor, la totalidad de los senadores presentes, gracias al respaldo de la oposición al proyecto enviado por el Gobierno para encarar la renegociación de los plazos para el pago de la deuda externa.

A continuación los puntos claves de la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa:

Declara "prioritaria para el interés de la República Argentina" la restauración de la sostenibilidad del endeudamiento público externa. Autoriza al Poder Ejecutivo a "efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera".

La Ley habilita al Ministerio de Economía a "contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen".

Sin embargo, no implicará "renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial".

Autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.

Establece que "todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro".