Durante la campaña electoral el presidente contactó a los empresarios y realizó promesas que aún no se cumplen
HEIDE VELLA
Durante su campaña electoral, el recién nombrado presidente argentino, Alberto Fernández, cortejó a la industria minera con la promesa de simplificar el código minero del país y reconsiderar una controvertida ley de protección de glaciares. Entonces, ahora que está en el cargo, ¿qué puede esperar la industria después?
El 10 de diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández, quien ganó las elecciones de octubre, finalmente juró como el nuevo líder de Argentina, marcando el final del reinado de cuatro años del conservador Mauricio Macri.
Un peronista de izquierda, Fernández representa un rechazo al endurecimiento fiscal de la administración anterior que se había impuesto para hacer frente a la deuda soberana de $ 100 mil millones del país y al 50% de inflación. Fernández y su vicepresidenta, la ex presidenta Cristina Kirchner, son vistos en gran medida como un cambio hacia políticas proteccionistas, más control estatal y gasto.
Para poner en práctica sus planes para poner fin a la prolongada recesión del país y reducir las tasas de pobreza en un 40%, Fernández necesita impulsar la economía con empleos y nuevas oportunidades de ingresos y los ricos recursos de Argentina presentes, dijo, una "gran oportunidad".
Durante su campaña presidencial, Fernández contactó a la industria minera y le aseguró a las empresas que reconsideraría una controvertida ley de protección de glaciares que amenaza los proyectos mineros nuevos y antiguos. También prometió terminar de revisar el código de minería del país, un trabajo iniciado pero no terminado por su predecesor.
Argentina posee reservas de litio, cobre, oro y plata, pero los nuevos proyectos en el país han tardado en materializarse, a pesar de que el sector en general experimentó un buen crecimiento de las importaciones.
Sin embargo, en marzo, Yamana Gold, Goldcorp y Glencore dijeron que estaban considerando desarrollar conjuntamente el proyecto de oro y cobre Agua Rica en el noroeste del país. En julio, ambas compañías informaron resultados positivos del estudio de prefactibilidad.
First Quantum Minerals también está considerando una inversión de $ 3 mil millones en Taca Taca, un proyecto de oro y cobre.
Si continúa, el oro y el cobre de Agua Rica podrían ser uno de los primeros proyectos mineros nuevos en el país durante algún tiempo, pero las compañías involucradas probablemente buscarán más claridad regulatoria de la nueva administración.
El ex presidente Macri había producido un acuerdo minero federal para estandarizar los impuestos y las regulaciones en todo el país. Sin embargo, algunas provincias se negaron a firmarlo y el acuerdo aún está esperando la aprobación del Congreso antes de que pueda entrar en vigencia.
Es probable que este sea uno de los mayores desafíos de Fernández en el futuro y, hasta el momento, no hay indicios de cuán exitoso será para completar lo que Macri comenzó.
Hasta ahora, en sus primeras semanas en el poder, el nuevo gobierno ha establecido un grupo de reformas económicas que esencialmente permiten al gobierno evitar el Congreso para legislar. El proyecto de ley incluye controles sobre moneda extranjera, como un gravamen del 30% sobre todo lo que se gasta fuera del país.
Además de las regulaciones, el principal problema para los inversores extranjeros será la inestabilidad macroeconómica del país y las políticas implementadas para abordarlo, dice Jimena Blanco, directora de investigación, directora de América de Verisk Maplecroft.
"El proyecto de ley muestra que el gobierno, como se temía, se ha vuelto más proteccionista", dice Blanco. “[Los controles de moneda extranjera] crean muchas fricciones; incluso para las multinacionales que podrían tener personas viajando en América Latina, es un costo adicional del 30% para esos viajes ".
La nueva administración también ha introducido mayores impuestos a la exportación en el sector agrícola, lo que teme que pueda hacer lo mismo con la minería. Tales temores no se ven aliviados por el hecho de que Argentina ya tiene una de las cargas impositivas más altas a nivel mundial.
"El principal desafío para las empresas es que se anunciará una gran cantidad de actividad económica y no hay claridad sobre lo que puede ser", dice Blanco, "así que, realmente es un caso de abrocharse el cinturón porque va a ser uno lleno de baches".
Ella agrega que la mayoría de las compañías con las que ha hablado están en 'espera y vea', particularmente en cuanto a si el gobierno puede renegociar su deuda externa o si entrará en incumplimiento a principios del próximo año, lo que podría afectar el acceso al capital para nuevos proyectos.
En 2010, Argentina adoptó la primera Ley de Protección de Glaciares del mundo para proteger sus 16.968 glaciares. La ley prohíbe las operaciones mineras y de petróleo y gas en cualquier lugar cerca de los glaciares o el permafrost.
En junio de 2019, Barrick, que tiene dos proyectos en la frontera entre Chile y Argentina cerca de los glaciares, perdió un caso que impugna la ley en la Corte Suprema de Argentina.
El inventario completo de glaciares de Argentina solo se terminó el año pasado y hasta entonces la ley se había aplicado libremente. Sin embargo, si se aplica correctamente, varios proyectos podrían verse afectados. Además, la regulación de gran alcance podría tener un impacto prohibitivo en los nuevos proyectos mineros en el futuro.
Sin embargo, Fernández ha prometido volver a analizar la ley para garantizar una mayor claridad, pero es poco probable que sea una prioridad en su agenda.
Además, hay que considerar los fuertes grupos de protección del medio ambiente civil de Argentina. Los conflictos ambientales son altos en relación con el número de proyectos en el país, con más de dos docenas de conflictos socioambientales con las comunidades.
El proyecto de Navidad Pan American Silver de Canadá, una de las mayores reservas de plata conocidas en el mundo, ubicado en la provincia de Chubut, que no firmó el código de minería de Macri, ha estado suspendido desde 2013 cuando no cumplió con las normas provinciales que prohíben el uso de cianuro y minería a cielo abierto.
“Hay casos de minas y proyectos mineros que se cierran porque la oposición comunitaria y el activismo ambiental en Argentina son fuertes y están bien organizados, y no importa si esa área está escasamente poblada, la gente vendrá de otras provincias; por lo tanto, las relaciones comunitarias, para nosotros, siguen siendo el riesgo número uno para la minería en la región ”, dice Blanco.
Se cree que la mayor oportunidad minera de Argentina es el litio. Ya es el tercer mayor productor mundial de litio y alberga el 25% de los recursos en el llamado triángulo de litio que toca Bolivia y Chile.
El sector minero global ya está mostrando mucho interés. Según los informes, los presupuestos de las compañías mineras para la exploración de litio en Argentina aumentaron un 890% en los últimos cuatro años.
En 2019, las compañías mineras invirtieron $ 66 millones en exploración de litio, mientras que cuatro años antes la cifra era de $ 6,7 millones, según cifras del gobierno.
En septiembre, la secretaría de política minera proyectó que la producción de litio del país podría crecer entre un 223% y un 683% en los próximos tres años. Las exportaciones de litio de la nación se han triplicado en los últimos 10 años, llegando a $ 251 millones en 2018, pero para 2022 podrían aumentar a entre $ 1.2 mil millones y $ 2.37 mil millones, según un informe publicado por Rosario.
Blanco dice que a pesar del riesgo económico de Argentina, la inversión en litio todavía se considera muy atractiva porque hay una elección global limitada para los inversores.
"Por lo tanto, para el litio, Argentina sigue siendo muy invertible", dice ella. “Mientras que para el cobre y el oro, por ejemplo, hay áreas de alta prospectividad en las provincias que dan la bienvenida a la minería, pero debido al nivel de inversión que requieren esos proyectos y al riesgo de no poder repatriar dividendos, realmente los está poniendo en riesgo. sostenga porque hay otras jurisdicciones donde no tiene este tipo de controles macroeconómicos y volatilidad ".
En última instancia, las compañías mineras y los inversionistas extranjeros estarán observando de cerca durante los próximos meses y esperando ver qué otras políticas salen de la oficina de Fernández.
Además de los posibles desafíos fiscales, como un sistema tributario potencialmente más oneroso, el principal desafío será la continua falta de claridad en torno a la legislación minera, que es diferente según la jurisdicción en la que opera una empresa. Esto, junto con los problemas fiscales, podría detener el crecimiento en el sector.
“La revisión de la legislación minera fue algo que Macri había prometido y había hecho algunos progresos pero nunca logró cumplir; y eso será un desafío para esta administración, además de capitalizar el hecho de que las principales provincias mineras están políticamente alineadas con el gobierno federal ".
