En el país hay 12 regiones mineras y se eligieron 47 parlamentarios para representarlas
El nuevo Parlamento, entre sus tareas, tendrá que discutir cambios normativos potencialmente sensibles para la economía. Uno de los ejemplos más resaltantes de esto sería la nueva Ley General de Minería, en línea con la propuesta del Ejecutivo del año pasado.
Así, resulta relevante analizar cómo se configura la representación en el Legislativo en cuanto a perfiles de orientación económica.
Por el momento, las posturas escépticas de la importancia de la inversión privada en general o de la actividad minera en particular no forman una fuerza decisiva en el Congreso, pero la incertidumbre se mantiene.
Esto es especialmente importante para aquellas regiones que dependen en mayor medida del sector minero. Una región se puede definir como “minera” si alrededor de 20% o más del valor agregado que produce proviene de la minería.
Con este criterio, en el país hay 12 regiones mineras: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Tacna.
Entre estas 12, eligieron a 41 parlamentarios para representarlas. Al realizar un mapeo –basado en declaraciones públicas y documentos oficiales– de la orientación de estos futuros congresistas se encuentran factores comunes.
Por ejemplo, 21 de los 41 congresistas electos en regiones mineras han criticado las leyes que rigen a esa actividad, donde el tema tributario es el más sonado. Diecinueve no se han manifestado sobre ello y solo un congresista sí se mostró a favor del marco normativo vigente.
En ese sentido, 23 congresistas no tienen una posición clara respecto a la inversión privada en minería, mientras 9 se han mostrado a favor y los 9 restantes han expresado su rechazo.
En cuanto a posturas sobre preservar la Constitución, también se puede ver a la mitad de los parlamentarios electos en regiones mineras en contra.
Es importante notar que, si bien desde el Congreso puede haber incertidumbre, los gobernadores regionales de esas zonas sí están, en su mayoría, a favor de un sistema de inversiones del sector privado.
Dos resultados que llaman la atención son los observados en Cajamarca y Huancavelica, regiones que tienen la mayor incidencia de pobreza en el ámbito nacional.
En el caso de Cajamarca, una de las elegidas fue una candidata del Frente Amplio. Desde la dirección ejecutiva de la ONG Grufides, se ha opuesto firmemente a la minería.
Otro congresista electo, de Acción Popular, ha fustigado abiertamente la Ley de Minería y apoya el cambio de Constitución.
También habrá dos congresistas de Alianza para el Progreso. Uno de ellos propone cambiar un sistema que considera que “ha empobrecido a muchos y ha enriquecido a solo unos pocos”; mientras el segundo –que perdió las elecciones regionales del 2018 frente a Mesías Guevara– tiene una posición más moderada.
En el caso de Huancavelica, sus dos curules en el Congreso serán ocupadas por un candidato de Unión por el Perú y otro de Acción Popular.
El primero participó en el ‘andahuaylazo’ y fue condenado a ocho años en prisión. Ambos coinciden en buscar una nueva Constitución.
A la luz de todo esto, la configuración del nuevo Congreso podría traer incertidumbre para la inversión minera, sobre todo en un año de discusión de una nueva ley para esta actividad.
