Entre otros conflictos sociales, en el Corredor Minero del Sur, algunas comunidades bloquean el transporte de mineral
Una cadena de protestas contra la gran minería marcó el 2019. El Corredor Minero del Sur —entre Apurímac y Cusco—, el valle de Tambo en Arequipa y Mariscal Nieto en Moquegua fueron el epicentro de las manifestaciones más radicales y prolongadas. No se descarta que este año esas protestas se repitan.
En el primer mes del año, varias comunidades de dos distritos de las provincias de Espinar y Chumbivilcas, en Cusco, bloquearon el corredor vial. Según el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, la reactivación de algunos conflictos era previsible. Hay varias demandas comunales irresueltas.
El corredor minero es usado por la minera MMG Las Bambas para transportar minerales al puerto de Matarani en Arequipa. Las comunidades de Chumbivilcas se oponen al paso de camiones mineros. Además, exigen al Gobierno que anule la reclasificación a vía nacional de algunos tramos, que se hizo sin “cumplir el debido proceso”. Si fuera una vía departamental o local, los camiones mineros no podrían circular. En Espinar, la comunidad de Urinsaya (Coporaque) también ha bloqueado el corredor. Su reclamo es el mismo.
Por otro lado, hay decenas de comunidades de los distritos de Cotabambas (Apurímac) que esperan las mesas de diálogo y el cumplimiento del cronograma de trabajo para el pago por los terrenos afectados con el corredor. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cumplió su compromiso de pagar el justiprecio por predios a los comuneros de Arcospampa Congota del distrito de Mara (Cotabambas-Apurímac). Desembolsó S/ 5.8 millones.
Si bien es un avance, hay todavía mucho por hacer. En todo el corredor, hay 38 comunidades campesinas. Si la solución demora, la mecha de los conflictos volverá a prenderse, advierte Borda.
En Espinar surgió un nuevo conflicto, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Corresponde a la oposición de 13 comunidades del distrito de Pallpata al proyecto Antapaccay Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.
Glencore ampliará la producción de cobre con Ccoroccohuayco, situado a unos pocos kilómetros de la actual mina Antapaccay. Es una mina de tajo abierto y subterránea para la extracción de óxidos y sulfuros de cobre. El proyecto se ubica sobre las cuencas de los ríos Salado y Cañipía.
El proyecto minero tiene luz verde. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó en diciembre de 2019 la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA). No hubo consulta a los comuneros. Por esa razón, exigen anular la aprobación y piden se aplique la consulta.
“El rol del Estado de instalar mesas de diálogo, en comunidades, distritos y provincias del corredor, ya se agotó. Muchos de los acuerdos solo quedaron en firma de actas y no hay seguimiento. De otro lado, el rol de los gobiernos locales y regionales fue relegado, porque ellos tienen sus propias demandas”, explica Borda.
La Defensoría colocó al proyecto minero Tía María, de Southern, en la lista de “alertas tempranas”. Recomienda al Estado un manejo pacífico de la situación. “Se presentan casos o situaciones que merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades competentes”, dicta su informe.
El conflicto en torno a Tía María se origina en 2009. Organizaciones sociales y un sector del valle de Tambo se oponen al proyecto, pese a que el año pasado el Consejo de Minería ratificó la autorización de construcción otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Aunque actualmente hay calma (los últimos incidentes ocurrieron en 2019), el conflicto podría estallar de nuevo.
Eso lo sabe el Gobierno. Por ello, prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para mantener el orden interno y la seguridad del Terminal de Abastecimiento de Hidrocarburos Líquidos Mollendo, así como del Terminal Portuario Matarani. Más de 900 efectivos permanecen en la zona ante un posible recrudecimiento.
El proyecto minero Quellaveco de Anglo American también genera rechazo en un sector de Moquegua. Son dos factores: presuntos incumplimientos de la mesa de diálogo y afectaciones ambientales. La empresa inició en julio de 2018 la construcción de la mina. En mayo del año pasado, se instaló el “Comité de monitoreo, seguimiento y verificación de los acuerdos de la mesa de diálogo”.
En diciembre pasado, el Minem realizó un taller informativo en Pocata Baja con participación de aproximadamente 350 pobladores de diversas comunidades en el distrito de Torata. Fue sobre temas mineros, ambientales y sociales vinculados a Quellaveco.
Para Borda, se evidencia que hay una sensación de agotamiento y cansancio en las comunidades y organizaciones sociales por las promesas incumplidas del Gobierno y las empresas mineras. “Las mesas de diálogo no están resolviendo sus demandas”, destaca.
