La actividad continúa paralizada y con indicios de incrementar la caída a la espera de señales y políticas que aún no se explicitan
VICTORIA TERZAGHI
La crisis que se desató en la industria petrolera en agosto del año pasado, con el resultado de las elecciones primarias y la crisis macroeconómica posterior, superó los cinco meses. A 50 días de la asunción del nuevo gobierno de Alberto Fernández no ha encontrado señales claras en el camino que permitan vislumbrar una reactivación en el corto plazo.
Pero el único político que habó fue el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dado que ninguna de las nuevas autoridades nacionales asistió a la cita.
Desde la secretaría de Energía se advirtió que Sergio Lanziani aún no había sido oficialmente designado para esa fecha. Y de hecho, fue designado prácticamente un mes después.
En la búsqueda de señales claras que hacen las empresas para resolver sus inversiones, la dilación en la designación del hombre encargado del área no fue bien vista. Tampoco lo fue que a su asunción, el pasado viernes 10, ninguna empresa del sector energético fuera invitada. Aunque ese día el clima estuvo bastante caldeado por la renuncia previa a la asunción de uno de los subsecretarios de Lanziani.
Mientras el almanaque corre, las empresas continúan esperando señales de cuáles serán las políticas energéticas del nuevo gobierno. Uno de los temas de central preocupación para las firmas es el precio de los combustibles que determina en paralelo el valor de cada barril.
Si durante el gobierno de Mauricio Macri se aplicó el DNU 566 que congeló por 90 días el precio del crudo, en los 50 días de gobierno del Frente de Todos, el congelamiento continuó aunque de forma implícita y sin norma que lo regule. Y, más allá de los gobiernos, son 60 días los que acumulan los combustibles sin actualizarse a pesar del desfase.
Con las altas y bajas en la cotización internacional que causaron el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la reciente aparación de un nuevo coronavirus en China, desde las áreas contables de las petroleras lo que se analiza es que con el congelamiento del barril y el incremento de las retenciones, los planes de inversión se ven cada vez más esquilmados.
La petrolera de bandera, YPF, podría cercenar casi un tercio de su proyección de inversiones para este año, con un achique de 900 millones de dólares. Pero posiblemente el dato más destacado de la crisis que atraviesa el sector sea que pisando el segundo mes del año, la firma aún no reveló oficialmente su plan de inversión.
Pero lo cierto del proyecto es que no estará aislado de la crisis macroeconómica nacional y ese será el rol que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá sobre la letra fina del texto al fijar parámetros máximos para las exportaciones o la suba del precio del barril nacional.
Mientras la espera continúa, hubo señales negativas para la industria. La primera fue la desautorización mayúscula al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, para aumentar las naftas. A ese golpe se sumó luego la polémica en torno a la recuperación asistida que, pese a las explicaciones, terminó cuajando en un golpe a la actividad en Vaca Muerta al remarcarse que el foco no será solo la formación shale.
En la búsqueda de buenas noticias que lleven agua al molino frenado, el gobernador de Neuquén viajó a Europa y se reunió con directivos de Shell, Total y Equinor para conseguir la única foto positiva que se ha visto hasta la fecha que fue la ratificación del interés de esas majors de continuar en Vaca Muerta.
El operativo clamor a la formación no convencional continuará en estos días con la visita que desde ayer realiza el presidente de Chevron para África y América Latina, Clay Neff, y de la presidenta de Shell Oil Company y vicepresidenta Ejecutiva de No Convencionales de Shell, Gretchen Watkins, prevista para la primera semana de febrero.
Una de las principales preocupaciones de las operadoras es el congelamiento de las naftas y el barril, que ha tenido un alivio por la caída del Brent.
Mientras se espera que el proyecto de Ley de Hidrocarburos sea presentado, el hilo se corta por lo más fino que son los trabajadores. Desde los sindicatos de Petroleros Privados y Jerárquicos se acordó la suspensión de los telegramas de despido que habían sido enviados en noviembre, pero sujeto a lo que se resuelva en una mesa de negociación que aún no se formó.
En ese espacio se solicitó que esté presente también la federación que agrupa a las pymes que trabajan en Vaca Muerta, la Fecene, dado que en ese segmento es donde se han concretado buena parte de los despidos.
Desde los gremios se reconoció oficialmente que 1.847 personas fueron alcanzadas por la conciliación obligatoria que terminó esta semana.
Pero a esa cantidad deben sumarse los varios cientos de trabajadores que aceptaron retiros voluntarios, los cientos de empleados de las empresas de servicios especiales cuyos contratos no fueron renovados y también los despidos hormiga que se dieron entre las pymes. La cifra final no está clara pero dista mucho de la oficialmente reconocida.
El último indicio de la crisis abierta fue la confirmación de Schlumberger de que en este primer trimestre venderá su participación en el área Bandurria Sur que opera YPF. Si bien se trata de un plan de achique global de la firma de servicios, es un indicio que, aún en las malas, nadie recorta gastos vendiendo la gallina de los huevos de oro.
