El nombramiento del polémico Aníbal Fernández ha vuelto a la palestra a uno de los escenarios más longevos y absurdos de la Argentina. El carbón de Río Turbio, alguna vez diseñado como una forma de reafirmar soberanía por el partido militar que gobernó el país por décadas en el siglo pasado, no ha sido otra cosa que el nicho frecuente de ineficiencias y corrupciones.

Los acontecimientos en el gélido oeste santacruceño, previos a la llegada a la llegada del notorio dirigente peronista, parecen indicar que el complejo mina+usina ha vuelto a su lamentable normalidad: la de una empresa improductiva, un coto de caza para política y sindicatos, ignorado o tolerado por la lejana Buenos Aires. Porque al fin y al cabo, comparado con otros descalabros nacionales, sus pérdidas millonarias resultan relativamente insignificantes.

Si se da también aquí un juego pendular de esta alternancia en el poder, es probable que vayan al archivo las decenas de dictámenes y fallos judiciales de organismos de contralor y la Justicia, que entre 2016 y 2019 detectaron fraudes de varios ceros ocurridos bajo la gestión de Julio De Vido, perpetrados tras la recordada tragedia de 14 víctimas de 2004. Desde aquel momento crucial en que el gobierno de Nestor Kirchner decidió emplazar en la mina destartalada que había sido privatizada y arrumbada por el menemismo, un complejo de generación eléctrica a pie de mina que según sus mentores se transformaría en un modelo de gestión en el planeta.

Según sus postulados, el carbón de YCRT debería servir para abastecer al mercado argentino, a la exportación y a la usina termoeléctrica que inauguró, en forma ficticia, Cristina Kirchner en 2015.

Aníbal sucederá a Omar Zeidán, el interventor de YCRT en el macrismo, quien motorizó querellas a raíz de lo que denominó "calamitoso abandono de las estructuras, instalaciones y adyacencias del yacimientos y servicios ferroportuarios". Zeidán, según el informe que acompaña a esta crónica, había denunciado que 2005 y 2015, la empresa carbonífera estatal recibió y malgastó 26.000 millones de pesos. La investigación judicial terminó con el desafuero de De Vido y su detención en octubre de 2017.

Pero ni Zeidán, que en los últimos dos años tuvo como gerente de operaciones de la mina al sanjuanino radical Mario Capello, ni el macrismo, pudieron romper con el status quo de una corporación minera jaqueada por la inercia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). A pesar de haber reactivado la extracción de carbón y realizado un par de embarques. Sin esperar más, el 12 de agosto, tras el triunfo peronista en las primarias PASO, el sindicato paralizó la mina, so pretexto de falta de seguridad laboral y hasta hoy nunca volvió a producir, con lo cual dejó de extraer 30.000 ton/mes que tenían destino a Brasil y San Juan. YCRT tiene hoy 2.000 empleados y un presupuesto de 2.000 millones.

Debido al parate, también dejó de generar la vieja usina usina carboeléctrica de 21 MW y hoy no hay ningún ningún movimiento en la usina inconclusa de 240 MW, que ya costó US$ 1.700 millones (US$ 800 millones era su presupuesto original) y que precisaría de otros US$ 240 millones para su puesta en marcha. La obra formó parte del rosario de ilícitos, comprobados por la Justicia española, del implosionado holding Isolux.

El macrismo creía que el carbón de Río Turbio podría auto sustentarse e invirtió recursos y planes en la quimera. En noviembre de 2018 llegó a producir su maximum de 30.000 ton/mes, diez veces más que en el gobierno de Cristina Fernández. Ya había hecho ventas por US$ 12 millones y proyectaba para 2020 unas 500.000 ton y para 2025 tocarían el millón. Las ventas 2020 serían de US$ 24 millones, según ese sueño trunco.

La auditoría de Zeidan detectó a 100 ñoquis (argentinismo: empleados que no trabajan), suculentos bonus por premio a un plus de producción inexistente y salarios astronómicos de operarios sin funciones.

La empresa minera que conducirá Aníbal Fernández es una gran bolsa asistencial: de los 2.000 empleados, sólo 400 entran a los túneles. Pese a eso, Zeidán se jactaba de haber bajado el presupuesto de 3.500 millones, con 3000 empleados y producción cero, a 1.600 millones.

Lógicamente, este ajuste ocasionó más resistencia sindical. La huelga que ya superó los cinco meses frenó la construcción de un nuevo "frente largo" de extracción, que realizaba la polaca Kopex, con una inversión de 30.000.000 de euros.

Hoy, como no hay carbón en toda la zona tampoco se puede poner en marcha la Usina Carboeléctrica, de 21 mw, y el tren de Río Turbio al puerto de Punta Loyola también está parado  donde hubo inversiones de US$ 6 millones. 

Pertenecer tiene sus privilegios en este confín de la Argentina. Los salarios de Río Turbio oscilan 100.000 y 150.000 pesos, con jornadas de seis horas, de lunes a viernes, un régimen que no tienen las minas en el mundo, regidas por el capital intensivo y la productividad.

Aníbal Fernández llega a la oscura mina austral con todo ese paisaje y sus legados como telón de fondo. Dios proveerá.