La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recorrió hoy las obras de construcción de la represa Cóndor Cliff, emprendimiento hidroeléctrico ubicado a 130 kilómetros de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y allí se anunció que se le pondrá nuevamente el nombre de Néstor Kirchner.

En la recorrida, Cristina Kirchner estuvo acompañada por el vicepresidente de la empresa Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, que está involucrado en la “causa de los cuadernos” y terminó procesado por el juez Claudio Bonadio por “haber pagado sobornos para la obtención de contratos con el Estado”.

El empresario, que fue excarcelado en octubre pasado, pero tenía concedido el arresto domiciliario con tobillera electrónica por razones de salud, reconoció la entrega de fondos a funcionarios de los gobiernos kirchneristas, pero aseguró que el dinero era destinado al financiamiento de campañas.

En Twitter, Cristina Kirchner aprovechó su recorrida por la represa para criticar a Mauricio Macri: “Durante el macrismo las obras estuvieron paralizadas. Abandono y desidia caracterizaron aquella etapa. La traducción más clara de ello fue que por primera vez en 30 años el Estado argentino reconoció y pagó gastos improductivos por 130 millones de dólares”.

Sobre los vaivenes por las denominaciones de las represas, como publicó Infobae hace dos años, “el cambio de nombre se planteó por primera vez en abril de 2012, cuando se anuló el contrato y se volvió a licitar la obra. Y en ese momento, uno de los datos llamativos había sido el cambio de nombre a “Presidente Néstor Kirchner” -antes, Condor Cliff- y Gobernador Jorge Cepernic -ex La Barrancosa-. Pero no fue el único dato que había llamado la atención: una obra que hace menos de dos años se había licitado a $16.400 millones tuvo una asignación por $21.600 millones”.

“El entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, había justificado el uso del nombre durante una presentación en el hotel Sheraton de Buenos Aires. “¿Cómo no lo íbamos a hacer si nadie hizo tanto por el sector energético como Néstor Kirchner?”, había deslizado a la prensa.

Esta tarde, la vicepresidenta visitó la represa junto con la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner; el vicepresidente de Electroingeniería, Ferreyra, y el miembro del Comité Ejecutivo de la UTE Represas Patagonia, Yuan Zhixiong, que fue por la empresa Gezhouba Group Corporation.

Cristina Kirchner se interiorizó sobre el estado general de la construcción del complejo hidroeléctrico, que actualmente, según la información del equipo de prensa de la Vicepresidencia, “configura la obra de infraestructura en construcción más importante del país: considerada la obra de generación hidroeléctrica más grande del país de carácter puramente nacional, ya en funcionamiento las represas Kirchner-Cepernic aumentarán en un 15% la generación hidroeléctrica del país (energía renovable no contaminante) permitiendo el abastecimiento de energía a más de 600.000 hogares argentinos".

Antes de recuperar su nombre original, este complejo hidroeléctrico estuvo signado por la polémica. Las obras fueron licitadas por primera vez en 2008, pero la crisis financiera internacional impidió su ejecución. Cinco años más tarde, tras la convocatoria a un segundo proceso licitatorio, el proyecto fue adjudicado al consorcio Represas Patagonia, integrado por Electroingeniería, Hidrocuyo y un socio clave, el grupo chino Gezhouba. Los contratos se firmaron en 2015 y quedaron atados al financiamiento chino por 4.714 millones de dólares.

Grupos ambientalistas comenzaron entonces una fuerte campaña pública para denunciar que la obra sobre el río Santa Cruz iba a "afectar el normal caudal del río e impactaría sobre el glaciar y en las especies de la zona”. En diciembre de 2016, una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras hasta tanto se diera cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Hidráulicas, que exige la presentación en audiencia pública del estudio de impacto ambiental, que tuvo lugar en julio de 2017. Un mes más tarde, una resolución conjunta de los ministerios de Energía y de Medio Ambiente dio el visto bueno al inicio de los trabajos y, en septiembre, la jueza federal Macarena Marra Giménez levantó la medida cautelar que los frenaba.

El problema, a continuación, fue el freno al financiamiento de las obras que había sido acordado con China durante el gobierno de Cristina Kirchner, más el hecho de que en la unión transitoria de empresas (UTE) que había ganado la licitación internacional estaba Electroingeniería, la empresa de origen cordobés que creció al calor de sus lazos con el kirchnerismo.

Las obras de las represas se reactivaron a principios de 2019 luego de que Mauricio Macri consiguió destrabar el financiamiento de la construcción durante su visita a China, en mayo de 2017, que consistió en un crédito de USD 4.714 millones, fondos que comenzaron a llegar al país en la medida en que avanzaba la construcción del complejo hidroeléctrico.