Las obras quedaron detenidas por estar judicializadas en la Causa de los Cuadernos de la corrupción
LUCÍA SALINAS
Después de cuatro años de estar inactiva e inconclusa en la terminación de su construcción, el gobierno de Santa Cruz volvió a pedir a la Casa Rosada que se retome la obra de la Usina de carbón de Río Turbio, una obra bajo investigación por sobreprecios donde la anterior gestión denunció diferencias de hasta el 90% en sus costos.
La construcción quedó sin finalizar porque el ex presidente Mauricio Macri consideró que debía expedirse primero la justicia federal al respecto. La gobernadora Alicia Kirchner se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y le solicitó entre otras obras, que se termine la usina que estuvo en manos de la constructora Isolux investigada por coimas en la causa de los Cuadernos.
Río Turbio y 28 de Noviembre son las pequeñas localidades que conforman la cuenca carbonífera, al suroeste de la capital santacruceña. Estos poblados se forjaron alrededor de Yacimientos Carboníferos, la mina de carbón que quedó bajo la lupa de la Justicia por desvío de fondos y en paralelo por la construcción de la usina a la cual YCRT debe alimentar. Esta segunda obra es investigada por el juez Luis Rodríguez por sobreprecios.
El gobierno de Santa Cruz consideró que la obra de la usina debía reactivarse y concluirse, entendiendo que será favorable para la generación de empleo en la zona. Por ello, Alicia Kirchner al reunirse con el jefe de Gabinete nacional solicitó entre el listado de obras para el distrito que la cuestionada obra por la anterior gestión, esté en la lista de prioridades.
Durante los últimos cuatro años, la obra que estuvo bajo la órbita del área de Energía quedó detenida. La gestión de Mauricio Macri consideró que al ser una obra bajo investigación judicial por irregularidades en los procesos de certificaciones y pagos, presuntos sobreprecios y falencias en su construcción, no debía darse continuidad a la obra. Quedó entonces, detenida e inconclusa.
La Central Termoeléctrica que debía generar 240 MW costó alrededor de US$ 1700 millones. Según un estudio de las autoridades de YCRT de la gestión macrista, restaban cerca de US$ 240 millones para terminar la mega obra que emprendió el grupo español Isolux, firma investigada en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, por el pago de sobornos a ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal.
El gobierno macrista rescindió el contrato con la firma española y la causa en los tribunales de Comodoro Py por los presuntos sobreprecios cambió de juez. Primero estuvo en manos de Claudio Bonadio y por decisión de la Cámara federal porteña quedó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez. En la investigación ya fueron indagados Julio De Vido, Roberto Baratta, el ex gobernador Daniel Peralta, directivos argentinos de Isolux como Juan Carlos De Goycochea y autoridades de YCRT durante el kirchnerismo- Pero el juez a cargo amplió las indagatorias sumando autoridades españolas de la constructora que quedaron pendientes para febrero, cuando concluya la feria judicial.
La obra estuvo nuevamente con conflictos gremiales. La mina de YCRT debe generar una cantidad importante de carbón para alimentar la usina en caso de reactivarse la misma. La mina alcanzó en noviembre de 2018 una producción mensual de 30 mil toneladas de carbón, lo mismo que se producía en un año durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández. La empresa había comenzado a vender material a San Juan y Brasil por un total de US$ 12 millones. Las proyecciones indicaban que en 2020 las extracciones anuales llegarían a las 500 mil toneladas y en 2025 tocarían el millón. Las ventas proyectadas para el 2020 eran de US$ 24 millones.
Según fuentes del gobierno santacruceño, la obra es importante para la “generación de puestos de trabajo” en la Cuenca y por la proyección que la misma genera para la mina de carbón a futuro. No desconocen el frente judicial que queda por delante, pero al tener un avance de más del 80%, sostienen que puede concluirse.
La causa tuvo sus vericuetos judiciales, ya que el juez Bonadio sobreseyó a los acusados pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez reclamó su apertura y la Cámara porteña hizo lugar. Ante esta circunstancia, el magistrado ordenó realizar una pericia para determinar si efectivamente hubo sobreprecios en la obra que prometía generar 240 MW.
Por ello, se ordenó un informe pericial que contraste con el de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que fijó un sobreprecio de más del 90% en la obra adjudicada a Isolux Corsán. Esta obra es parte de los fondos que Planificación Federal destinó para la modernización y puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) responsable de abastecer de carbón a la Usina que nunca se terminó.
Según la SIGEN, la obra modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original. "Nos encontramos con procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad”, lo que “ocasionó un dispendio de recursos en perjuicio del erario público”.
El informe pericial al que accedió Clarín, confirmó las sospechas: “La oferta realizada por la UTE quien fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 equivalente a 2.662 millones de pesos. Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a Isolux Corsán en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a U$S 1.726.251.982”, explicita el documento oficial..
El valor del sobreprecio arrojado por los peritos es incluso superior al que había determinado la SIGEN. Al momento de sustentar las responsabilidades y detenciones, Marijuan indicó que hubo “ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en la licitación”.
Así, el fiscal Guillermo Marijuan determinó que dichas irregularidades “permiten sospechar” que el gobierno de Cristina Kirchner “buscó beneficiar a Isolux Corsán”.
Los acusó además de proceder coordinadamente para "desviar el interés público generando un perjuicio millonario a las arcas del Estado y el consecuente beneficio económico ilegal de quienes gozaron de las prerrogativas otorgadas por fuera de los canales lícitos que regular las contrataciones de obra pública".
