Iniciativas sin concretar alcanzan US$ 54.778 millones. Sofofa lo atribuye, entre otras razones, a “la preponderancia de la lógica política” en la evaluación ambiental.
La dividida decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero Dominga, que se emplazaría en la comuna de La Higuera -en la Región de Coquimbo-, puso en evidencia la dificultad que enfrentan algunos desarrolladores de grandes proyectos de inversión, la mayor parte de ellos asociados a minería o energía, para iniciar su construcción.
Prueba de esa complejidad es que la mayoría de los 20 principales proyectos que catastró Sofofa en 2012, y que suman unos US$ 75 mil millones, no se ha materializado. Así, el monto no ejecutado llega a US$ 54.778 millones, el 73% del total. Por el contrario, sólo el 27% de la inversión, equivalente a US$ 20.214 millones, efectivamente se concretó.
¿Qué explica esta situación? Los motivos son variados. Varios de ellos no lograron obtener el permiso ambiental (entre ellos, el propio proyecto Dominga o el complejo HidroAysén, cuya autorización fue revocada por el Comité de Ministros), mientras que otros no avanzaron por problemas geológicos, judicialización o porque los números finalmente no dieron.
Desde Sofofa explican que una de las principales causas para que las iniciativas no se concretaran en tiempo es el “desalineamiento, y muchas veces preponderancia, de la lógica política sobre la racionalidad técnica que observamos actualmente, tanto en la institucionalidad ambiental como en otros servicios públicos con competencias ambientales”, advierten desde esa entidad. “Estas divergencias tienden a resolverse en instancias jurisdiccionales que actúan sobre la base de la casuística o criterios de justicia material”, añaden.
Los datos actualizados del gremio señalan que a 2016 su catastro contabilizaba 727 proyectos y US$ 164.137 millones en inversión, de los cuales 43 se encontraban “detenidos”, correspondientes a US$ 57.870 millones. De las iniciativas detenidas, 14 están judicializadas y nueve frenadas por obstáculos asociados a la institucionalidad ambiental. Además, el conjunto de proyectos contabilizados en la categoría de incerteza jurídica y otras barreras totalizó US$ 6.660 millones, cifra que representa el 11,5% de la inversión detenida.
En medio del boom minero, con el cobre cotizándose en torno a inéditos US$ 4 por libra, era ese sector el que tenía la mayor inversión dentro de los 20 iniciativas más grandes que contabilizaba Sofofa en 2012, con un total de 16 proyectos. Uno de los que no se realizó fue Andina 244, de Codelco, que de acuerdo con el catastro de Sofofa de 2012 consideraba una inversión de US$ 6.200 millones, y fecha de término para 2018. La minera estatal decidió rediseñar el proyecto, debido a factores como la caída en el precio del cobre y la difícil situación financiera que enfrenta la cuprera, además de las críticas por su impacto ambiental. Otro proyecto de la estatal que estaba considerado por Sofofa para entrar en operación en 2017 era Nuevo Nivel Mina de El Teniente, que a causa de problemas geomecánicos ha sido pospuesto para 2023.
Otras iniciativas privadas como Relincho, de minera Teck (que fue reformulado u fusionado con el vecino El Morro), y Cerro Casale tampoco se cumplieron en tiempo y monto.
Pese a que tanto el número de iniciativas como el monto de inversión son bastante menores a los mineros, el catastro de Sofofa sumaba una serie de proyectos eléctricos cuya materialización se esperaba para los siguientes cinco años.
Es el caso de HidroAysén, iniciativa de la ex Endesa Chile (hoy Enel Generación) y Colbún. Pese a que nunca fue ingresado a trámite al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el catastro de Sofofa consideraba su línea de transmisión, cuya inversión se estimaba en US$ 3.800 millones, nunca llegó a concretarse, pese a que se esperaba para 2017.
En el caso del proyecto de generación eléctrica, que contemplaba una inversión de US$ 3.200 millones y cuya operación era esperada para 2022, este fue rechazado por el Comité de Ministros en 2014 y, hace algunos meses, Enel, matriz de Enel Generación, mostró su disposición a devolver los derechos de aguas que posee el proyecto en la zona, sepultándolo casi de forma definitiva.
Otra inversión emblemático es la central termoeléctrica Castilla, que se emplazaría en la comuna de Copiapó. El plan de MPX Energia, ligada a Eike Batista, sufrió la revocación de su permiso ambiental en 2012, tras un fallo de la Corte Suprema.
