El gobernador Rodolfo Suarez promulgó las modificaciones a la Ley 7.722 y desde este martes ya rigen los cambios para la actividad minera, entre ellos el uso de cianuro y de ácido sulfúrico.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial de este martes. Si bien se especuló que podría esperar unos días a la promulgación automática, el mandatario decidió que fuese publicada este martes.
La decisión del gobernador se tomó horas después de que una multitudinaria marcha comenzara en el Valle de Uco y terminara en Casa de Gobierno.
Allí, después de varias horas se produjeron incidentes entre la Policía y algunos manifestantes con acusaciones cruzadas de infiltrados y de excesos.
Los disturbios, en menor medida, luego se trasladaron al Nudo Vial.
En la noche del lunes, las calles céntricas fueron el escenario de un cacerolazo y una marcha de miles de mendocinos que llegaron a ocupar, al menos, unas cinco cuadras.
Mientras esto sucedía, el gobernador que, hasta ese momento no había hecho apariciones públicas, mostró unas fotos en la red social Twitter en dónde se lo veía visitando a uno de los policías heridos durante los incidentes en Casa de Gobierno.
Entre los puntos principales se mantiene la prohibición del uso del mercurio. En cambio, sí se permitirá la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico.
Establece que el control de la actividad minera se realizará a través de las siguientes leyes nacionales: 25.675 (Ley Nacional de Ambiente), 24.585 (Ley de Actividad Minera) y Ley Nacional 26.639 (Preservación de Glaciares). También de las leyes provinciales de Preservación del Medioambiente (5.961), Residuos Peligrosos (5.917), Ordenamiento Territorial (8.999) y Plan de Ordenamiento Territorial (8.051) ley provincial 6.045 (Protección de Áreas Naturales). Y de los artículos constitucionales 124 ( Constitución Nacional) y artículo 1 (Constitución Provincial).
En cuanto a la utilización de sustancias, quedará reducida a la cantidad permitida en la República Argentina.
En su artículo 3 se establece que los proyectos mineros deberán presentar en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) informes del Departamento General de Irrigación, informes sectoriales municipales, del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y manifestación específica de Impacto Ambiental sobre los recursos hídricos.
En el cuarto artículo se incorporó uno de los pedidos del PJ: la participación ciudadana en el control ambiental se dará por la Red de Vigilancia Ambiental.
Consumo de agua por sectores en Mendoza
También prevé que el organismo de aplicación sea la Secretaría de Ambiente que deberá implementar la Policía Ambiental. Este fue otro de los pedidos del justicialismo. Se establece también que las audiencias públicas las harán los municipios.
Finalmente se obliga a las mineras a contratar un seguro ambiental a favor de la provincia y mano de obra local y se ordena que los proyectos mineros a gran escala deberán contratar auditorías internacionales, publicó Diario Uno.
Aseguran que las tareas de exploración y explotación serán beneficiosas para la provincia.
Las reformas en la ley 7.722, norma que prohibía el uso de algunas sustancias químicas para las actividades mineras, abren nuevas posibilidades para la provincia.
Aunque en adelante se requerirá extremar los cuidados para evitar cualquier pasivo ambiental, referentes del sector señalan que permitirá diversificar la matriz productiva.
Desde la Asociación Geológica de Mendoza indicaron que “los minerales que tienen mayores posibilidades de ser extraídos dentro del territorio provincial son: cobre, molibdeno, oro, hierro, plata, plomo, cromo, zinc, vanadio y elementos utilizados en altas tecnologías”.
Uno de los puntos de la modificación de la ley 7.722 que ponderan los empresarios del sector minero, y aquellos que podrían prestar servicios asociados, es que ya no será necesaria la “ratificación legislativa” para iniciar tareas de exploración o la posterior explotación, una vez que se hayan obtenido los permisos municipales, ambientales, y los diversos trámites que exijan los organismos de control.
El geólogo argentino y titular de la empresa Alto Américas que tiene la concesión de Hierro Indio, Guillermo Re Khül señaló que “la ley ha tomado en cuenta que los que aprueben los proyectos, tanto de declaración de impacto ambiental como de explotación, sean los organismos que están fuera del ámbito político (técnicos como es el caso del Ianigla, o Irrigación).
“Creo que si el proyecto es estrictamente evaluado por técnicos más allá de la política del momento, será beneficioso”, apuntó el empresario.
El empresario metalmecánico Julio Totero, miembro de Asinmet, destacó que existe una capacidad ociosa del 40% en la metalmecánica, por lo que “hay espacio para crecer sin necesidad de realizar grandes inversiones”, y prestar servicios mineros.
“Hay 60 pymes metalúrgicas locales que están prestando servicios a la minería en todo el país, (Santa Cruz, San Juan, Río Negro, Catamarca, Salta, Jujuy, para actividades de cobre, lítio y oro, además de petróleo), y eso implica al menos 1.200 metalúrgicos mendocinos trabajando en distintas regiones. La experiencia en el rubro existe”, comentó.
No obstante, destacó que a partir de la ley deberán asumir el compromiso de “ser los guardianes del medioambiente y del cuidado de la ley de glaciares”, para demostrar que la minería es una posibilidad en Mendoza.
La Cámara de Comercio y actividades afines de Malargüe expresó un especial interés en la minería. Es que estiman que sería un motor muy importante para el sur de la provincia.
“Podríamos volver a desarrollar la actividad principal del departamento. Vemos cómo se moviliza San Carlos en contra, pero la situación en el sur es distinta. Por clima y relieve en nuestras tierras no se puede desarrollar la vitivinicultura o la frutihorticultura, pero sí ganados menores. Por eso aseguramos que vamos a ser más cuidadosos con el medioambiente y el agua que nadie”, aseguró Gustavo Miras, presidente de la cámara.
El empresario señaló que los 20 proyectos mineros que podrían ejecutarse a partir de ahora, usarían sólo el 1% de los recursos hídricos que se utilizan en la agricultura de Mendoza y, a su vez, contribuirían con la tecnificación del riego para hacerlo más eficiente en todas las actividades.
“Las regalías van a realizar un aporte para todos los oasis productivos, no sólo para nuestro departamento. Además, se harán estudios y exploraciones previas y responsables. Malargüe no es sólo Vaca Muerta o Portezuelo; también es minería y necesitamos poder desarrollar esa actividad, destacó Miras.
“Desde la Asociación Geológica de Mendoza creemos que con la modificación de la ley 7.722 se pone en juego de forma positiva la apertura de una actividad industrial vinculada a los recursos naturales por medio de una serie de legislaciones constitucionales, de códigos nacionales y de legislaciones provinciales que permitirá la contratación de personal calificado y no calificado en la provincia, al igual que el consumo de servicios, materias primas y productos de todo tipo, permitiendo que la economía crezca y se desarrolle como lo ha hecho la provincia de San Juan o países como Canadá, Australia, Perú y Chile”, indicaron.
Para la entidad que presiden la licenciada en Ciencias Geológicas, Graciela Defant, en primer lugar y el Dr. Hugo Marengo, como vicepresidente, en materia ambiental también se ha “delineado un camino hacia mejores formas de control y fiscalización de la actividad”.
Francisco Almenzar, integrante de la Comisión del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (Cadim), destacó que la reforma en la provincia de Mendoza significará un crecimiento para la región, por tratarse de una actividad que genera empleo y muy bien remunerado.
“Mendoza tiene muy buen nivel de consultoras y de empresas metalmecánicas que prestan servicios mineros, pero que no lo podían hacer en su propio suelo”, destacó.
Almenzar señaló que el uso de las sustancias químicas que generan temor en la población, se utiliza en bajas concentraciones y tanto en el caso del cianuro como en el del ácido sulfúrico (para la extracción del cobre), se mantiene siempre en un circuito cerrado que no vuelve nunca al medioambiente. “La población no tiene que temer. Se trata de algo utilizado en muchas industrias y, si está bien controlado, no debería generar riesgos”.
El ingeniero comentó que la experiencia en San Juan allanará el camino para Mendoza.
“En el caso de Veladero, la condición climática desconocida (se trabaja con temperaturas que pueden alcanzar los -45°), hizo que se utilizaran materiales que funcionaban en otras localidades y allí no. Ahora hemos aprendido y la solución fue técnica”.
A través de una carta, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, pidió al gobernador de la Provincia, Rodolfo Suárez, que “no promulgue las modificaciones a la ley 7.722”.
En el escrito advierte que no fue escuchado por los diputados y senadores, a quienes se dirigió en una carta anterior pidiendo que no se modificara la normativa y se postergara el debate “hasta asegurar un ámbito de discusión sereno, racional, lejano de fundamentalismos inconducentes para superar intereses sectoriales y concentrar la mirada en nuestra provincia”.
Por otro lado, el arzobispo insistió en que para el tratamiento “de la cuestión minera” es imprescindible la licencia social. “Seguramente en estos días Ud. habrá podido escuchar el clamor del pueblo y ello lo habrá llevado a una nueva mirada sobre este tema tan impactante para una provincia que vive la emergencia hídrica más severa en décadas”, argumentó Colombo, informó Los Andes.
Luego de aprobarse las modificaciones que se hicieron a la Ley 7722, que prohíbe el uso de algunas sustancias químicas para la explotación de minerales, quedaron abiertas las puertas para dar inicio a 19 proyectos mineros en la provincia de Mendoza. De esto modo, se posibilita no solo la diversificación de la matriz productiva sino que además se reactivará una actividad que moverá en la provincia recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares (valor bruto del mineral), bajo estrictos controles que garantizan la protección del agua y del medio ambiente.
El cálculo fue hecho por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem). La entidad realizó un informe acerca de los recursos que se podrán extraer estimando que la minería permitirá generar en la provincia 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios).
Los proyectos que podrían avanzar a partir de la aprobación de las modificaciones son: Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre), los mismos que se incluyen en las estimaciones de producción a cinco años; y Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro), y Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).
Desde la Camem explicaron que en los primeros cinco años y con siete minas en producción, podrían generarse 1.215 millones de dólares. La estimación comprende consumos en bienes y servicios por 456 millones de dólares, y otros 342 millones de dólares en producción, por el compre local.
En cuanto a la recaudación del Estado, la carga tributaria directa anual alcanzaría los 114 millones de dólares, y si se consideran los encadenamientos productivos, la recaudación para la provincia sería de 213 millones de dólares.
En tanto que durante la etapa productiva se necesitarán 9.810 personas, pero se calcula que por cada uno de ellos se generan más de tres puestos de trabajo (29.430 empleos), y en total la producción alcanzará los 39.240 puestos de trabajo.
Antes de entrar en producción, se generarían 32.450 puestos de trabajo de forma directa para la construcción de los emplazamientos, lo que daría lugar a 97.350 puestos de trabajo indirecto, o 129.800 empleos totales.
La estimación toma en cuenta los veinte proyectos. Así la actividad podría comenzar en Mendoza con la generación de 17.550 puestos de trabajo en construcción y 8.070 en producción en el mediano plazo, entre mano de obra directa e indirecta.
