Luego de la media sanción en Senadores, la Cámara de Diputados, por 36 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, aprobó la reforma .
Los Andes
BÁRBARA DEL PÓPOLO
Como estaba previsto, hubo rápida sanción en las dos Cámaras. Se busca diversificar la matriz productiva de la provincia.
Las modificaciones que se hicieron a la ley 7.722, que prohíbe el uso de algunas sustancias químicas para la explotación de minerales, abren las puertas a diecinueve proyectos mineros, y simplificará el camino para Hierro Indio SA, la empresa concesionaria del yacimiento que lleva el mismo nombre en Malargüe y que rompió con veinticinco años sin minería metalífera en Mendoza.
De esta forma, se reactivaría una actividad que movería recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares (valor bruto del mineral). El cálculo fue hecho por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), que realizó un estudio sobre los recursos que podrían extraerse del suelo mendocino, y estimó que podrían generarse 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios).
Los proyectos que podrían avanzar a partir de la aprobación de las modificaciones son: Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre), los mismos que se incluyen en las estimaciones de producción a cinco años; y Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro); Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).
Según explicó con anterioridad Raúl Rodríguez, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), se consideraron veinte proyectos para los que existe “algún tipo de información geológica”, pero estos no implican la totalidad de recursos existentes en suelo mendocino.
Camem proyectó que en los primeros cinco años y con siete minas en producción, podrían generarse 1.215 millones de dólares. La estimación comprende consumos en bienes y servicios por 456 millones de dólares, y otros 342 millones de dólares en producción, por el compre local.
En cuanto a la recaudación del Estado, la carga tributaria directa anual alcanzaría los 114 millones de dólares, y si se consideran los encadenamientos productivos la recaudación para la provincia sería de 213 millones de dólares.
El programa a mediano plazo contempla la producción de Sierra Pintada, San Jorge, Don Sixto, Paramillos de Uspallata, Elisa, Paramillos Sur y Hierro Indio, pero si se considera una producción a diez años, con la incorporación de Papagallos, Santa Clara, Barroso, Cerro Amarillo, Cajón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla, la estimación total sería por 6.452 millones de dólares.
La etapa productiva requerirá de 9.810 personas, pero se calcula que por cada uno de ellos se generan más de tres puestos de trabajo (29.430 empleos), y en total la producción crearía 39.240 puestos de trabajo.
Antes de entrar en producción, se generarían 32.450 puestos de trabajo de forma directa para la construcción de los emplazamientos, lo que daría lugar a 97.350 puestos de trabajo indirecto, o 129.800 empleos totales.
La estimación toma en cuenta los veinte proyectos pero, si se piensa en los mencionados anteriormente, la actividad podría comenzar en Mendoza con la generación de 17.550 puestos de trabajo en construcción y 8.070 en producción en el mediano plazo, entre mano de obra directa e indirecta.
Dentro de los veinte proyectos considerados, Hierro Indio es el que podría concretarse con mayor facilidad, ya que el proyecto que pertenece a la empresa Hierro Indio SA (de Alto Américas), obtuvo los permisos de exploración en setiembre y terminó con 25 años sin minería metalífera en la provincia.
El geólogo argentino Guillermo Re Kühl, presidente y principal accionista de la empresa Hierro Indio, precisó que por tratarse de un proyecto de bajo impacto ambiental y sin riesgo hídrico -porque utiliza magnetismo para la extracción del mineral-, el proyecto no tenía conflictos con la ley 7.722, pero los trámites burocráticos detuvieron el proyecto en 2014.
“El problema es que muchas veces los políticos están muy alejados de la realidad minera y petrolera porque desde el día 1 en que uno descubre algo pueden pasar siete años hasta que uno sabe si es viable o no económicamente, con lo cual estaría pasando por dos o tres administraciones. Sucedió con Potasio Río Colorado. Cuando Río Tinto (2006) lo llevó a la prefactibilidad la tonelada de potasio estaba en 1.200 dólares, hoy está en 300”, explicó al respecto.
Esos trámites burocráticos son los que podrían saltarse con la aprobación de las modificaciones a la ley. No se trata de no realizar estudios de Impacto Ambiental, sino que después de presentarlos a las autoridades competentes (Secretaría de Ambiente, municipios, entre otras), los titulares de los proyectos no tendrán que acudir a la Legislatura para un nuevo permiso y enfrentarse a discusiones de carácter meramente político.
“Queremos que los proyectos no pasen por la Legislatura. Se supone que en el recinto se busca que se avale un dictamen técnico y en lugar de eso encuentre trabas políticas”, señaló Laureano Manso, coordinador del Clúster Energético de Mendoza (de la Unión Industrial de Mendoza), en coincidencia con lo planteado por Re Kühl.
Las Dirección de Minería es la encargada de efectivizar un apoyo a la producción minera y es quien concesiona o deniega los derechos sobre las áreas pero, con anterioridad, estos deben presentar sus informes de impacto ambiental.
“Todo proyecto minero que tenga como finalidad obtener concentrados o metales, aplicando cualquier método de explotación e industrialización, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) deberá contener los informes sectoriales municipales del lugar donde pretenda ejecutarse, del Departamento General de Irrigación, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), y de otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios. Además se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la ley provincial 5.961 Preservación del Medio Ambiente”, según se explica en el artículo 3 de la ley 7.722.
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, y dentro de ésta, la Policía Ambiental, será la encargada de llevar el control y el seguimiento de “todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental”, y el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control sobre el uso del agua.
La ciudadanía podrá ejercer control ambiental desde la red de Vigilancia Ambiental y el Poder Ejecutivo reglamentará su integración y funcionamiento.
Finalmente, se realizarán audiencias públicas por municipios, en los departamentos en donde se localicen los proyectos.
En una sesión maratónica, que incluyó sesión especial en la Cámara de Senadores por la mañana, y de Diputados por la tarde, quedó aprobada la reforma a la Ley Provincial 7.722 conocida como de “anti minería”.
La nueva legislación, propiciada por el flamante gobernador, Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza), permite el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico, insumos clave para la metalurgia de los minerales metalíferos, y prohibe solamente el mercurio. De esta manera, abre el camino a la explotación de yacimientos de metales, que desde hace tiempo intentan desarrollarse en la provincia.
Documento histórico: El texto de reforma aprobado por a Legislatura
Como había sucedido en el Senado, el mismo viernes por la mañana, las modificaciones tuvieron el aval mayoritario en Diputados para su sanción definitiva.
La aprobación en el Senado, que tuvo 28 votos a favor y 7 en contra, se dio en un contexto tenso, con el acceso a la Legislatura vallado y un fuerte control policial de 300 efectivos para evitar incidentes.
La votación en Diputados - 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención - dieron como resultado la aprobación definitiva del uso de sustancias químicas en la minería en Mendoza.
Pese a la oposición de ambientalistas, movimientos sociales y la izquierda, la Coordinación de la Mesa Minera del Cluster Energético de Mendoza, la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), entre otras cámaras, respaldaron la iniciativa de están a favor del desarrollo de la minería.
La Cámara de Diputados durante la tarde, al igual que la de Senadores durante la mañana, aprobó las modificaciones a la ley 7.722, por lo que esta media sanción se transformó en ley y se validó así la modificación que permite el uso de sustancias químicas para la exploración minera en Mendoza.
La aprobación de la norma en el Senado tuvo 29 votos a favor y 7 en contra mientras que en Diputados fue de 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención.
El debate se dio en un contexto polémico y complejo, teniendo en cuenta que toda la Legislatura quedó vallada y con un fuerte control policial, con alrededor de 300 efectivos ubicados en los alrededores para evitar un conflicto mayor.
Frente de Todos: Alejandro Abraham; Mauricio Sat; Samuel Barcudi; Adolfo Bermejo; Natalia Vicencio; Silvina Camiolo; Forencia Canali; Fernando Moyano; Lucas Ilardo; Hilda Quiroga; Cecilia Juri;
Cambia Mendoza: Diego Costarelli; Alejandro Diumenjo; Natalia Eisenchlas; Jorge Carballo; Laura Contreras; María Cannizzo; Carina Lacroux; Gustavo Pinto; Pablo Priore; Lucas Quesada; Gladys Rocca; Marcelo Rubio; Gladys Ruiz; Rolando Baldasso; María Mercedes Rus; Claudia Salas; Gabriela Testa
Masfe: Hector Bonarrico
Frente de Todos: Bartolomé Robles; Andrea Blandini
FIT: Lautaro Jimenez;
Cambia Mendoza:Fernando Alin; Ernesto Mancinelli; Leonardo Viñolo
Protectora: Marcelo Romano
Cambia Mendoza: Jorge López; ;Cecilia Roríguez; Claudia Bassin;Tamara Salomón; Jorge Sosa; Marcela Fernández; Gustavo Ruiz; Daniela García; Andrés Lombardi; Paula Zelaya; José Orts; Sandra Astudillo; Carolina Lencinas ; Paula Allasino; Adrián Reche; María José Sanz; Ana María Andía; Hebe Casado; Álvaro Martínez; Gustavo Cairo; José María Videla ;Guillermo Mosso; Josefina Canale
Frente de Todos: Marcelo Aparicio; Silvia Stocco; Carlos Sosa; Helio Perviú; Liliana Paponet: Verónica Valverde; Néstor Márquez; Edgardo González; Duilio Pezzuti; Marisa Garnica; Bruno Ceschín; Germán Gómez; Paola Calle
Partido Intransigente: Eduardo Martínez
Mercedes Llano (PD)
Protectora: Pablo Cairo; Mario Vadillo
Cambia Mendoza: Jorge Difonso; Mauricio Torres; Maricel Arriaga
FIT: Maile Rodriguez
Frente de Todos: Laura Soto; Cristina Perez; Gustavo Majstruk; Laura Chazarreta Edgardo Gonzalez
MDZ
BETY MÁRMOL
Allá por 2005 a un gobernador radical se le ocurrió ir a buscar inversores extranjeros para Mendoza. Llegaron varios, entre ellos los que avanzaron sobre la posibilidad de extraer cobre en Uspallata, y se presentó el Proyecto San Jorge. Vinieron los ambientalistas de General Alvear y San Carlos, que no tenían nada que ver con el tema en Las Heras, pero bueno, todos los sectores tienen su lobby.
Ese mismo gobernador radical, cuando se dio cuenta de la bombita de tiempo que se estaba formando con los ambientalistas por el tema del agua, dio marcha atrás con la cuestión y, en 2007, apareció la Ley 7722, que la mayoría no tiene idea qué dice (si es que siquiera sabe que existe), pero en el imaginario popular se cree que es para evitar la contaminación por minería. De ahí al concepto de que la minería es contaminante, no hay diferencia para los ambientalistas, como si se alumbraran con aceite.
Luego, ese gobernador radical se convirtió en vicepresidente de un gobierno peronista gracias al acuerdo del actual presidente, que en ese entonces era Jefe de Gabinete, junto a otro radical que luego también se convirtió en gobernador. Al gobernador de la 7722 le siguió otro gobernador peronista que no tuvo mejor idea que nombrar Ministro de Infraestructura, Vivienda, Transporte e Hidrocarburos, a un abogado del bufete que asesoraba a la empresa que quería extraer el cobre de Uspallata. Volvieron los ambientalistas y cada Fiesta de la Ganadería en Alvear era un piquete antiminero. (¿?)
Ese ministro se convirtió en gobernador y en su mandato se intentó que la Legislatura de Mendoza aprobara la Declaración de Impacto Ambiental prevista en la Ley 7722 para los proyectos Hierro Indio y Cerro Amarillo, ambos metalíferos. Los radicales bajaron el dedo por orden del líder de la oposición, que luego se convirtió en el gobernador siguiente. ¿Se acuerdan que en una nota anterior les conté que la minería es la que define gobernadores en Mendoza? Bueno, la fórmula sigue vigente. Por si no la leíste: “Minería, la madre que los parió”.
El nuevo gobernador radical, antes de irse, dio la orden a los legisladores (sí, los gobernadores dirigen las votaciones en el legislativo provincial y nacional, ¿quién dijo que este país no es federal?) de ir para adelante con el proyecto de Hierro Indio, en Malargüe. ¿Los ambientalistas? Vaya uno a saber… El proyecto se aprobó.
El siguiente gobernador, también radical, dijo en campaña que iba a hacer Minería en Mendoza y lo votaron. Como el que avisa no traiciona, apenas asumidito mandó a la Legislatura el proyecto de modificación de la 7722 y ahí llegaron el martes último los productores agrícolas de San Carlos y Tunuyán en sus doscientas camionetas 4×4 a protestar. ¿Saben ellos que el combustible con el que funcionan las camionetas, la chapa del habitáculo y los cauchos neumáticos son productos de la minería? Coherencia por favor.
Básicamente enumera las sustancias tóxicas que no se pueden usar en la lixiviación de metales en Mendoza y establece que la Legislatura tiene que aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
La DIA no es un papelito, es la evaluación de un informe técnico (Informe de Impacto Ambiental: IIA) que tiene varios cientos de fojas, elaborado por expertos.
Entiéndase, a la Legislatura llega un documento elaborado, evaluado y aprobado por expertos en la materia que dice que el proyecto NO CONTAMINA. Si el proyecto tiene observaciones no llega a la Legislatura.
Las modificaciones son dos: dejar sólo el mercurio como sustancia tóxica prohibida y que la Declaración de Impacto Ambiental no pase por la Legislatura.
Ustedes dirán que eso está mal. Bueno, la verdad que no, porque los Legisladores mendocinos son bastante torpes y faltos de entendimiento para comprender las cosas (ese es el significado de “estúpido”, según la RAE); y de minería, salvo contadas excepciones, no saben nada.
Pero en cambio, entre las modificaciones de la Ley se pretende incluir al Departamento General de Irrigación y al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) entre los órganos de control. Sí, aunque ustedes no lo crean, estos dos fundamentales organismos custodios del agua en Mendoza no controlan actualmente nada en lo que refiere a la ley 7722 aunque sí participan del Informe de Impacto Ambiental de los proyectos mineros.
Cabe aclarar que la Dirección General de Irrigación es un ente autárquico, el Gobernador de la Provincia no nombra a su titular ni tiene poder sobre él y, de hecho, tiene su cargo por seis años conforme a la Constitución Provincial, trascendiendo el mandato de cualquier gobernador. El IANIGLA forma parte del Conicet (Organismo nacional) y la Universidad Nacional de Cuyo, por lo tanto, también es independiente del Gobierno Provincial. Pero los ambientalistas siguen queriendo que los legisladores decidan sobre el agua, como lo hacen sobre impuestos, sobre presupuesto y sobre protocolo de aborto.
¿En serio creen que los legisladores son más confiables que el IANIGLIA e Irrigación?
En cuanto al mercurio, está presente en los focos que tenés en tu casa irradiándote la cabeza mientras cocinás, comés, lees y ves televisión.
Retomo: los radicales hicieron la ley, los radicales no aprobaron Hierro Indio, los radicales cuatro años luego aprueban Hierro Indio y los radicales quieren modificar la Ley que crearon. Coherencia por favor, again.
Acá me voy a detener porque es importante. La ley 7722 no dice de dónde salen los fondos para los inspectores de minería. No son funcionarios, no son acomodados de turno, son profesionales geólogos con cargo de planta permanente. Ganan, como mucho, unos veinte mil pesos por mes y son cinco. Sí, cinco geólogos tienen que custodiar el agua, las canteras clandestinas y evaluar el impacto ambiental de todos los proyectos mineros en sus tres categorías según el Código de Minería de la Nación. ¿Por qué no son más? Básicamente porque les pagan migajas comparado con lo que ganan en las petroleras y porque no hay recursos para hacer esas policías. No les pagan viáticos cada vez que tienen que ir al Valle de Uco o al Sur de Mendoza y el presupuesto de la Dirección de Minería no alcanza siquiera para comprarles la ropa adecuada y el calzado de seguridad. Pero el predio en donde funciona está quedando precioso con los tres millones de pesos que destinó el anterior Ministerio de Economía e Infraestructura.
La modificación a la ley 7722 incluye la creación de un Fondo de Policía Ambiental que se va a nutrir de las regalías mineras. ¿Piensan que las regalías van a tardar? Les asombraría el monto que ingresa a ATM por canon minero en el caso de las canteras que extraen materiales de construcción, imagínense con la plata de los metales.
Muchachos antimineros: entiendan que cuando dicen que la Ley 7722 no se toca están diciendo que no quieren controles y que quieren que los zarzos legisladores decidan sobre cuestiones para las que no están preparados (algunos ni terminaron el secundario).
Mientras tanto, en Malargüe, donde hasta los chivos quieren minería para que dejen de hacer un Festival en donde los asan a tropel, están desesperados. La mayoría son empleados municipales porque ni un hospital público tienen. El aeropuerto sólo funciona para vuelos chárter, o sea… La muerte misma. En la ciudad de Malargüe no hay cloacas y el tendido eléctrico abarca sólo las diez hectáreas de ciudad, los puesteros viven en la oscuridad y la desidia de sus gobernantes. ¿Por qué no van a Malargüe a decir que la 7722 no se toca? No sean cagones, vayan y quédense unos días a ver si quieren vivir ahí más de un fin de semana.
Las Leñas es otro mundo casi (porque tampoco hay cloacas), pero ahí el trabajo es eventual.
Pero no, no van a Malargüe, van a la Legislatura a tomar de rehenes a la prensa y los legisladores. ¿Son bobos? ¿Creen que es legítimo lo que hacen?
Si no quieren cianuro, dejen de fumar antes que nada. Si no quieren contaminar el agua y la tierra hablemos de agrotóxicos en las fumigaciones. Coherencia por favor, por tercera vez.
Les voy a bajar la moral: Mendoza no es un oasis. Mendoza es un desierto, es montaña, piedra, arena, ripio, cal, yeso, cobre, oro, hierro, uranio y petróleo. Los ingresos de la Provincia no dependen de los viñedos y de las bodegas. La mayor parte de lo que entra a las arcas provinciales proviene de las regalías hidrocarburíferas y el turismo. Y el agua se pierde por infiltración. Dejen de romper cacerolas que, de paso, son metálicas.
Que San Juan, que Catamarca, que Jujuy… ¿Desde cuándo esas provincias son un ejemplo a seguir para nosotros? ¿Acaso no podemos demostrar que en Mendoza sí se puede hacer minería responsable?
Basta de hacer lobby para que la mano de obra barata que negrean en las fincas no se vaya a lavar baños o cambiar focos en una planta minera en donde va a ganar sesenta lucas en blanco. Ese es el verdadero problema.
Nadie les va a contaminar el agua del riego, pero al que hace los surcos para que el agua de riego, al que cosecha a pleno sol, al que poda y al que mueve la tierra, le van a tener que pagar tres veces más y en blanco si no quieren levantarse a las cuatro para hacerlo ustedes.
Den una muestra de decencia, coherencia y colaboración: cierren la boca y vayan a las Asambleas Públicas que la ley sí prevé para cada proyecto y que no se pretenden eliminar; ese es el lugar democrático en el cual exponer sus reclamos fantasmagóricos apocalípticos.
Mientras tanto, que los que saben y estudiaron para saber, decidan; y si no les gusta lo que deciden… No voten más a los que dicen que van a apoyar la minería.
