Mapa de países que tomaron medidas. Brasil, Chile y Perú tienen buen desempeño con bonos verdes. Casas ecológicas en México
La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó su máximo de todos los tiempos, y la biodiversidad se está reduciendo a un ritmo cada vez más rápido. Casi un centenar de naciones se comprometieron a implementar medidas para fijar el precio del carbono, sin embargo hasta ahora sólo 39 naciones dictaron medidas con este fin y en muchos de ellos todavía están pendientes de aplicación.
La información se desprende del estudio de Donna Barne y Divyanshi Wadhwa “El 2019 en 14 gráficos”, publicado hace pocos días por el Banco Mundial.
En septiembre, como prólogo de la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, millones de personas de más de 150 países de todo el mundo tomaron las calles en demanda de medidas urgentes en materia de cambio climático.
Aproximadamente medio millón de personas marchó en Madrid durante la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP25) para reclamar una acción climática urgente. Paralelamente, se produjeron manifestaciones en muchos lugares del mundo en respuesta a los cambios en el precio de los productos básicos, como la energía, el transporte y los alimentos.
El conjunto de herramientas para una acción climática transformadora debe incluir políticas de fijación del precio del carbono bien diseñadas que impulsen el desarrollo con bajas emisiones de carbono, reflejen el principio de que “el que contamina, paga” y garanticen que los costos y beneficios se distribuyan equitativamente sin penalizar a los grupos vulnerables.
Más de la mitad de los países (96 de 195) han indicado que están planificando o considerando el uso de la fijación del precio del carbono para cumplir sus metas climáticas nacionales (o contribuciones determinadas a nivel nacional).
Actualmente, se están implementando o están pendientes de aplicación 57 iniciativas de fijación del precio del carbono que abarcan el 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para que el diseño y la implementación de estas iniciativas tengan éxito, será clave evaluar la mejor forma de utilizar los ingresos —alrededor de USD 45 000 millones en 2018—; algunas ideas son: ayudar a lograr una transición justa, reducir el impuesto a la renta laboral e impulsar el gasto en prioridades públicas de máxima importancia.
El sistema de comercialización de emisiones/impuesto al carbono está en consideración está implementado o pendiente de aplicación
Las iniciativas de fijación del precio del carbono se consideran “pendientes de aplicación” una vez que han sido formalmente aprobadas a través de leyes y cuentan con una fecha de inicio oficial y prevista. Las iniciativas están “en consideración” si el Gobierno ha anunciado su intención de implementar un esquema de este tipo y esto ha sido confirmado formalmente por las fuentes oficiales del Gobierno.
Los países que ya han dictado medidas son: Argentina; EEUU; Australia; Brasil; España; Chile; China, Colombia; Canadá, Dinamarca, Estonia; Eslovenia; Finlandia; Francia; Alemania, Islandia; Indonesia; Irlanda, Japón, Kasaksthán; Korea; Latvia; Liechtestein; México; Países Bajos; Reino Unido;Nueva Zelanda; Noruega; Polonia; Portugal; Senegal, Singapur; Sudáfrica, Suiza; Suecia; Taiwán; Turquía; Ukrania y Vietnam.
En comparación con la cifra récord del año anterior, la emisión de bonos verdes en el mundo tuvo un comienzo lento en 2019, señala el economista Bruno Bastit, Especialista senior en Gobierno Corporativo y Finanzas Sostenibles, S&P Global Ratings en su blog del Banco Mundial.
Para Bastit, a pesar de esa lentitud y la probabilidad de una vuelta del ciclo de crédito, al cierre del año se estimaba que ascendieran a USD 180 000 millones con el respaldo de sólidos principios básicos del mercado y un flujo constante de nuevos emisores e instrumentos financieros, ya que el mecado habría tenido un crecimiento del 8 interanual para 2019.
"Esperamos que el mercado de bonos verdes en América Latina pueda volver a crecer a fines de año. De hecho, las transacciones del presente año hasta ahora han sido considerables en el contexto de la región, y en gran medida se relacionan con proyectos de infraestructura y energía", considera.
Siempre según el informe de Bastit, A pesar del lento crecimiento en 2018, Brasil se ubicó entre los 10 principales mercados emergentes (excluyendo a China) en cuanto a la emisión acumulativa de bonos verdes entre 2012 y 2018, según la Iniciativa de Bonos Climáticos.
Perú comenzó el año con fuerza. El Consorcio Transmantaro anunció planes para emitir notas verdes senior no garantizadas por valor de USD 400 millones destinados a refinanciar y financiar seis líneas de transmisión para conectar la generación de energía renovable (principalmente hidroeléctrica y eólica) al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del Perú. Al analizar la emisión propuesta en virtud de la Evaluación Verde de S&P Global Ratings, se puso de relieve el papel clave que desempeñan tales proyectos para poner en línea las fuentes renovables.
Chile emitió el primer bono verde soberano de América Latina, asignando los ingresos a diversas iniciativas de infraestructura, que incluyen transporte público electrificado, energía renovable y proyectos de construcción ecológica. Esto evidencia la atención del Gobierno chileno en la inversión sostenible y en la elaboración de un marco normativo adecuado.
A pesar de esta inversión y apoyo regulatorio, es importante hacer notar que la emisión de bonos verdes en América Latina está altamente concentrada en términos de países, emisores y sectores. Brasil es el principal país emisor, representando el 48 % del total de emisores de bonos verdes de América Latina, seguido de Chile y México con el 16 % y el 13 %, respectivamente. Sin embargo, el mercado brasileño está dominado por un pequeño grupo de emisores: Klabin (que por sí solo emitió bonos verdes por un total de USD 1000 millones), Suzano Papel e Celulose, Rio Energy y Potami Energia. Las empresas han dominado el mercado de bonos verdes latinoamericano desde 2014 con una participación del 56 %, seguidas por los bancos de desarrollo con el 24 %. Es importante destacar que las empresas especialmente activas en el área de los bonos verdes en gran medida pertenecen a sectores con claros objetivos ambientales, como infraestructura; energía y servicios; productos forestales, y papel.
Sin embargo, los bonos verdes no son exclusivos de este tipo de emisores. Siempre y cuando los ingresos se dirijan a reducir las huellas de carbono o hídrica o a mejorar la resiliencia directa o indirecta de un activo, casi cualquier entidad puede emitir un bono verde. Para que el financiamiento verde se afiance realmente en América Latina debe extenderse más allá de la base de emisores muy concentrada que vemos hoy e incluir a emisores de todos los tipos, sectores y regiones.
Mejorar la orientación en materia de financiamiento verde y crear una infraestructura del mercado de capitales adecuada —tales como pautas sobre los bonos verdes (y un segmento dedicado a los bonos verdes) puestas en marcha por las bolsas de valores de Santiago y Lima en 2018— también pueden ayudar a impulsar las emisiones. Con marcos más armonizados y mayor claridad en torno a los requisitos de divulgación y presentación de informes, los emisores podrían sentirse más inclinados a etiquetar la deuda como “verde”.
A su vez, esto puede ayudar a capitalizar la creciente demanda de inversores de activos que cumplan con criterios ambientales, sociales y gobernanza (ASG). La demanda ya es considerable: una encuesta mundial realizada por RBC Global Asset Management (PDF, en inglés) determinó que el 90 % de los inversores institucionales y consultores encuestados cree que “las carteras que incorporan criterios ASG tienen un rendimiento tan bueno o mejor que las carteras que no lo hacen”.
Aunque la fijación de precios preferenciales para los bonos verdes aún debe evolucionar en América Latina, esta también podría estimular el mercado, con la posibilidad de las ventajas de la fijación de precios se tornen más evidentes a medida que cambia el ciclo crediticio.
Estos avances combinados podrían ayudar a aprovechar el importante potencial sin explotar del mercado de bonos verdes de América Latina y apoyar la transición de la región hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
El sector de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Investment) acaba de presentar una propuesta diferente destinada a quienes quieren invertir en una casa sostenible a precios asequibles para la clase media.
Estas casas están desarrolladas por la empresa mexicana Vinte, una compañía mexicana a la cual BID Invest ha apoyado desde una etapa temprana y cuyas casas reportan una plusvalía anual promedio de un 9,3%.
Para financiar su construcción en 2018 Vinte emitió los tres primeros bonos sustentables en América Latina para la construcción de casas con una baja huella de carbono
Desde su fundación en 2001, Vinte se ha distinguido por construir complejos de viviendas destinadas a diferentes sectores sociales —principalmente para clase media baja hasta clase media alta— con altos estándares sociales y ambientales.
“Para nosotros las amenidades que parecen ser lujos, son necesidades para ser felices”,dice Domingo Valdés, CFO y miembro del Consejo de Administración de Vinte. “Tenemos un modelo de negocio que lo que busca es que todos ganemos”, dice.
Los bonos sustentables son un instrumento financiero de renta fija cuyos fondos se utilizan exclusivamente para financiar empresas o proyectos que activamente contribuyen a la lucha contra el cambio climático y que aportan un beneficio social. Los bonos, que adquirieron inversionistas privados o institucionales en el mercado de valores, se emitieron por 1.500 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 77 millones de dólares a la tasa de cambio actual.
Una de las características de un bono sustentable es que el impacto ambiental y social de la inversión tiene que ser evaluado por un tercero. La agencia que se contrató en este caso, Sustainalytics, evaluará los resultados a lo largo de los siete años de vigencia de los bonos y reportará su impacto a los compradores.
Uno de los resultados positivos de este financiamiento es que en 2019, Vinte anunció un proyecto de certificación ambiental EDGE de casi 4 mil viviendas. Las primeras 56 viviendas que fueron auditadas muestran un ahorro de un 57% en energía, 37% en agua y 63% en materiales sustentables. El impacto de estas medidas corresponde a un ahorro de 1,31 toneladas de CO2 comparado con viviendas sin eficiencias ambientales.
Su compromiso con el medio ambiente ha sido tal que en 2010, lanzaron un piloto para estudiar la viabilidad de crear casas asequibles con una baja huella de carbono. Las casas, que llaman Vivienda Cero Energía, producen casi tanta energía renovable como la que consumen de los servicios públicos. A través de un diseño bioclimático, una orientación eficiente en las viviendas, paneles solares y elementos termodinámicos como ventanas ecológicas con películas polarizadas; el monitoreo de electricidad, gas y agua en tiempo real a través de sistemas de telemetría; y elementos estructurales que absorben la radiación de manera eficiente, cada hogar redujo en un 77% el consumo eléctrico y en 2,4 toneladas en emisiones de gases invernadero.
De acuerdo a la División de Ciencias Ambientales del Laboratorio Nacional de Oak Ridge del gobierno de Estados Unidos, las emisiones CO2 promedio por persona a nivel mundial ascienden a 4,9 de toneladas métricas. En México, esta cifra asciende a 4 toneladas métricas. Dado que el hogar promedio en México es de cuatro personas, adquirir una de estas casas podríaEl sector de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Investment) acaba de presentar una propuesta diferente destinada a quienes quieren invertir en una casa sostenible a precios asequibles para la clase media.
Estas casas están desarrolladas por la empresa mexicana Vinte, una compañía mexicana a la cual BID Invest ha apoyado desde una etapa temprana y cuyas casas reportan una plusvalía anual promedio de un 9,3%.
Para financiar su construcción en 2018 Vinte emitió los tres primeros bonos sustentables en América Latina para la construcción de casas con una baja huella de carbono
Desde su fundación en 2001, Vinte se ha distinguido por construir complejos de viviendas destinadas a diferentes sectores sociales —principalmente para clase media baja hasta clase media alta— con altos estándares sociales y ambientales.
“Para nosotros las amenidades que parecen ser lujos, son necesidades para ser felices”,dice Domingo Valdés, CFO y miembro del Consejo de Administración de Vinte. “Tenemos un modelo de negocio que lo que busca es que todos ganemos”, dice.
Los bonos sustentables son un instrumento financiero de renta fija cuyos fondos se utilizan exclusivamente para financiar empresas o proyectos que activamente contribuyen a la lucha contra el cambio climático y que aportan un beneficio social. Los bonos, que adquirieron inversionistas privados o institucionales en el mercado de valores, se emitieron por 1.500 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 77 millones de dólares a la tasa de cambio actual.
Una de las características de un bono sustentable es que el impacto ambiental y social de la inversión tiene que ser evaluado por un tercero. La agencia que se contrató en este caso, Sustainalytics, evaluará los resultados a lo largo de los siete años de vigencia de los bonos y reportará su impacto a los compradores.
Uno de los resultados positivos de este financiamiento es que en 2019, Vinte anunció un proyecto de certificación ambiental EDGE de casi 4 mil viviendas. Las primeras 56 viviendas que fueron auditadas muestran un ahorro de un 57% en energía, 37% en agua y 63% en materiales sustentables. El impacto de estas medidas corresponde a un ahorro de 1,31 toneladas de CO2 comparado con viviendas sin eficiencias ambientales.
Su compromiso con el medio ambiente ha sido tal que en 2010, lanzaron un piloto para estudiar la viabilidad de crear casas asequibles con una baja huella de carbono. Las casas, que llaman Vivienda Cero Energía, producen casi tanta energía renovable como la que consumen de los servicios públicos. A través de un diseño bioclimático, una orientación eficiente en las viviendas, paneles solares y elementos termodinámicos como ventanas ecológicas con películas polarizadas; el monitoreo de electricidad, gas y agua en tiempo real a través de sistemas de telemetría; y elementos estructurales que absorben la radiación de manera eficiente, cada hogar redujo en un 77% el consumo eléctrico y en 2,4 toneladas en emisiones de gases invernadero.
De acuerdo a la División de Ciencias Ambientales del Laboratorio Nacional de Oak Ridge del gobierno de Estados Unidos, las emisiones CO2 promedio por persona a nivel mundial ascienden a 4,9 de toneladas métricas. En México, esta cifra asciende a 4 toneladas métricas. Dado que el hogar promedio en México es de cuatro personas, adquirir una de estas casas podría
El sector de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Investment) acaba de presentar una propuesta diferente destinada a quienes quieren invertir en una casa sostenible a precios asequibles para la clase media.
Estas casas están desarrolladas por la empresa mexicana Vinte, una compañía mexicana a la cual BID Invest ha apoyado desde una etapa temprana y cuyas casas reportan una plusvalía anual promedio de un 9,3%.
Para financiar su construcción en 2018 Vinte emitió los tres primeros bonos sustentables en América Latina para la construcción de casas con una baja huella de carbono
Desde su fundación en 2001, Vinte se ha distinguido por construir complejos de viviendas destinadas a diferentes sectores sociales —principalmente para clase media baja hasta clase media alta— con altos estándares sociales y ambientales.
“Para nosotros las amenidades que parecen ser lujos, son necesidades para ser felices”,dice Domingo Valdés, CFO y miembro del Consejo de Administración de Vinte. “Tenemos un modelo de negocio que lo que busca es que todos ganemos”, dice.
Los bonos sustentables son un instrumento financiero de renta fija cuyos fondos se utilizan exclusivamente para financiar empresas o proyectos que activamente contribuyen a la lucha contra el cambio climático y que aportan un beneficio social. Los bonos, que adquirieron inversionistas privados o institucionales en el mercado de valores, se emitieron por 1.500 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 77 millones de dólares a la tasa de cambio actual.
Una de las características de un bono sustentable es que el impacto ambiental y social de la inversión tiene que ser evaluado por un tercero. La agencia que se contrató en este caso, Sustainalytics, evaluará los resultados a lo largo de los siete años de vigencia de los bonos y reportará su impacto a los compradores.
Uno de los resultados positivos de este financiamiento es que en 2019, Vinte anunció un proyecto de certificación ambiental EDGE de casi 4 mil viviendas. Las primeras 56 viviendas que fueron auditadas muestran un ahorro de un 57% en energía, 37% en agua y 63% en materiales sustentables. El impacto de estas medidas corresponde a un ahorro de 1,31 toneladas de CO2 comparado con viviendas sin eficiencias ambientales.
Su compromiso con el medio ambiente ha sido tal que en 2010, lanzaron un piloto para estudiar la viabilidad de crear casas asequibles con una baja huella de carbono. Las casas, que llaman Vivienda Cero Energía, producen casi tanta energía renovable como la que consumen de los servicios públicos. A través de un diseño bioclimático, una orientación eficiente en las viviendas, paneles solares y elementos termodinámicos como ventanas ecológicas con películas polarizadas; el monitoreo de electricidad, gas y agua en tiempo real a través de sistemas de telemetría; y elementos estructurales que absorben la radiación de manera eficiente, cada hogar redujo en un 77% el consumo eléctrico y en 2,4 toneladas en emisiones de gases invernadero.
De acuerdo a la División de Ciencias Ambientales del Laboratorio Nacional de Oak Ridge del gobierno de Estados Unidos, las emisiones CO2 promedio por persona a nivel mundial ascienden a 4,9 de toneladas métricas. En México, esta cifra asciende a 4 toneladas métricas. Dado que el hogar promedio en México es de cuatro personas, adquirir una de estas casas podría representar una reducción del 13,3% de sus emisiones de carbono anuales por persona. Esto es equivalente a evitar manejar 2.142 kilómetros en un automóvil, de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
