Más indicios sobre la política económica que viene
SOFIA DIAMANTE
El proyecto de ley en el que trabaja Guillermo Nielsen busca atraer inversiones, sobre todo para la producción de gas; incluye quita de retenciones y aranceles; devolución de IVA y libre giro de utilidades
El sector energético estuvo en el corazón de los problemas económicos de kirchnerismo: la decisión de no aumentar las tarifas deprimió las inversiones en la producción de gas y petróleo, y generó que la Argentina tuviera que recurrir a las importaciones, lo que deterioró las cuentas nacionales. El próximo gobierno no quiere repetir situaciones pasadas y prepara una serie de medidas para incentivar las inversiones en Vaca Muerta.
La Nación accedió al proyecto de ley que prepara Guillermo Nielsen, asesor en temas energéticos de Alberto Fernández, para fomentar, sobre todo, la producción y exportación de gas. Para eso, prevé la construcción de una planta de licuefacción que permita al país exportar a escala gas líquido (GNL).
Entre los beneficios y garantías que ofrecerán a las empresas se encuentran la libre disponibilidad de divisas, la exención de aranceles y retenciones, y la posibilidad de adelantar amortización para aquellas empresas que comprometan inversiones para la producción de GNL en toda su cadena de valor.
A diferencia del petróleo, el gas necesita mayores condiciones para que se pueda desarrollar. La principal es que haya demanda, un problema que encuentra hoy la industria, ya que en ocho meses del año sobra el gas. Para que siga creciendo la producción en Vaca Muerta, ya no alcanza con el consumo que tiene el mercado doméstico, el de Chile, Uruguay y Brasil; hace falta acceder a otros mercados que no están conectados con gasoductos. Por eso toma importancia la construcción de una planta que pase el gas a estado líquido. Estas instalaciones de licuefacción cuestan alrededor de US$5600 millones y tardan entre 4 y 5 años en ser construidas.
El proyecto de ley que tiene en borrador Nielsen, según pudo leer este medio, busca "combinar herramientas de garantías y de promoción, ofreciendo seguridad jurídica y fomento al uso de contratos a 25 años", aunque se podrían extender en caso de incrementarse los compromisos de inversión. "Cada contrato podrá incluir uno o más beneficiarios como participantes en las diferentes etapas de la cadena de valor", señala el texto redactado, que el exsecretario de Finanzas les muestra a las empresas.
En primer lugar, lo que las petroleras exigen para desembolsar grandes inversiones es la posibilidad de poder retirar del país las utilidades a sus casas matrices en caso de ser necesario. En ese sentido, el proyecto asegura una garantía cambiaria durante la vigencia del plazo previsto en el contrato. "Incluye sin limitación y según el caso, el derecho de libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de la exportación sin obligación de repatriación de las divisas, el acceso a divisas y giro de utilidades al exterior".
Asimismo, "se incluirán mecanismos de protección contra cualquier evento de inconvertibilidad o intransferibilidad, o que limite o restrinja la compra y venta en el país de divisas extranjeras por cualquier concepto desde o hacia la Argentina".
Casi con la misma importancia, las empresas señalan la necesidad de mantener reglas de juego estables. Por eso el proyecto promete "estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal por el plazo de la vigencia del contrato".
"Se entenderá como alteración de la estabilidad fiscal cualquiera de los actos que constituyen incrementos generales de impuestos, creación de nuevos tributos, aumento de alícuotas, tasas o montos, modificaciones en los mecanismos de determinación de la base imponible y derogación de exenciones otorgadas", entre otras.
"Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal dará derecho a los perjudicados a la compensación automática e inmediata de los aumentos tributarios o arancelarios con reducciones de los mismos conceptos, con más intereses compensatorios. Asimismo, podrán reclamar ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales que se retengan de los fondos coparticipables que correspondan al fisco incumplidor, los montos pagados en exceso, para proceder a practicar la devolución al contribuyente", dice el texto.
Los beneficios tributarios para los que decidan participar de las exportaciones de GNL incluyen la devolución del IVA de "la compra, fabricación o importación definitiva de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura en el plazo de seis meses para ser utilizados contra otros impuestos".
En relación con el impuesto a las ganancias, los gastos e inversiones efectuadas en estudios geológicos y la perforación de pozos exploratorios podrán ser deducidos en el año que se incurran. Las inversiones realizadas en pozos productivos, plantas, equipos, ductos, infraestructura, accesos, obras viales, viviendas para el personal, comunicaciones, seguridad e instalaciones podrán ser amortizadas un 60% en el año que se produzca su habilitación y el 40% restante en los dos años siguientes. Asimismo, los quebrantos también podrán deducirse de las ganancias a los cinco años inmediatos siguientes y se actualizarán por la inflación mayorista (IPIM).
Las inversiones también podrán amortizarse a partir del período fiscal de habilitación del bien: "Para las inversiones realizadas en muebles adquiridos, fabricados o importados durante el primer año, se establecen tres cuotas anuales, iguales y consecutivas; para los comprados en el segundo año, cuatro cuotas, y para el tercer año, cinco cuotas. Para las inversiones hechas en obras de infraestructura se hará en la cantidad de cuotas que surja de considerar su vida útil reducida al 50% de la estimada en el primer año; 60% en el segundo y 70% en el tercero".
Las importaciones de bienes de capital, equipos especiales y elementos componentes de dichos bienes también estarán exentas del arancel, del IVA y de cualquier otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios. En el caso de las exportaciones, las ventas de GNL no tendrán retenciones.
Por su parte, las provincias no podrán gravar con el impuesto a los ingresos brutos la exportación de GNL y se eximirán del pago de impuestos a los sellos a todos los actos, contratos y operaciones asociados al proyecto, "incluyendo contratos de suministro, transporte, construcción, operación, procesamiento y sus garantías que financien inversiones comprometidas". En relación con las regalías, las provincias solo podrán aplicar una alícuota del 5% sobre el precio de venta de gas natural destinado a GNL en los primeros 10 años. Luego subirá al 10% en los siguientes 10 años y a 12% para el resto del proyecto, como es actualmente.
Por último, el proyecto de ley establece que las exportaciones de GNL serán de carácter firme "por los volúmenes máximos periódicos y totales previstos en el contrato".
"Cuando existan dificultades en el abastecimiento interno, solo podrán interrumpirse o suspenderse la exportación de volúmenes en exceso de los volúmenes firmes máximos previstos en el contrato", señala el documento.
En el entorno del equipo de Guillermo Nielsen, sin embargo, desmintieron que este borrador sea del proyecto de ley en el que están trabajando.
+Devolución del IVA
+El IVA a la compra, fabricación o importación definitiva de bienes de capital será devuelto a los 6 meses para utilizar contra otros impuestos
+Comercio exterior
+Las importaciones de bienes de capital estarán exentas del pago de los derechos de importación. No habrá retenciones para exportaciones de GNL
+Impuestos provinciales
+Las provincias no podrán aplicar ni Ingresos Brutos ni impuesto a los sellos
El Cronista
HERNAN DE GOÑI
La Argentina se encamina, una vez más, a discutir un nuevo marco tributario. Por lo pronto, los cambios que se proyectan están más orientados a cubrir necesidades fiscales inmediatas que a generar un sistema más equitativo, una pretensión que siempre alienta todo gobierno nuevo. El disparador de esta discusión va a ser la renegociación de la deuda, ya que para gestar un nuevo acuerdo y nuevos plazos de pago con los acreedores, habrá que establecer un horizonte de mediano plazo sobre cuántos recursos podrá disponer el Tesoro para afrontar estas obligaciones. Dicho en otras palabras, qué nivel de superávit primario podrá ofrecer el equipo de Alberto Fernández. Lo ideal sería que mientras busca la manera de transitar la emergencia, haya espacio para debatir el formato de qué tipo de impuestos vamos a mantener y cuáles vamos a modificar.
En una entrevista que proporcionó el fin de semana, Fernández dio una definición bastante concreta sobre el futuro de las retenciones: "En la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo. Me encantaría no cobrar retenciones pero se le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal".
Esta aproximación no va a ser recibida como una novedad por los productores agropecuarios y las empresas que exportan materias primas, que vienen adelantando liquidaciones por el temor (a esta altura, casi una certeza) de que se cambie el esquema de retenciones a partir del 10 de diciembre. Lo que puede habilitar el equipo de Alberto, en todo caso, es una vía de diálogo que permita dar alguna precisión mayor o en todo caso favorecer una discusión que permita aportar alternativas.
Mauricio Macri hizo campaña en 2015 con la promesa de eliminar las retenciones. Lo hizo de manera gradual al asumir, y en 2018 las repuso bajo el paraguas de la emergencia económica. Queda por develar si un reajuste de su valor será una política transitoria o no.
Algo por el estilo se espera que suceda con el impuesto a los Bienes Personales, cuyo peso debía ser reducido a instancias de la ley que permitió el blanqueo de capitales, pero esa decisión se dio vuelta cuando se negoció el Presupuesto 2019 en el Congreso. Sobre este gravamen aún no trascendieron proyecciones. Fernández solo mencionó Ganancias, tributo cuyo peso sobre el salario debería desaparecer (a juicio del presidente electo), pero eso sucederá a medida que se normalice la economía.
Todo esta discusión deberá ser abordada a partir del próximo 10 de diciembre, tanto dentro del Poder Ejecutivo como en el Legislativo, ya que toda la proyección de recursos obligará a recalcular el Presupuesto 2020. Cuanto más tiempo haya para pensar y evaluar, mejor.
Gaceta Mercantil
El presidente electo Alberto Fernández evalúa con sus asesores económicos la posibilidad de abrir el cepo cambiario para que las empresas extranjeras puedan enviar dividendos a sus casas matrices para incentivar inversiones y generar reactivación.
Las restricciones a las compras de dólares continuarán a partir del 10 de diciembre, cuando asuma, para los individuos, que solo pueden adquirir 200 dólares por mes, medida del gobierno de Mauricio Macri que, desde que se tomó, después de las PASO, permitió recuperar en 1.700 millones de dólares las reservas internacionales del país.
El dato se conoce a una semana de que inicie una gira europea que lo llevará por Francia, Italia y, muy probablemente, Alemania, países con inversiones importantes en el país y a cuyos gobernantes les pedirá que lo ayuden en su negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Sin la apertura del cepo, la posibilidad de atraer inversiones extranjeras es utópica y el equipo económico del mandatario electo lo sabe, por lo que trabaja en una medida para facilitar el giro de utilidades de las empresas cuyas casas matrices están radicadas fuera del país
"Lo primero que hay que hacer para flexibilizar el cepo es permitir que puedan sacar los dividendos", dijo a La Nación uno de los colaboradores de confianza de Fernández, sin precisar el momento en que se tomará la medida ni si se eliminarán todas las restricciones.
En el entorno del presidente electo confirman que esa resolución no podrá postergarse mucho porque constituye hoy un obstáculo determinante para la llegada de nuevas inversiones. "Las empresas están decidiendo ahora dónde van a invertir en los próximos años y con el lío que hay en América Latina lo más probable es que no venga un mango. Si encima no los dejamos girar los dividendos, nos van a tachar de la lista sin dudarlo", explicó un dirigente con despacho en las nuevas oficinas de Fernández, en Puerto Madero.
Ahora, agregan en el equipo de Fernández, se está dando la situación que él tanto cuestionó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Aplicar un cepo, señalaba entonces, es cómo poner una piedra en una puerta giratoria. La puerta se traba para impedir la salida de divisas, pero al mismo tiempo impide el ingreso de nuevos capitales.
El Banco Central estableció que las empresas no pueden acceder al mercado de cambios oficial para atesoramiento, solo pueden comprar divisas para pagar deudas y para importaciones y exportaciones, aunque con límites en los plazos de liquidación.
Incluso desde el cepo impuesto por el organismo que conduce Guido Sandleris, a las personas jurídicas comenzó a requerírseles conformidad del Banco Central para comprar divisas para girar al exterior utilidades y dividendos. La entidad monetaria desde entonces evalúa y dictamina, caso por caso, lo que es muy engorroso.
En los hechos, muchas empresas se vieron desincentivadas a traer dólares porque no los pueden sacar, como sucede hace casi dos décadas en Venezuela. Pero además el cepo provocó varias complicaciones en las operaciones diarias y deudas en aumento con sus casas matrices.
La misma noche de las elecciones generales, el pasado 27 de octubre, el Gobierno transformó el cepo "light" en uno casi total para frenar el drenaje de reservas.
La necesidad de flexibilizar las restricciones para el giro de divisas al exterior fue parte de la conversación que el presidente electo mantuvo con el presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado sábado 9.
El mandatario europeo le transmitió la preocupación de una empresa de su país que desarrolla un proyecto de explotación de litio en el norte, pero el tema también surgió durante el encuentro que compartieron el miércoles pasado Fernández y los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) en Buenos Aires.
A esos diplomáticos, el presidente electo les confirmó que el cepo para la adquisición de dólares se va a mantener después del 10 de diciembre, tal como había dicho el lunes 4 de noviembre en una conferencia de prensa, durante su visita a México. "Lo que la Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares. El 10 de diciembre no es una fecha mágica. Ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central. Esto no se resuelve con un cambio de gobierno", respondió.
Enseguida completó: "El 10 de diciembre cambia un gobierno, no la realidad económica. La única realidad económica que tenemos es que Macri tuvo que tomar esta medida después de haber visto salir de las arcas del Central decenas de miles de millones de dólares que se fugaron del sistema financiero. Eso no se revierte porque un presidente cambie".
El nivel de reservas que recibirá de parte de Macri es una obsesión para Fernández. El presidente electo sigue a diario el cúmulo de dólares que maneja el Banco Central. El pedido para que Macri cuide las reservas estuvo presente en cada una de las conversaciones que mantuvo con quien será su sucesor.
Cuando, después de la derrota en las elecciones generales, el gobierno de Cambiemos optó por endurecer el cepo, Fernández respiró aliviado. No dejó, de todos modos, de advertir que habría que haber tomado medidas antes para evitar la fuga de capitales que se produjo entre las PASO y el 27 de octubre, que algunos estiman en 16.000 millones de dólares
