Se intensifican los contactos legislativos para avanzar en las enmiendas que habiliten el desarrollo de la actividad en la provincia.
En el ámbito político, las conversaciones entre los principales partidos son un hecho. El gobierno, con el mandatario electo, Rodolfo Suárez a la cabeza, comenzó a tantear el terreno legislativo, junto a una serie de diputados y senadores. En tanto, el peronismo también hizo lo suyo, al reunirse este lunes para específicamente plantar bandera y tratar de unificar criterios entre todos sus espacios respecto a cómo jugar sus fichas en las Cámaras.
Ninguno de los dos frentes quiere pagar el costo político de manera individual por lo que, si en algún momento se debate alguna iniciativa para hacer cambios sensibles a la ley 7.722 (que fue sancionada en 2007 y que, tras ser judicializada, fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia), se realizará con el correspondiente “consenso político”, es decir una foto conjunta de legisladores de ambos espacios políticos avalando las modificaciones a la ley.
Lo cierto es que en el peronismo pretenden que quienes tomen la iniciativa desde ahora sea el propio oficialismo, por lo que adelantaron que no tratarán los proyectos de sus pares en el Senado: Alejandro Abraham y Juan Agulles, al menos en estas semanas, que el oficialismo quiere desempolvar.
Uno de los resultados de la reunión de ayer de todos los sectores del peronismo es un mensaje claro destinado a Suárez: “Si quiere la ley que lo diga con todas las palabras, y que envíen un proyecto. La pelota la tiene el Gobierno y ellos la quieren llevar a nuestro campo, diciendo que son proyectos nuestros, pero en realidad está en el campo de ellos, porque son el Poder Ejecutivo”, argumentaron.
Este razonamiento se da cuando sostienen que Cambia Mendoza “habla siempre de que los proyectos son del peronismo, pero quienes impulsan todo el debate son ellos. No vamos a seguir jugando ese juego”. No obstante, a priori ambos frentes están de acuerdo, aunque deberían analizar algunos aspectos, con que la ley debería reformarse, no sin antes garantizar estrictos controles a la actividad minera, para cuidar el recurso hídrico, pero también evitar la contaminación.
Es verdad también que ni el radicalismo, como tampoco el peronismo, han podido conseguir unanimidad en sus legisladores para dar un aval concreto a la posible reforma. “Es como el proyecto de interrupción legal del embarazo en el Congreso: hay posiciones muy divididas y no habrá un voto unánime en cada bloque si esto llega al recinto”, señalaron desde el PJ. En tanto, en el oficialismo adelantaron que intentarán que un eventual acuerdo “sea unánime, porque el cuidado del medio ambiente es vital para que la reforma salga”.
En el PJ la reunión del lunes sirvió para dejar saldadas algunas cuestiones de la 7.722, más allá del pensamiento personal de cada legislador. Indicaron que los articuladores serán la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti y los actuales intendentes Emir Félix, Alejandro Bermejo, Roberto Righi y Martín Aveiro. Habría que preguntarse si estarán en esa mesa los próximos a asumir: los ciurquistas Flor Destéfanis y Fernando Ubieta y Matías Stevanato.
En dicha reunión, oficiada por el presidente del PJ, Guillermo Carmona, participaron representantes de todos los espacios. Acordaron que esperarán que Suárez (quien ya ha tenido comunicaciones desde China con algunos interlocutores) retorne a Mendoza para “conocer qué visión tiene de Mendoza y, en este tema, cuáles son los proyectos que tiene en mente”.
“Es necesario una política de Estado para avanzar, y conocer cuál es la mirada del Poder Ejecutivo en cada uno de los temas”, expresaron.
Otro de los puntos en los que plantearon sus dudas es en el estado de los mecanismos de control ambiental, tanto en el ámbito minero, como en el hidrocarburífero; también ver qué novedades hay de potasio Río Colorado (Malargüe). Esto se suma al estudio que tiene el partido opositor, de una “empresa minera provincial” similar a la Empresa Mendocina de Energía (Emesa).
El gobernador electo, Rodolfo Suárez, realizó duras declaraciones con críticas a la ley llamada “antiminera”, al sostener a Canal 9 que, a lo largo de los años, “ha impedido inversiones” en Mendoza, pero que esas mismas “se hacen en todo el mundo y se hacen bien, cuidando el medio ambiente, con previsibilidad y seguridad jurídica”.
Desde China, el Gobernador electo dijo que “No podemos hacerlo con esta ley porque es impeditiva para este tipo de inversiones. Pero vemos como en todo el mundo se desarrolla la tecnología, y más en esta materia, que es exponencial en el cuidado del medio ambiente”, desarrolló. Finalmente, comentó que “es la única manera que nosotros tenemos de generar riqueza y optimizar nuestro recurso escaso que es el agua, utilizándolo mejor en nuestra industria primaria, como se hace en California, Australia o Israel”, entre otros.
El jefe de bloque radical del Senado, Diego Costarelli, sostuvo que las declaraciones de Suárez “son coincidentes con lo que ha dicho en la campaña, a favor del desarrollo minero en Mendoza”.
“Si hay que modificar la 7.722 se necesita un gran consenso social y político, y no se puede hacer solamente con una coalición de gobierno. Nosotros estamos dispuestos a debatir y discutir todos los temas en la Legislatura”, señaló.
Por el lado del peronismo, el presidente, Guillermo Carmona, adelantó que se sostendrá una “posición responsable” en el abordaje de la cuestión minera. “Queremos definiciones por parte del oficialismo y esperamos que, como primer gesto, el oficialismo encare todos los cumplimientos de materia ambiental que se tiene que concretar”, desarrolló.
Volviendo al oficialismo, quien mantiene una posición de defensa de la ley es Jorge Difonso, intendente de San Carlos y coautor de la ley 7.722. “Va a mantener la idea que ha tenido hasta ahora”, detallaron desde su entorno, y agregaron que “si quieren avanzar en una modificación, deberán tener en cuenta que no se puede violar el principio de no regresividad (de la ley General del Ambiente) en el que se marca que en este caso no se podrían reducir los controles. Si se quita la prohibición de algunas sustancias se estaría violando la ley”, opinaron.
Marcelo Romano, senador de Protectora, defendió a rajatabla la ley y expresó que se trata de un “cinturón de seguridad porque protege el agua de Mendoza”. Además sostuvo que Suárez “se está dejando llevar por los intereses mineros y, si no hay una reacción popular donde se exija licencia social, van a terminar modificando la ley. Nos estamos jugando el futuro de los mendocinos, pero vamos a resistir”, finalizó.
