JUAN MANUEL TORREZ
Envalentonadas por la aprobación de Hierro Indio, diferentes cámaras empresariales salieron a pedirle al gobernador electo, Rodolfo Suárez, que convoque a todos los partidos de Mendoza a “generar consensos” y se reforme la ley ambiental 7.722 antes del recambio legislativo. Quieren “generar las condiciones necesarias para el desarrollo minero” y evitar que se demore el debate por esta modificación.
El cálculo de los industriales es que tras la asunción de los nuevos legisladores el 22 de noviembre, cada uno de ellos necesitará tiempo para estudiar y analizar un tema tan sensible y controversial como el proyecto para flexibiliazar la Ley “antiminera”, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en esta actividad.
Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), sostuvo que el proyecto “ya ha sido analizado durante más de un año por la Legislatura”, y recordó que la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales convocó a gremios, organizaciones científicas, ambientalistas y empresarios mineros, entre otros, para que dieran sus posturas respecto al tema a fines del año pasado.
“Hemos acompañado todo el proceso, desde que se gestó, y de hecho hubo un documento que fue mejorándose a partir de todas las intervenciones de los distintos organismos”, detalló el empresario, quien acotó que el año electoral jugó en contra y la iniciativa quedó paralizada.
Por eso, pidió que Suárez (quien ya ha dado muestras de que pretende impulsar la minería) intente retomar este tema “rápidamente” mediante una convocatoria a todos los sectores de la sociedad y la política, “para que se tengan en cuenta las modificaciones a la ley” con una Legislatura que ya tiene el tema estudiado.
Para Badaloni, es necesaria una “evolución” de la 7.722 “que sirva para generar un impulso en la minería que hace 12 años que no se tiene”.
Respecto a la posición del peronismo, que aparece dividido respecto a apoyar o no estos cambios, Badaloni opinó que “hay especulación” por el famoso “costo político”, por lo que insistió en la necesidad de la convocatoria entre oficialismo y oposición para discutir de una vez el tema en el recinto legislativo.
“Es necesario que Mendoza comience a ampliar la matriz productiva, ya que eso abrirá más puestos de trabajo y también generará riqueza con las regalías. Y que eso se pueda volcar incluso a aplicarlo a infraestructura hídrica y mejorar el uso del agua”, como por ejemplo el riego presurizado, completó el titular de la UIM.
En la misma línea se expresó Javier Allub, presidente del Concejo Empresario Mendocino (CEM), quien coincidió en que es importante la “diversificación de la matriz productiva”. Y si bien le bajó el tono al potencial de la minería (“no es la salvación”, sostuvo), destacó que es una rama importante en la economía mendocina que ayudará a reactivar el empleo.
“Hace 12 años que seguimos preguntándonos qué vamos a hacer y cómo hacerlo, y se han perdido inversiones y posibilidades de crecimiento en este rubro”, aseguró.
También exigió que en una eventual reforma de la 7.722, “se tendrán que generar todos los controles y la explotación de una minería responsable”.
“Es normal que haya una necesidad de consenso, porque es un tema delicado y sensible para la sociedad. Pero también es importante remarcar que ha tenido todo el debate entre varias organizaciones de los distintos sectores de la sociedad”, finalizó.
También habló Pedro Bizzotto, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet). En diálogo con Los Andes, lo comparó con los problemas que tiene el sector con los aumentos de los servicios (como la energía o los insumos dolarizados).
Y opinó que si se modifica la 7.722 y por ende se genera más trabajo para el sector, “se reactivará la industria, se generará trabajo y el costo de producción se podrá llevar adelante”.
“Si usted no produce, no gasta, o gasta menos porque está operando a un 60% de su capacidad instalada. Entonces su gasto está en el mismo porcentaje. Pero si uno produce más, va a tener mayores recursos y todo va a ir acompañando”, consideró.
Donde sí hay resistencia a la minería es en el sector vitivinícola. Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) señalan que se oponen porque hay dudas que aún no han sido saldadas en cuanto a los controles sobre la actividad.
Nicolás Vicchi, subgerente de Acovi, señaló que antes de hablar de la reforma de la 7.722 “hay que hacer hincapié en acciones de control minero que aún no se aplican o se hacen casi sin partidas presupuestarias, como la policía ambiental minera o el tribunal minero que establece la ley 6.654”.
“Hay que tener en cuenta que si hay sensibilidad social con la reforma de la 7.722 es porque hay una desconfianza de la sociedad. Y esto se revierte garantizando buenos controles, planificación y seguimiento de proyectos y de la actividad”, razonó Vicchi.
