No hay un día sin protestas en la región: Ecuador, Chile, Haití y, ahora, Bolivia. En la mayoría, la desigualdad y el divorcio entre clase política y población es la gasolina
No hay un día sin protestas en América Latina. Ya sea por problemas en el suministro de agua, por las cochambrosas infraestructuras, la alta delincuencia o por los bajos salarios, los habitantes de la región está habituada a tomar las calles para hacerse escuchar. Pero en las últimas semanas, el malestar se ha visto desbordado y las protestas aisladas se han convertido en crisis socio-políticas de distinta intensidad que han acaparado los titulares de la prensa internacional. Ecuador, Chile, Haití y, ahora, Bolivia, donde la escalada de la tensión ha acabado con la renuncia de Evo Morales después de que los militares se lo "sugirieran".
Hay muchas razones detrás de cada conflicto. Pero existe un hilo en conductor similar en todos los casos: unos políticos desconectados de las realidades de sus países, donde la desigualdad, la corrupción y el abuso de poder son el viento que aviva las calles ardiendo de Latinoamérica.
Para entender buena parte de lo que pasa estos días hay que remontarse a la década anterior, donde se combinaron dos fenómenos, uno político regional y otro económico mundial. El primero fue la 'pink tide' (marea rosada), una oleada de gobiernos de tinte progresista de izquierda que tomó la batuta de la región y que se conformaron como bloque con iniciativas de integración regional como Unasur, CELAC o el Banco del Sur. Abanderados por los presidentes del momento, incluyendo Hugo Chávez (1999-2013), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) Néstor Kirchner (2003-2007), Rafael Correa (2007-2017) y Evo Morales (2006-2019), el llamado socialismo del siglo XXI se propagó por la región tras décadas de dominio político neoliberal bajo el llamado "Consenso de Washington".
El segundo factor fue una época de vacas gordas sin precedentes por la subida histórica de los precios de las materias primas ('commodities'). Desde el petróleo, el gas y los minerales al maíz, la soja y el trigo, América Latina se encontró con que tenía todo lo que necesitaba un mundo en plena expansión macroeconómica y, especialmente, China. Así comenzó, entorno a 2004, el llamado 'super ciclo de los commodities'.
Apalancada sobre esta abundancia económica, la "marea rosada" aprovechó para disparar el gasto público, las ayudas sociales y las obras públicas solidificando la percepción de que América Latina, por fin, era próspera. Pero ya en 2006, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) -previendo el estallido de la burbuja- advertía que la inyección de dinero extraordinaria debía venir acompañada de ahorro e inversiones con retorno. Aquí está una de las claves de lo que pasa hoy.
El primer signo fue el derrumbe en 2014 de los precios del petróleo desde máximos históricos, al que siguieron el resto de 'commodities' en mayor o menor medida. En 2016, las tasa de crecimiento económico de la región había bajado hasta el 1,1% promedio, regresando a cifras similares a antes del 'boom'. No hubo ahorro o fue insuficiente, como en el caso de Chile. Y sí hubo mucho gasto público y grandes agujeros fiscales. Y también hubo, a raudales, corrupción. Llegaron las vacas flacas y la población, que había visto cómo mejoraban sus condiciones de vida, acusó el frenazo.
La frustración no es solo económica, sino también política, como muestra el caso de Bolivia -y hasta cierto punto el de Chile-. El país andino es de los pocos en la región que pese al 'shock' externo mantuvieron buenos índices económicos, con crecimiento promedio por encima del 4%. Pero el empeño del presidente Morales en aferrarse al poder llevó a un caldo de cultivo de polarización y protesta alentados por su búsqueda de la reelección indefinida.
Morales arrasó en las urnas en tres elecciones presidenciales (2005, 2009 y 2014), así como en el referéndum para la reforma de la Constitución en la que quedó contemplado que un mandatario no podría gobernar más de dos periodos seguidos. Esto habría hecho que Morales no pudiera presentarse a la reelección de 2014, pero una sentencia del Tribunal Constitucional alegó que la reforma constitucional había "refundado Bolivia" como Estado Plurinacional y que eso contemplaba un nuevo orden. Los tribunales dieron vía libre para que Morales se presentara una vez más y, a pesar de las críticas de la oposición, ganó esas elecciones con un 63% de los votos.
Pero Morales no se conformó. Envalentonado por sus holgados resultados en los comicios y el buen momento económico, decidió buscar un nuevo referéndum en 2016 para preguntar al pueblo si le permitía un cuarto mandato, contraviniendo su propia Constitución. Fue su primer revés en las urnas, aunque por una diferencia pequeña (51% en contra, 49% a favor). Pero de nuevo Morales recurrió al Constitucional, que acabó fallando a su favor dictaminando que prohibirle presentarse a la reelección “atentaba contra sus derechos políticos” como ciudadano.
Por eso, cuando el pasado 20 de octubre -primera vuelta de las presidenciales- se detuvo el cómputo de votos en la noche electoral, la oposición prendió todas las alarmas. Al día siguiente, el Tribunal Electoral (TSE) de Bolivia proclamó vencedor a Morales en primera vuelta y sus adversarios cantaron fraude. Las calles se llenaron de manifestantes a favor y en contra del mandatario en protestas que dejaron al menos tres muertos y cientos de heridos. Hasta un sector de la policía se amotinó y comenzó a protestar contra Morales.
La Organización de Estados Americanos (OEA), observadora de los comicios, publicó el pasado domingo un informe donde destaca que hubo irregularidades en el cómputo y recomendó repetir las elecciones. Aunque Morales cedió y convocó de nuevo a las urnas con renovadas autoridades electorales, la oposición se negó y pidió su renuncia a la que se fueron sumando grupos de apoyo histórico a Evo Morales, como la Central Obrera. Hasta que llegó el momento clave: los militares le retiraban su apoyo y le “sugirieron” renunciar. Lo hizo en Cochabamba, denunciando un golpe de Estado. Horas después se desencadenaron una ola de sucesos que a la hora de escribir estar líneas dan una Bolivia sin Gobierno y con una alta inestabilidad en sus calles.
América Latina es la región más desigual del planeta con 4 de cada 10 ciudadanos en pobreza o pobreza extrema, según cifras de la CEPAL. La brecha ha aumentado en los últimos años. Si en 2014 había 46 millones de personas en pobreza extrema, en 2018 la cifra subió hasta 63 millones, más de un 10% de la población. En ese descenso de la calidad de vida está en el origen del malestar y la inacción de los políticos fue la mecha que prendió el polvorín.
“La gente tiene más expectativas y demandas que antes y están más informados. Se suma a la mala situación económica, la corrupción y la desigualdad. Es una receta para mucha frustración y rabia que antes se canalizaba en las instituciones”, considera Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis hemisférico con sede en Washington, para explicar que estamos ante el final de una clase política que no ha producido resultados.
El caso de Chile era donde menos se esperaba. El detonante fue la subida del billete de metro. Pero, como reza la frase que se ha hecho popular, “no son 30 pesos, son 30 años”. Rodrigo Riaza Pérez, analista político en The Economist Intelligence Unit, señala que era el país más estable, abierto, con instituciones más fuertes y con una disminución de la pobreza bastante alta en los últimos 30 años. Pero, a la par, con un incremento de la desigualdad.
También hay un componente generacional en Chile, donde los movimientos estudiantiles que están saliendo a las calles no están alineados con el Gobierno de Piñera ni con los líderes de la oposición. También hay una clase media fuerte que ve sus aspiraciones bloqueadas. Que pide educación de calidad, acceso a la sanidad y a más servicios públicos. Y ahí está parte del divorcio entre la clase política y la sociedad.
Ha habido manifestaciones pacíficas que han sacado a la calle a más de un millón de personas. Pero también hay 20 muertos, casi 600 civiles heridos, más de 1.000 detenidos y denuncias por violación de Derechos Humanos. Más de 118 estaciones de metro han sido dañadas y se han producido numerosos saqueos, lo que habría generado pérdidas económicas solo en Santiago de Chile estimadas en más de 335 millones de euros.
El presidente Sebastián Piñera sacó a los militares a controlar las calles, algo que no pasaba desde los tiempos del dictador Augusto Pinochet, para finalmente ceder, y pedir perdón anunciando un paquete de medidas sociales donde se contempla el aumento de las pensiones y cambios en el gabinete. Lo último, se ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva Carta Magna para sustituir a la actual que data de los tiempos de la dictadura.
Si en Chile fue la subida del metro, en Ecuador fue la retirada al subsidio a los combustibles. Y aquí, quienes más se movilizaron fueron los indígenas y no pararon hasta que el gobierno de Lenin Moreno dio marcha atrás. “Esto habla de los problemas estructurales de estas economías, dependientes de los recursos naturales pero que a la vez importan gasolina. Y el gasto es grande. Han frenado las protestas, pero el problema sigue ahí”, dice Riaza.
Perú es uno de los países de la región que en este tiempo de vacas flacas ha crecido. En 2018 fue un 4,18% y, en este año nada bueno para el resto, su crecimiento podría estar en torno al 3%. Pero aún así, el presidente Martín Vizcarra tiene un ojo puesto en lo que está pasando en los países vecinos. “El crecimiento económico de por sí no va a disminuir la desigualdad”, dijo esta semana. Y puntualizó que si no se logra “cerrar las brechas sociales”, ese crecimiento económico podría irse por el sumidero.
En Argentina, las urnas dieron una vuelta de nuevo al peronismo, esta vez bajo la figura de Alberto Fernández. “Se explica por el fracaso de (Mauricio) Macri y el de Macri se explica por lo económico”, explica Michael Shifter. El cambio ha sido pacífico, pero a Fernández le tocará lidiar con unos niveles de pobreza e inflación más altos. Y unos ingresos a las arcas del Estado que no permiten los subsidios y el gasto público –y los agujeros– que su propia madrina política y futura vicepresidenta, Cristina Fernández, hizo al presupuesto.
Poco proclives a dar escenarios a futuro, los expertos sí avisan que quien esté hoy en el poder en América Latina, está en problemas. Sin importar su color político o sus planes. Los ciudadanos piden que se cumplan promesas electorales, se cubran aspiraciones y se termine con un problema estructural casi tan viejo como la propia región. Algo que el poeta chileno Nicanor Parra plasmó sencillo en tres sencillas líneas: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”.
