Chile iniciará el proceso para tener una nueva Constitución. Así lo anunció este domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de una reunión del presidente Sebastián Piñera, su gabinete y líderes políticos que acordaron iniciar la convocatoria a un Congreso Constituyente del que emanará una nueva Carta Magna.
Además, el nuevo texto será sometido a un referendo de ratificación.
"Hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva Constitución", dijo Blumel a periodistas en Santiago de Chile.
"Lo tenemos que hacer pensando siempre en el país y sobre todo, sobre la base de poder ir reconfigurando el pacto social, que en el último tiempo hemos visto que ha sido una demanda fundamental de la ciudadanía", señaló.
Chile se encuentra en una crisis desde el pasado 18 de octubre, cuando el anuncio de un incremento en la tarifa del Metro de Santiago generó protestas que se fue extendiendo en los siguientes días hacia otras causas.
Entre las demandas estaba la conformación del Constituyente y una nueva Constitución, además de reformas económicas y de programas sociales para combatir la desigualdad.
La renuncia del presidente Piñera también ha sido parte de las exigencias de las decenas de las multitudinarias protestas, las cuales han dejado un saldo de al menos 20 muertos desde octubre.
El gobierno ha ofrecido la renovación del gabinete, así como un paquete de reformas económicas y sociales que no han convencido a los manifestantes.
La actual Carta Magna, que data del gobierno militar de Augusto Pinochet, no contempla la figura de la convocatoria a una asamblea constituyente, por lo que el Congreso actual deberá trabajar en la materia.
Blumel no se aventuró a poner un plazo, pero señaló que el gobierno buscará que se logre "con prontitud".
"El mejor camino es trabajar sobre la base de un Congreso constituyente, que cuente con amplia participación de la ciudadanía y, en segundo lugar, que pueda tener un plebiscito ratificatorio después", dijo Blumel.
El presidente Piñera dijo al diario El Mercurio el sábado que plantearía una reforma al Congreso para generar cambios "profundos" a la Constitución, en particular sobre los derechos sociales y las obligaciones del Estado, ublicó BBC.
Sus propuestas podrían ser recogidas a través de la nueva Carta Magna.
Por su parte, el timonel de Evópoli, Hernán Larráin Matte, indicó: “Se debe hacer con altos niveles de participación ciudadana, que se radique en el congreso, que tenga la participación de todos los sectores y que finalmente haya un plesbicito ratificatorio”.
Desde Renovación Nacional, su presidente, Mario Desbordes, afirmó: “Lo que viene ahora es diálogo, con fuerzas políticas y sociales”, en línea con lo planteado por Blumel. “Si dijéramos que hay un mecanismo establecido hoy día sería contradecir lo que estamos planteando, que vamos a conversar con las fuerzas políticas de la oposición”
Asimismo, Desbordes afirmó, en base a la actual coyuntura, que la coalición “está absolutamente abierta a lo que la ciudadanía está pidiendo que es una nueva Constitución y esa debe tener participación ciudadana”.
Por la UDI habló su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, quien se manifestó en la misma dirección que la planteada por el gobierno. “Es necesario generar una carta magna que resguarde los derechos de todos y si es necesario hacer una nueva constitución nosotros estamos de dispuesto absolutamente a conversarlo y a entrar en esa discusión”. Sin embargo, recalcó que una nueva constitución “tiene que darse dentro del orden institucional”.
La Tercera
CLAUDIA SANHUEZA
La Constitución de 1980 es una Constitución larga. A pesar de que el texto no es tan físicamente largo, este tiene agregadas una serie de leyes que se definen por los principios constitucionales. Por lo tanto, el modelo de desarrollo está constitucionalizado.
Primero, como dice el abogado Arturo Fermandois (defensor de la Constitución de 1980), “a la Carta no le simpatiza el aumento del Estado, menos si es como empresa”. En base a esta preferencia por el sector privado, se han privatizado nuestros recursos naturales y bienes comunes como el cobre, el litio y el agua. Según estimaciones de Ramón López (2014) hemos regalado US$120 mil millones en 10 años, lo que equivale al 45% del PIB del año 2014.
Como a la Carta no le gusta que el Estado de Chile cree empresas públicas para realizar inversiones y el sector privado no invierte en I&D, tampoco hemos hecho encadenamientos productivos. En el caso del agua, es más trágico aún, ya que el estado de Chile no tiene agua.
El agua está privatizada, y las empresas distribuidoras deben comprar a esos privados el agua que está en nuestros ríos y cuencas, pero eventualmente podría vendérsela a otros, ya sea nacionales o extranjeros. Esto atenta contra la vida misma, pero la Carta prefiere el sector privado. Para qué decir un organismo público para administrar los fondos de pensiones. Por eso no le gustó el ente Estatal y el proyecto de ley de pensiones del gobierno privilegió abrir la administración a muchos actores privados.
Otro principio fundamental es el principio de no discriminación arbitraria y “aplica aquí un precepto especialmente dirigido al Estado, empresas o entes estatales” (Arturo Fermandois). Esto implica que ninguna cotización previsional puede ir obligatoriamente a una institución pública.
Esto sería discriminatorio contra el sector privado. Por esto mismo, tampoco le gusta a la Carta que se gasten los recursos públicos en los servicios públicos, por sobre los privados. Así tan absurdo como se escucha. La Carta no permitiría por ejemplo fortalecer el financiamiento de las escuelas públicas.
Por último, nuestra Carta privilegia el derecho de propiedad por sobre cualquier otro principio mayor como el de la dignidad humana, la solidaridad, la igualdad o la libertad, y debe ser propiedad privada claro, porque ya vimos que a nuestra Carta no le gusta que el Estado sea propietario de nada.
Para terminar, lo más grave no es todo esto, sino que nuestra Carta tiene candados para que esto no pueda ser cambiado: leyes supramayoritarias, tribunal constitucional como instrumento político y el sistema binominal.
Es decir, el modelo de desarrollo actual está encadenado a la Carta y a quienes lo prefieren. Por eso la única forma de salir de la crisis es que aquellos que prefieren este modelo abran la puerta y nos inviten a todos(as) a pensarlo juntos(as).
Mega
El anuncio realizado anoche por el Gobierno de avanzar hacia una nueva Constitución a través de un Congreso Constituyente abrió una serie de incógnitas respecto del proceso y al mismo organismo que propuso el Ejecutivo.
Javier Couso, abogado constitucionalista, si bien sostuvo que se trata del “anuncio más importante que desde el punto de vista constitucional ha ocurrido en 40 años”, expone sobre las dificultades que enfrenta este escenario.
Couso expuso que “jurídicamente no está definido esto porque el capítulo 15 de la Constitución lo único que plantea son los quórums para que se abriera cualquiera de estas posibilidades”.
“Congreso Constituyente es que el actual Congreso va a designar, de entre sus propios integrantes, un grupo que va a elaborar una Constitución en un periodo de 12 meses y, eventualmente, a fines del año que viene, aprovechando las elecciones, se ratificaría esta nueva Constitución.
No obstante, sostuvo que “es bastante poco probable que estén las condicione para que hoy día se confíe que este Congreso pueda elaborar una Constitución sin elementos de participación ciudadana, tiene toda la legitimidad, pero fue elegida para otra cosa, para legislar”..
Respecto a las otras figuras, planteó que una “Convención Constituyente es una combinación entre parlamentarios de este Congreso más personas elegidas democráticamente en una elección para que integren este grupo”
En tanto, la Asamblea Constituyente es un grupo de personas elegidas especialmente para que elabore una nueva Constitución.
La Tercera
El exsubsecretario de Interior y exministro del Tribunal Constitucional señala que el método que se defina para el futuro debate constitucional es tan importante como el contenido de la nueva Constitución.
En menos de 24 horas, el gobierno pasó de hablar de hacer reformas profundas a la Constitución a impulsar un debate constitucional que incluya una propuesta de cambio de la carta magna que pueda derivar, incluso, en una nueva carta fundamental. ¿Cómo interpreta los dichos del ministro Blumel?
Cuando toda la oposición pide un cambio de la Constitución y no solo cambios a la Constitución, y el presidente de RN, el de Evópoli y finalmente el ministro del Interior, dicen estar abiertos a ello, nos guste o no, me parece que se abrieron las compuertas. El que intente detener las aguas va a ser arrastrado. No creo que el Presidente tenga otra opción que navegar en esa corriente y tratar de encausarla.
¿Es importante el método que se defina para una nueva Constitución?
Muy importante. El método ayudará a que podamos deliberar y concordar, reconocernos como país o demostrar que no tenemos capacidad de ser uno. Tanto o más importante es con qué Constitución terminemos. La tarea es delicadísima, pues parte no menor de la suerte de cada país se juega en la cultura y en el texto de la Constitución. El método, de nuevo, condiciona el resultado. Si la embarramos, si el proceso consiste en otro club de la pelea que se tira maniqueamente consignas por la cabeza y sube la tensión, sin arribar a acuerdos; si terminamos sin una Constitución o con una peor, podemos anotar la fecha como aquella en que “se jodió Chile”.
Vamos a los métodos. ¿Cuál es la diferencia entre congreso, convención y asamblea constituyente?
No tienen definición jurídica vinculante. Son lo que definamos. En general, por congreso constituyente entendemos que es el Presidente y el Congreso, este último adoptando acuerdos por 2/3 o 3/5, según el capítulo de la Constitución. Por asamblea constituyente, un órgano nuevo llamado únicamente a elaborar el texto de la Constitución. Convención generalmente designa un nuevo órgano, llamado también a elaborar una nueva Constitución, en parte designado por el Congreso y en parte elegido.
Da la impresión que el gobierno aún no tiene claro hasta dónde está dispuesto a llegar con el debate constitucional…
Me parece percibir que el gobierno, más que poco claro, está tensionado entre posiciones diversas. El Presidente resuelve y no tiene mucho tiempo.
¿El actual Congreso tiene la legitimidad ante los ojos de la ciudadanía para ser el órgano donde se debate y redacte una nueva Constitución?
Es un juicio de realidad. Yo diría que una nueva Constitución escrita por el actual Congreso difícilmente tendría la aceptación social necesaria. Si vamos a ir a una nueva Constitución es para que la política escurra por sus cauces en los próximos 30 o 50 años y no para seguir discutiendo acerca de ella. Sin embargo, yo no despreciaría que algunos parlamentarios integren el nuevo órgano constituyente. Ellos reúnen dos características esenciales: la primera es experiencia política. Hacer constituciones no es una tarea académica ni de dirigentes sociales. Es una tarea eminentemente política. La segunda es que los parlamentarios buscan su reelección y pertenecen a partidos que permanecen. Es riesgosa una asamblea o convención de personas que nunca más se presentarán a una elección popular, que no responden ante nadie.
¿En el caso de una convención constituyente cómo se debiera elegir a los ciudadanos que integrarán esa instancia y qué porcentaje sería adecuado para dar legitimidad al proceso?
En el caso de una convención o asamblea, tan solo el Poder Constituyente actual, el Presidente y el Congreso, por 2/3 en cada Cámara, tienen legitimidad democrática para decidirlo. Si quieren plebiscitar la fórmula una vez elaborada, bien. Lo creo innecesario si se van a elegir. ¿Qué fórmula podrían decidir? La que les parezca. Espero sea la de una elección directa, secreta e informada para elegir a todos y a cada uno de los constituyentes. La idea de integrar líderes sociales o gremiales o intelectuales designados por universidades se llama fascismo, no democracia. Si nos reconocemos iguales, no hay otro método que el voto. Esa decisión, de cómo elegimos los asambleístas o la cuota de convencionales electos debe estar clara antes de cualquier plebiscito. Preguntar vaguedades, como se proponen los alcaldes, me parece un error. Solo con preguntas precisas la gente sabrá lo que vota y se evita la manipulación posterior de lo resuelto.
¿Qué aspectos deben modificarse en la Constitución para tener un texto fundamental que acoja las demandas ciudadanas por cambios estructurales?
Es el debate que vendrá después. Yo tengo mis consignas: entrémosle a la Constitución con goma y no con lápiz. Más democracia, menos Constitución. La derecha partió con el truco de tutelar la democracia. Primero fue la tutela militar, luego, la del Estado subsidiario, que no está en el texto de la Constitución, pero sí en la sobreinterpretación de mis colegas constitucionalistas de derecha que se creen con autoridad para tutelar a las mayorías. Ahora algunos en el centro y en la izquierda quieren tutelarla, pero con diverso signo, unos con Estado benefactor y otros socialista. Yo prefiero la democracia. Los modelos económico sociales los definimos por mayoría votando periódicamente, sin tutela constitucional ni de constitucionalistas. Para la política ordinaria, más urnas y menos fallos.
