Felipe Frydman*
El Golpe de Estado en Bolivia constituye una mala noticia para la democracia en América Latina. La intervención de las fuerzas armadas reabre una etapa que se creía terminada con la apertura del ciclo democrático. Los intentos de Evo Morales de perpetuarse en el poder a pesar de los resultados negativos del plebiscito que rechazó su reelección en febrero de 2016 dejó abiertas heridas difíciles de cicatrizar que se manifestaron con toda la fuerza después de conocidos los resultados de las últimas elecciones. La intervención de la OEA y las denuncias de fraude terminaron por exacerbar las protestas y abrieron las puertas a las fuerzas armadas.
El Presidente Evo Morales representó la expresión de una parte del pueblo que siempre se sintió postergado por los líderes políticos. En esta etapa desde 2006 Bolivia tuvo un importante crecimiento económico y mejoró las condiciones sociales; el país contó con mayores ingresos provenientes de las exportaciones de minerales e hidrocarburos a Brasil y la Argentina que le permitieron aumentar el gasto social con una política fiscal ortodoxa que recibió los elogios de los organismos financieros internacionales.
La política del Movimiento al Socialismo agravó las contradicciones históricas de la sociedad boliviana que continuó expresando la división geográfica del país. El MAS no pudo articular una política de unidad y los intentos de retener el Gobierno terminaron de eclosionar con las manifestaciones violentas contra un resultado electoral considerado fraudulento. La democracia impone el respeto a las reglas y los intentos por quebrar esas normas aun recurriendo a altos fines sociales o históricos terminan por desbarrancar los procesos y provocar la intervención indeseada de los militares para resolver un problema que es político.
El Golpe militar es un llamado de atención para todos los demócratas en América Latina. La violencia en Ecuador escudándose en los aumentos de los combustibles o en Chile donde se pide un cambio en la política social y la renuncia de Sebastián Piñera muestra la debilidad de las instituciones democráticas para canalizar los reclamos de los ciudadanos. La democracia es un sistema de convivencia que debe ser aceptado aun cuando los resultados electorales no sean los esperados y tener la paciencia de esperar el próximo ciclo para solicitar la revalidación de la representación. La batalla en las calles ha sido presentada como la única opción para rebelarse como si el rompimiento de las normas no fuera a traer consecuencias.
No es fácil comprender los motivos que llevaron a Evo Morales a aspirar a un nuevo mandato. El ejercicio del poder puede trastocar las motivaciones de los líderes y muchas veces suelen ignorar que los cargos son efímeros y que no existen personajes imprescindibles. La culpa también recae en el círculo de aduladores que viven de ese poder y que no permiten el surgimiento de alternativas. Evo Morales representó a una parte del pueblo boliviano que le dio su confianza desde el 2006 pero existió otro segmento que también es pueblo que discrepó con las prioridades fijadas por su partido. Carlos Mesa quien fuera presidente de Bolivia desde octubre de 2003 a junio 2005 y vicepresidente de Sanchez de Lozada desde agosto de 2002 y candidato de Comunidad Ciudadana representa ese segmento que también quiere decidir sobre el futuro del país.
La OEA debería pedir un rápido llamado a elecciones para elegir a las nuevas autoridades en Bolivia que contara con veedores internacionales para garantizar la transparencia del acto electoral y el rápido regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles para cumplir con su misión específica. La permanencia de las fuerzas armadas no hará más que crispar la situación y alentar las posibilidades de nuevos enfrentamientos. También sería oportuno garantizar que no habrá intervención de ningún otro país de izquierda o derecha en los asuntos internos de Bolivia para lograr la pacificación y el retorno a la democracia. Los políticos han mostrado una vez más una mirada corta para encontrar una solución a sus diferendos. Sólo cabe esperar que sirva para recapacitar y evitar su repetición. La construcción de la democracia es un proceso lento que no lleva más de 40 años en América Latina, un lapso muy corto para haber aprendido a valorarla en toda su dimensión.
*Licenciado en Economía Política (UBA), Master in Economics (University of Boston) y fue embajador argentino en Tailandia. Es Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
La Vanguardia
ADRIÁN COLOMER WINTER, LIMA (PERÚ), IBAI ALDEBARAN DE VILLASANTE LLAQUET, LIMA (PERÚ)
La corrupción y las desigualdades sociales, con el 40% de la riqueza en manos de una minoría que ostenta el poder político y económico, han dado pie a violentas protestas.
¿Cuál es el origen del estallido social en América Latina? ¿Por qué las protestas violentas se perpetúan en países como Ecuador, Bolivia, Venezuela o Chile? ¿Irán en aumento? ¿Por qué?
El presente del continente está supeditado a los poderes fácticos, porque delega su desarrollo a manos del sistema neoliberal de mercado, un modelo que fracasa en países donde se institucionaliza la corrupción y la viveza como un “modus vivendi” justificado para generar riqueza en base al detrimento y el saqueo de los más desfavorecidos.
Este fenómeno tiene su base en sociedades con altas distancias de poder marcadas entre las oligarquías y el pueblo llano, a los cuales no se les despliegan las funciones básicas del Estado, como educación, tecnología, salud e infraestructura indispensables para su progreso social.
Todo ello, a su vez, está orientado a la preservación de la hegemonía elitista para mantener el patrimonio y los recursos del país en pocas manos, restringiendo la equitativa distribución de la riqueza, los derechos humanos y agravando las injusticias sociales a la masa popular.
Riqueza para unos pocos
Precisamente, en países como Chile o Perú alrededor del 1% de la población concentra el 40% de la riqueza, y el 99% restante, el 60%( El Tiempo, 2018), cifra que demuestra un escaso nivel de desarrollo humano, una inexistente sociedad del bienestar y una falta de voluntad por parte de las elites políticas para la implementación de un modelo económico con cohesión social.
Correlativamente, ¿cuál es la razón que fomenta este individualismo feroz en la clase política? La implementación de un sistema legal creado a la medida de los legislativos para modificar decretos, leyes u ordenanzas que favorezcan el cobro de coimas bajo contratos amañados con empresas multinacionales que se adjudican las obras del desarrollo sin la participación inclusiva de la población, es decir, la corrupción política que es una de las bases de las protestas sociales.
En este contexto, el ordenamiento jurídico latinoamericano evoluciona ideológicamente de manera excluyente; mientras a las grandes compañías las exoneran del impuesto a la renta, litigan y negocian con el poder judicial la prescripción de las deudas tributarias, a los pequeños empresarios les imponen trabas administrativas y burocráticas para dificultar su desarrollo.
En tal sentido, no es de extrañar entonces que el fuero común del pueblo decida operar de manera informal al margen de la legalidad, como un mecanismo de rebelión y/o desobediencia ante un modelo económico que no genera fuentes de trabajo ni necesita disminuir las brechas de la desigualdad.
Las protestas en América Latina parecen señalar que los enfoques neoliberales son parámetros de obsolescencia planificada que alientan la rentabilidad inmediata como un negocio cotidiano de vida, obnubilando la visión periférica necesaria de un político para el ordenamiento táctico, técnico y tecnológico de un país a largo plazo.
