La minera brasileña Vale omitió comunicar informes que hubieran podido evitar el colapso en enero de este año del dique de Brumadinho, que dejó 270 muertos y desaparecidos en el estado de Minas Gerais, afirmó una agencia gubernamental.

El colapso del dique, el 25 de enero, liberó millones de toneladas de residuos mineros. Tras la tragedia, Vale, primer productor mundial de mineral de hierro, se vio forzada a suspender algunas de sus operaciones en sitios que albergaban construcciones del mismo tipo.

Documentos internos que fueron analizados por los investigadores de la Agencia Nacional de Minería (ANM) muestran que la empresa estaba al tanto de problemas en el sistema de drenaje instalado siete meses antes del desastre.

El 10 de enero, dos semanas antes del colapso, dos artefactos que medían la presión líquida marcaron el nivel de emergencia. "El aumento en la presión de los piezómetros comprometía la estabilidad del dique", apunta la ANM. Pero la compañía no reportó estas informaciones.

"Si la Agencia Nacional de Minería (ANM) hubiese sido informada correctamente, podría haber tomado medidas cautelares y exigido acciones urgentes a la empresa [Vale], lo cual podría haber evitado el desastre", señaló el informe.

Vale indicó en un comunicado que no haría comentarios sobre "las decisiones técnicas tomadas por su equipo geotécnico en el momento de la ruptura".

El informe de la ANM añade presión a la gigante minera.

La policía dijo en septiembre que tenía suficientes evidencias para acusar a empleados de Vale y de la auditora alemana TUV SUD por uso de informaciones falsas para certificar que el dique de Brumadinho cumplía con los requerimientos de seguridad.

Corresponde a los fiscales decidir si presentarán cargos contra siete empleados de Vale, ninguno de alta jerarquía, y seis empleados de la TUV SUD, entre los cuales figura un director de desarrollo basado en Alemania, así como ingenieros y consultores que certificaron la estabilidad de la represa en 2018.

Una comisión legislativa aprobó por unanimidad una moción que propone denunciar judicialmente a Vale, y TUV SUD.

Un juez ordenó en septiembre a Vale pagar 11,87 millones de reales (casi tres millones de dólares) a las familias de tres víctimas de la tragedia.

Otra corte le había ordenado en julio pagar todos los daños causados por el desastre, sin estipular una cantidad específica de dinero.

Desde entonces, Brasil ha prohibido la construcción de nuevos diques corriente arriba, que son más baratos pero menos estables que otros tipos, y ordenó desmantelar los existentes con esas características.

La ANM publicó su informe, de 194 páginas, exactamente cuatro años después del colapso de otra represa que era propiedad de Samarco, una empresa conjunta de Vale y la anglo-australiana BHP, en el municipio de Mariana, también en Minas Gerais.

El alud de residuos mató en esa ocasión a 19 personas y recorrió más de 600 km por el río Doce y sus afluentes hasta desembocar en el océano Atlántico, en la peor catástrofe ambiental de Brasil.