ÁLVARO RONCAL
La desconexión entre los actores involucrados en el proyecto, la cautela del Ejecutivo y los pocos interlocutores en Arequipa que tienen el gobierno y Southern impedirán que el proyecto se construya antes del 2021
Las posibilidades de que se dé un diálogo que viabilice Tía María en lo que resta del gobierno actual son cada vez más escasas. A pesar de que el proyecto ya ha superado todos los obstáculos que le quedaban en el aspecto técnico tras la reciente confirmación de su licencia de construcción por el Consejo de Minería, sería el componente político lo que frenaría su desarrollo. El desgaste en la relación entre el gobierno central, la empresa y los gobiernos locales; la falta de interlocutores favorables al proyecto en su zona de influencia, y la poca predisposición que ha mostrado el Ejecutivo hacia sacrificar capital político en favor del proyecto, harían poco probable que Tía María salga de la congeladora en el mediano plazo.
DESCONECTADOS
Desde la suspensión de la licencia de construcción del proyecto en agosto, el Ejecutivo no ha logrado aún generar espacios de diálogo con las comunidades o autoridades de la zona. La relación se habría roto definitivamente tras la difusión de los audios en los que el Presidente Vizcarra discutía la paralización del proyecto con autoridades locales, indica Arturo Maldonado, politólogo y profesor de la PUCP. “Está claro el estancamiento entre ambos gobiernos —central y regional—, pero no por ello no debe seguirse intentando sentarse a dialogar”, señala Guillermo Shinno, exviceministro de Minas. La abierta oposición del gobernador regional Élmer Cáceres al proyecto hace más difícil cualquier intento de diálogo. “Hay una oposición empoderada desde que se ninguneaba al Presidente. El Ejecutivo lo dejó crecer políticamente”, señala Jeffrey Radzinsky, director de Grupo Fides Perú.
La relación con Southern Copper estaría en una situación similar: la minera percibió que hubo falta de apoyo de parte del gobierno tras la suspensión del proyecto y desde entonces el diálogo entre ambos se detuvo. “Si es que en su momento tuvieron alguna suspicacia, tras la decisión del Consejo de Minería queda claro que es un ente autónomo”, afirma Augusto Cauti, viceministro de Minas.
Sin interlocutores en la zona de influencia del proyecto y con la empresa ya habiendo anunciado que el proyecto recién se construiría en cinco años, el gobierno ha optado por una posición más cautelosa. “Creo que no queda duda de que el Ejecutivo no tiene ningún entusiasmo de impulsar el proyecto”, señala el politólogo Mauricio Zavaleta. Hoy, el liderazgo sobre la gestión social del proyecto ha recaído en el viceministerio de Gobernanza Territorial, que, a diferencia del Ministerio de Energía y Minas, no tiene el mandato de incentivar la inversión minera privada.
¿Y AHORA QUÉ?
El margen de maniobra de Southern es muy reducido. Sin el gobierno como aliado para hacer de mediador, a la empresa solo le queda buscarse sus propios interlocutores, aunque ello signifique no poder llegar a los opositores más beligerantes al proyecto. “No es suficiente manejar el diálogo a través de acuerdos en las altas esferas. La población tiene que ser parte de este proceso”, detalla Giselle Huamaní, profesora de la PUCP y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
En esa línea, las elecciones congresales de enero del 2020 podrían dificultar aún más cualquier posibilidad de avance de Tía María, en tanto serán un trampolín natural para que las candidaturas más radicales ganen adeptos rápidamente. “[Southern] está en una encrucijada. Puede avanzar con el diálogo por su parte, pero hay una mala percepción de ellos y el proceso electoral podría empeorarlo todo”, explica Maldonado. De todas formas, la minera no puede quedarse de brazos cruzados. “Su obligación es mostrar a la opinión pública que van a poder convivir con el agro y repetirlo en todos los fueros a los que puedan llegar”, indica Guillermo Loli, gerente de estudios de opinión de Ipsos Perú.
El proyecto, de cualquier forma, iría a la congeladora. Southern anunció en su presentación de resultados al 3T19 que esperaban que inicie producción en el 2024, con lo que su desarrollo recién se daría entre el 2021 y 2022. Cada uno por su lado, el Ejecutivo, la empresa y los opositores al proyecto lograron su primer acuerdo: si Tía María va, no será en este gobierno.
EY: El rol de la licencia social
El Peruano
Comunicar a las comunidades el estudio de impacto ambiental (EIA) es uno de los puntos más complicados para que las empresas obtengan la licencia social.
Los proyectos mineros tienen impacto significativo en las localidades aledañas. Sin embargo, una mala comunicación con las comunidades desencadena inevitablemente en un conflicto. Para que una empresa evite huelgas, invasiones de propiedad privada, entre otro tipo de acciones de protesta, es necesario que tramite la licencia social.
Pero ¿qué significa exactamente este concepto? “En principio, el término licencia social no existe como tal. Sin embargo, podríamos definirlo como el conjunto de percepciones que tiene la comunidad u otros grupos de interés respecto de la seguridad, sostenibilidad e impacto a largo plazo que tienen las operaciones de las empresas que desarrollan actividades extractivas”, afirmó la socia de Auditoría de EY Perú, Katherine Villanueva.
La ejecutiva sostuvo que los proyectos que no la obtienen o que fracasan en mantenerla en el largo plazo, generalmente se encuentran con una comunidad hostil que puede llegar a paralizarlos por períodos prolongados e inclusive cancelarlos.
Regulación
Pero ¿cuál es la regulación que gira en torno a ella? ¿Es realmente una obligación para las empresas extractivas? Para EY Perú, la regulación de la licencia social se incluye principalmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley N° 29785.
En el artículo 2 de la referida norma se menciona que “es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos”.
Requisitos
Si bien hay un fundamento legal y una lista de procedimientos para la obtención de la licencia social, la implementación de un proyecto extractivo no se puede limitar solo a ello. Las compañías más exitosas en la gestión de la licencia social son aquellas que han conseguido mantener un diálogo constante con las comunidades para comprender sus percepciones e intereses.
No obstante, uno de los ejes principales se relaciona con el EIA, que requiere una correcta comunicación a las comunidades. Este punto suele ser crítico por la complejidad técnica que involucra la realización del estudio; en muchos casos, es muy complicado transmitir sus resultados a las poblaciones locales.
¿En qué beneficia a la empresa? De acuerdo con EY Perú, la licencia social permite la cooperación de la comunidad a lo largo de todas las etapas del proyecto.
“Esto incluye que le brinde a la empresa una menor resistencia a futuras ampliaciones del proyecto que expandan la zona de influencia”, refirió Villanueva.
Asimismo, evita los sobrecostos derivados de conflictos sociales. En términos generales, la licencia social le permite a la empresa un mejor cumplimiento de sus metas y proyecciones en el largo plazo.
